Los analistas privados sostienen –y el Gobierno admite– que el costo de poner trabas sobre menos del dos por ciento de las importaciones totales es mayor que el beneficio que se podría obtener en materia de protección del empleo y la producción nacional. Sin embargo, la decisión de restringir la compra de alimentos importados sería parte de una estrategia de la Casa Rosada para testear instrumentos comerciales frente a un escenario externo que, presumen, podría complicarse. Desde la Secretaría de Comercio imaginan que, si la crisis europea se agudiza, sería necesario desplegar una política que profundice las medidas proteccionistas para impedir un impacto recesivo sobre el mercado interno.

El problema central, evalúan en los despachos oficiales, está en Europa. La situación en el Viejo Continente está caracterizada por la depreciación del euro y la recesión (o casi) de varios países de cierta relevancia en el comercio internacional, como España, Italia o Portugal. A ello se suman los planes de ajuste en casi todos los países miembro del bloque, que reduce fuertemente la demanda agregada. La depreciación de la moneda comunitaria vuelve más competitiva a la subsidiada industria europea, al tiempo que la baja en el PIB, o un crecimiento despreciable, provoca que los propios países europeos que comercian entre sí aumenten los stocks exportables.

A la vez, el contexto europeo influye negativamente en las exportaciones de Brasil hacia el bloque. Y por el peso del vecino en el comercio exterior argentino, la situación de ese país vecino impacta a nivel local. La baja en la demanda de importaciones brasileñas de parte del Viejo Continente hace que la economía vecina redirija sus excedentes exportables hacia la Argentina. Además, la fuga de capitales que afecta a Brasil viene depreciando el real, lo que vuelve más competitiva su industria.

Este conjunto de variables, de moverse en el sentido que teme el Gobierno, provocarían una baja en las exportaciones al bloque europeo, que representan el 15 por ciento del total de las ventas. También podrían caer las colocaciones en el mercado brasileño, que ahora son el 22 por ciento del total. Además, la presión por el lado de las importaciones se incrementaría por la colocación de stocks excedentarios europeos, desde donde actualmente proviene casi el 20 por ciento de las importaciones totales. Parte de estos efectos ya pueden verse en el comercio exterior en el primer cuatrimestre, donde las exportaciones al bloque europeo cayeron 4 por ciento interanual mientras que las importaciones subieron 47 por ciento, reduciendo el saldo comercial favorable.

Según estimaciones de la consultora Abeceb.com, la traba a la importación de alimentos afectaría al 1,6 por ciento de las compras totales. Para el caso de Brasil, es el 2 por ciento del total que se importa del país vecino. Por el monto afectado, la mejora en el saldo comercial es insignificante, como así también es pobre el efecto sobre el empleo. En el Gobierno lo admiten. Por ello, con el pedido a los empresarios supermercadistas para que dejen de comprar alimentos importados y la demora en la entrega de certificados sanitarios a importadores, el Gobierno parece sumar más problemas que soluciones.

Sin embargo, cerca de Comercio Interior argumentan que la traba también forma parte de una suerte de “test” sobre el impacto mediático y diplomático de este tipo de medidas, que entienden que se podrían multiplicar en caso de que se exacerbe la crisis europea. La elección del sector de alimentos se justificaría por dos lados. La estrecha relación del secretario Guillermo Moreno con los supermercadistas, que son los importadores de mayor peso, permite una relativamente fácil ejecución de la medida. Además, los productos alimenticios incluidos que se busca limitar no son insumos o maquinaria, que puedan afectar la producción y el empleo, sino artículos –en su mayoría– relativamente suntuarios.

El Gobierno pretende estar preparado para enfrentar el escenario de potencial peligro que surge de la agudización de la crisis europea. Entienden que podría afectar tanto a la industria nacional como el primordial (e innegociable) superávit comercial, que este año viene cayendo sensiblemente. Por ello, cerca de Comercio Interior especulan que, en caso de acentuarse la crisis, las medidas proteccionistas deberán incrementarse. El problema es que el armado normativo-institucional del país en materia comercial limita considerablemente las vías de acción para efectivizarlo. Por un lado, el Mercosur impide aplicar barreras arancelarias frente a Brasil y la OMC –de corte liberal– hace lo propio para el resto del mundo.

Prácticamente todos los países que aplican políticas proteccionistas deben acudir a medidas de corte paraarancelario, como las autorizaciones sanitarias. O como el caso de China, que incrementó el nivel aceptable de solvente en las compras que hace de aceite de soja, decisión que afectó directamente a la Argentina. Sin embargo, por el rechazo y el lobby empresarial ante la traba a la importación de alimentos, parecería que la vía más razonable para dirimir los conflictos, por ejemplo con Brasil, es la negociación más que la utilización de medidas unilaterales.

Informe: Javier Lewkowicz.