Después de varias conversaciones telefónicas, el Grupo A resignó las expectativas que había depositado para unir hoy a toda la oposición en un dictamen común para modificar el Consejo de la Magistratura. Tras analizar las modificaciones que el núcleo duro opositor introdujo en su propuesta, los diputados de Proyecto Sur rechazaron la iniciativa y solicitaron debatir públicamente “punto por punto” el proyecto. Las atribuciones que tendría el presidente de la Corte Suprema en el Consejo se convirtieron en el principal obstáculo. Sin el acuerdo sellado, el resto del entramado opositor postergaría la firma del dictamen, ya que sin el aporte del interbloque de centroizquierda no alcanzaría los 129 votos necesarios para conseguir en el recinto de la Cámara baja la media sanción a la reforma.

Desde el PJ disidente y el macrismo llovieron las críticas a Proyecto Sur: “Son funcionales al kirchnerismo”, reiteraron.

El presidente de la Comisión de Justicia, el radical Ricardo Gil Lavedra, fue quien recibió la mala nueva y la retransmitió al resto de las bancadas opositoras. Las diputadas de Proyecto Sur Alcira Argumedo y Liliana Parada le informaron el rechazo a las modificaciones que el Grupo A había aceptado introducir –“atendiendo sus reclamos”– al texto consensuado entre los bloques opositores mayoritarios –UCR, PJ disidente, CC y PRO– para cambiar la composición del Consejo de la Magistratura.

“Si se crea un Consejo para controlar a la Justicia, no podemos dejar esa estructura en manos de la propia Justicia”, sostuvo Parada cuando confirmó a Página/12 el rechazo a la propuesta. El papel que el entramado opositor le asigna al presidente de la Corte en la estructura de control se convirtió en el principal obstáculo para un acuerdo, pero no el único. Según el predictamen que redactaron los diputados del Grupo A, el presidente de la Corte también presidirá el Consejo. “Con voz pero sin voto”, según afirmaron los asesores de ese espacio.

“No queremos que la Corte presida el Consejo, aunque podría ser un tema a negociar. Lo que pasa es que el proyecto estaba todo minado, porque en distintas partes se le daba más poder al presidente, como cuando dice que el administrador que debe armar el presupuesto del resto de la Justicia estará bajo su órbita”, resumió uno de los asesores del bloque Proyecto Sur. Sus legisladores habían planteado en la presentación de su propia iniciativa que “no queremos cambiar sólo la supremacía numérica de la corporación política por la corporación judicial”.

Las otras modificaciones tampoco conformaron a los diputados del interbloque de centroizquierda. “Aceptaron crear un consejo asesor conformado por entidades de la sociedad civil que controle su actividad. Pero esto está sujeto a la reglamentación de la norma, lo que desvirtúa su intención”, insistieron. Menos recepción tuvo que los plazos del Consejo para emitir dictamen sobre una causa se estiren hasta un año y medio.

En respuesta, desde el radicalismo informaron sobre algunas de las modificaciones agregadas al predictamen opositor a pedido del bloque de Solanas. Entre ellas, las auditorías a los juzgados y los cursos obligatorios a los que cada dos años deberían someterse los jueces. “No estamos cerrados a la negociación si en el plenario están dispuestos a discutir capítulo por capítulo y tema por tema”, afirmó Parada en referencia a la reunión prevista para hoy a las 16 de las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamentos. Pero el rechazo de Proyecto Sur desató bronca en el resto del arco opositor. “Su actitud es funcional al Ejecutivo y a (Néstor) Kirchner”, sostuvo el peronista disidente Gustavo Ferrari, alineado con Francisco de Narváez. La macrista Laura Alonso se plegó casi en los mismos términos: “Me sorprendió mal, creo que esta actitud obedece a una estrategia que en esto es jugar con el oficialismo”.