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La oposición parlamentaria no logra consensuar un proyecto común para impulsar la rebaja de las retenciones. En el Congreso ya hay 29 proyectos sobre derechos de exportación que contemplan una amplia gama de variantes. De hecho, en la última reunión de la comisión de Agricultura, que preside el radical formoseño Ricardo Buryaile, desarrollada el martes pasado, se decidió encomendarles a los asesores que intenten buscar el punto de equilibrio entre todos esos textos a partir de un trabajo de comparación y análisis. El objetivo es poder tener un texto único para el próximo 24 de agosto cuando vencen las facultades delegadas que le permiten al Ejecutivo fijar las alícuotas.

Algunos diputados propusieron que para esclarecer el tema y simplificar el trabajo hacia el futuro se agrupen las iniciativas de acuerdo con tres temáticas de análisis. En este sentido, se encuentran las iniciativas que se refieren a la segmentación de las retenciones según la escala de producción; las que las disminuyen o las eliminan según el producto y las que hablan de compensaciones según el nivel del productor. Dentro de estas variadas líneas de propuestas se contabilizan proyectos de los referentes de los bloques que integran el Acuerdo Cívico y Social, de la Coalición Cívica, del PRO, del Peronismo Federal y de Proyecto Sur, entre otros.

Desde la Federación Agraria, representada en la Cámara baja por los radicales Ulises Forte y Pablo Orsolini, se propone la segmentación de la alícuota según la cantidad de toneladas producidas. En esta variante se encolumnan, además del radicalismo, el socialismo, el GEN, algunos diputados del interbloque Proyecto Sur y una mayoría del denominado Peronismo Federal, que encabezan Felipe Solá y Francisco De Narváez. Más matices dentro de ese sector existen en torno de la idea de establecer un régimen de compensación mediante la devolución total o parcial de la alícuota de cada derecho en beneficio de los pequeños productores, sobre todo a partir de los parámetros para definir a los mismos.

Diferenciada con esta variante se encuentra la Coalición Cívica. El bloque que lidera Carrió prevé la eliminación completa de retenciones a las exportaciones para el trigo, el maíz, el girasol, el sorgo y los productos de economías regionales. En tanto que, para el caso de la soja, baja la alícuota en un 10 por ciento, ubicándola en un 25 por ciento.

Fuera del Acuerdo Cívico, parte de los bloques del denominado centroizquierda, compuesto por Buenos Aires para Todos y Solidaridad e Igualdad, entre otros, se sugiere segmentar en beneficio de los pequeños productores y establecer los porcentajes de los derechos de exportación de acuerdo con la evolución de los precios internacionales. Del otro lado del arco opositor, el PRO, cuya cara visible en la comisión es Christian Gribaudo, elaboró un proyecto que establece que un porcentaje de las retenciones se pueda imputar al pago del Impuesto a las Ganancias.

El diputado Martín Sabbatella, por su parte, consideró ayer que el Poder Ejecutivo debe seguir fijando las alícuotas de las retenciones a las exportaciones porque constituyen “una herramienta fundamental de la política económica” y acusó a los sectores que impulsan su eliminación o reducción de intentar “desfinanciar” al Estado. Sabbatella se alineó así a la postura defendida por el gobernador santafesino Hermes Binner, que generó malestar en las entidades agropecuarias, y es contraria a la que plantea parte del arco opositor.

Mientras la discusión se recalienta, la Federación Agraria realizará pasado mañana una “Jornada de Acción Parlamentaria”, en la que dirigentes de la entidad viajarán a Buenos Aires para discutir con senadores y diputados las propuestas legislativas que impulsa la Federación para lograr “políticas públicas diferenciadas para una agricultura con agricultores”.