El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, confirmó ayer que “llegado el momento” el Gobierno aplicará la Ley de Abastecimiento para garantizar el suministro de combustibles líquidos al mercado interno, aunque negó que la decisión signifique un método de presión. “No se quiere usar esta ley como una amenaza, porque no nos gusta utilizar esos términos”, expresó el funcionario a la prensa durante una visita a Santiago del Estero. Además, fuentes de la Secretaría de Comercio Interior confirmaron que mañana o a más tardar pasado habrá inspecciones para verificar “el abasto de combustibles en tiempo y forma, con precios adecuados”.

“Quienes últimamente han aumentado los precios de sus combustibles deberán ajustarlos a los valores que correspondan”, expresó la fuente. La decisión oficial no responde sólo al último aumento de precios –dispuesto el viernes pasado para algunos de sus combustibles por la petrolera Shell–, sino “con los incrementos registrados en todas las marcas”. La determinación oficial dispondría retrotraer los valores de algunos productos o de toda la gama de combustibles.

En los últimos meses las principales petroleras del mercado local incrementaron en forma paulatina los precios de venta de naftas y gasoil, al punto de que las naftas súper rondan el equivalente a 1 dólar por litro. La última fue Shell, quien el jueves subió tres centavos el litro de súper, en lo que fue su segundo ajuste en apenas diez días.

En lo que va del año, la nafta aumentó por encima del promedio de inflación que releva el Indec e incluso de las cifras más elevadas que calculan las consultoras privadas. Por eso, el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y el jefe de Gabinete hicieron saber después que aplicarán la Ley de Abastecimiento.

La suba de precios evidencia la escasez de bienes, sea cual fuere la causa de esa escasez. Por eso la Ley 20.680, promulgada durante el último gobierno de Juan Perón, prevé en su artículo 1 la imposición de valores máximos, como recurso para frenarlos. La lógica es que si esa suba se frena, se desalentará la retención de productos que pueden realizar los empresarios con el ánimo de promover los aumentos.

A partir del artículo 2 se habilita al gobierno de turno a intervenir de distintas formas para garantizar el abastecimiento, incluyendo sanciones al lockout patronal que eventualmente lo estuviese impidiendo. Se contemplan luego vías más extremas, como el decomiso de mercadería, que luego el Estado comercializa por las suyas, o el cierre de establecimientos. Una batería de penalidades que pocas veces se utilizó.

Desde el sector empresario, cuestionan la vigencia de la Ley de Abastecimiento porque había sido suspendida por el presidente Carlos Menem a través del Decreto 2284/91. Sin embargo, en octubre de 2007 el entonces procurador general del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, ratificó su vigencia. “Las facultades otorgadas por la Ley 20.680, que fueran oportunamente suspendidas por el Decreto 2284/91, fueron restablecidas en cuanto a su vigencia, en virtud de lo dispuesto por el Decreto 722/99, concluyó en su dictamen. El pronunciamiento sobre la vigencia de esta norma había sido solicitado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, luego de que el secretario Guillermo Moreno la invocara para multar a Shell. De hecho, Moreno le abrió a la petrolera angloholandesa 117 expedientes por desabastecimiento de combustible. De ese total, 45 llegaron a la Justicia, que se expidió en 31 casos y condenó a Shell a pagar multas en ocho. Ahora, la historia volvería a repetirse a raíz de la seguidilla de aumentos.