El diputado nacional y abogado de la CGT Héctor Recalde es el autor de dos proyectos de ley que incomodan al establishment industrial y financiero: la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para ampliar sus objetivos. Ambas propuestas legislativas, que serán presentadas en el Congreso la próxima semana, cuentan con el apoyo del Gobierno y son cuestionadas duramente por la dirigencia de la Unión Industrial y en la city porteña.

–¿Por qué hay que reformar la Carta Orgánica del Banco Central?

–Porque no puede ser que tenga una función meramente monetarista como es preservar el valor de la moneda. Los objetivos del Banco Central deben apuntar a la creación de empleo, el crecimiento económico y el desarrollo sustentable, ésos son los tres ejes. Con Perón se cambiaron las funciones del Banco Central para contemplar el crecimiento y la creación de empleo, después eso desapareció y el menemismo hizo trizas la entidad, que se convirtió en una especie de filial del Fondo Monetario Internacional. La autoridad monetaria no puede ser una isla en la Argentina.

–¿Eso implicaría abandonar el eje del control de la inflación?

–No, no es abandonar, es complementar y coordinar. Los monetaristas querían que el Banco cumpliera una única función, ahora apuntará a múltiples objetivos. Las modificaciones apuntan a sostener el crecimiento económico que experimenta el país desde 2003. Esto es profundizar los cambios, va en ese camino. En este proyecto nos metemos nada más con la modificación de los objetivos del BCRA, del artículo tercero. No discutimos sobre las cuestiones de la autonomía.

–Hace tres años, cuando todavía era legisladora, la actual presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, presentó un proyecto de ley para modificar la Carta Orgánica de la autoridad monetaria. En ese momento, el Gobierno no apoyó la profundización de los cambios.

–Esto forma parte de nuestras convicciones. Si cambiamos o no cambiamos. Por qué ahora y no antes, la verdad que es secundario. Ahora lo vamos a hacer y confiamos en que los sectores de centroizquierda lo apoyarán. Además, a diferencia de otros períodos, el titular del Banco Central no se opone a realizar las modificaciones. Quiero reivindicar que la autoría ideológica del proyecto es de Marcó del Pont. Es una inquietud que a mí me quedó de 2007, cuando ella presentó un proyecto similar. Nos falta definir algunas cuestiones técnicas para no dejar suelto nada, por eso estamos consultando a distintos especialistas. Trabajamos con distintos asesores, con la misma Marcó del Pont. Ella y Hugo Moyano también dialogaron sobre el asunto. La CGT tiene un interés manifiesto en el asunto.

–Precisamente, desde distintos sectores cuestionaron que fuera la CGT la que impulsara los cambios en los objetivos de la política monetaria.

–El que ignore la importancia que tiene para el movimiento obrero la política tributaria, cambiaria y económica de un país, aquel que crea que los sindicatos deben limitarse a la negociación de un convenio colectivo para ver cómo se ajustan los salarios, está viviendo en el siglo XIX. Es una crítica absurda, es situar a los trabajadores en una situación de subciudadanía. Demuestra la concepción anacrónica que poseen algunos sectores. ¿Cómo no va a querer el movimiento obrero que el Banco Central persiga un objetivo de creación de empleo?

–Su iniciativa para garantizar la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas recolectó el apoyo de todo el Gobierno y un violento cuestionamiento desde el sector empresario.

–Los apoyos exceden al Gobierno. La repercusión que tuvo esto en la calle y hasta en algunos periodistas de los diarios propietarios de Papel Prensa es muy buena. Esas posiciones contrastan con la reacción endemoniada y prejuiciosa, antes de conocer el proyecto, de los sectores empresarios. La participación de las ganancias existe en muchos lugares del mundo. En Brasil la ley está vigente desde diciembre de 2000, también en Argentina la fabricante de neumáticos Firestone la tiene. En Alemania la automotriz Opel lo está discutiendo, en Canadá está legislado, en México participan el 10 por ciento de las ganancias, en Perú también se participan.

–El presidente de la UIA, Héctor Méndez, reclamó al Gobierno que “le ponga límites a la avanzada del apriete”.

–Dejemos de hablar de Méndez. La efervescencia va a bajar, ven fantasmas, no tienen información. No tienen fundamentos porque no conocen el proyecto. Cuando hablan de seguridad jurídica, vinculándola con el cambio en las reglas del juego, son la expresión más cruda del conservadurismo. Quieren quedarse con la Argentina de la dictadura militar, del neoliberalismo, de la Alianza, y no pueden advertir que cuando mejora la distribución de la riqueza aumentan las inversiones. Mi preocupación es que puede ser criticado por izquierda, no por derecha, pueden decir que “es la zanahoria adelante del burro para que los trabajadores se deslomen, las empresas ganen más y les tiren un bocadito”. Yo creo que esto no es así. Es un incentivo lógico donde, si las cosas le van bien a la empresa, el trabajador sabe que a él también le va a ir mejor. Ojalá que ganen todos.

–Pero algunos empresarios sostuvieron que las negociaciones permiten cumplir esa función: si a la empresa le va mejor, los trabajadores reclaman mejores salarios.

–Hay algo más además de los salarios. Hay que avanzar en todos los caminos posibles. Este proyecto es un reclamo histórico de los trabajadores y nosotros lo venimos estudiando desde mayo pasado, no es nuevo.

–En medio de los cruces verbales, la cúpula empresaria dijo que para discutir el proyecto los trabajadores deberían participar también en las pérdidas, ¿está de acuerdo?

–No se puede decir eso en serio. Es difícil, en nuestro país, hablar en serio con algunos dirigentes. En primer lugar, les pido que me muestren una norma constitucional o legal que diga que los trabajadores deben participar en las pérdidas. No hay ninguna norma que sostenga eso en ningún lado del mundo. El riesgo de empresa lo tiene el empleador. El CEO de Clarín, Héctor Magnetto, se tiene que presentar a elecciones y el titular del la UIA, Héctor Méndez, también. Si las ganan y no están de acuerdo con lo que dice la Constitución, convocan a una asamblea constituyente y derogan el artículo 14 bis. Vale aclarar que ese artículo lo votó lo que sería hoy el arco opositor, en 1957 durante la proscripción del peronismo. A los primeros que voy a invitar al debate en comisiones en el Congreso es a la Unión Industrial.

–¿Cuáles son los principales lineamientos del proyecto?

–Es un proyecto, en primer lugar, a favor de las empresas porque incentiva la generación de riqueza y, en segundo, de los trabajadores de esas empresas que tengan ganancias. En tercer lugar, incentiva la inversión porque no se toma en cuenta para participar en las ganancias los montos que invierte o reinvierta el empresario. En cuarto lugar, es un proyecto solidario. Hoy hay alrededor de cuatro millones de trabajadores informales que no están en negro por su decisión, sino por la de los empleadores. Esos asalariados recibirán una cobertura mediante la creación de un fondo solidario. Percibir ese dinero implica denunciar que están trabajando en negro, por eso les vamos a extender una protección especial. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Trabajo y se va a crear un consejo tripartito para disponer distintas cuestiones.

–¿La medida alcanzará a todas las empresas?

–Es un proceso gradual. No estamos seleccionando empresas, no hay apriete. Primero apuntará a las empresas que están obligadas a dar un balance social, aquellas que tienen más de 300 empleados, y que tengan ganancias. Se irá extendiendo al resto de las empresas de forma progresiva. El consejo tripartito terminará de definirlo, pero puede existir una empresa con cinco trabajadores que tenga una elevada rentabilidad neta, como las tecnológicas. En esos casos, habrá que ver en la DGI sus declaraciones y ver si están por encima de un determinado nivel. No tiene ninguna incidencia en el costo laboral, es un bonus anual. La medida favorece a las pymes porque los mayores ingresos de los trabajadores se vuelcan al mercado interno.