Las empresas de medicina prepaga redoblaron su presión sobre todos los senadores para evitar que se apruebe el proyecto de ley que busca regular el sector. A través de una carta, el vicepresidente de la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales (Cimara) y titular de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, manifestó que de aprobarse la iniciativa las empresas del sector “quebrarán de manera inmediata”, lo que provocaría la “crisis total del sistema de salud”, según la visión del empresario. Los argumentos esgrimidos por Belocopitt en su misiva coinciden con los formulados por los senadores de la oposición (UCR y Peronismo Federal), quienes quieren introducir modificaciones a la media sanción del proyecto en cuestión. También están en sintonía con los cuestionamientos formulados por el ministro de Salud, Juan Manzur. El proyecto para regular a las empresas de medicina prepaga sería tratado el próximo miércoles, previa reunión de comisiones el martes para emitir los dictámenes.

“El proyecto de ley que pretende regular la actividad de nuestras organizaciones atenta directamente contra el sistema de salud argentino y pone en riesgo la misma existencia de las compañías de medicina privada. De aprobarse sin modificaciones dicha propuesta, asistiremos a la quiebra inmediata del sistema”, manifestó Belocopitt en su carta enviada ayer a los 72 senadores de la Nación.

Sin embargo, no todos piensan como el presidente de Swiss Medical. “Creer que las empresas del sector van a quebrar, no será por el efecto de la ley, sino porque manejaron mal sus números.” Quien realizó estas declaraciones no fue ningún legislador del oficialismo, sino la senadora Hilda “Chiche” de Duhalde, quien durante el último plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia de la Cámara alta se mostró a favor de la normativa que ya tiene media sanción de Diputados.

El proyecto para regular a las empresas de medicina prepaga fue votado en la Cámara baja en 2008. Durante todo 2009 el tema no se movió en el Senado, a pesar de que la presidencia de la Comisión de Salud le correspondía a la oficialista Haide Delia Giri, mientras que este año, con la presidencia del radical José Cano, tampoco se movió hasta hace algunas semanas. De no tratarse este año, el proyecto perderá estado parlamentario, y en el caso de sufrir modificaciones, habrá un año más para su aprobación en la cámara de origen.

Los principales cambios que están solicitando los senadores de la UCR y el Peronismo Federal coinciden con la visión empresaria, pero también con la del ministro de Salud, quien hizo “recomendaciones” en una línea similar la semana pasada al pasar por el plenario de comisión. “Estamos de acuerdo con las observaciones del ministro de Salud. Por ejemplo, la autoridad de aplicación debe ser sólo ese ministerio, sin la intromisión de las leyes de defensa del consumidor y la competencia”, aseveró Cano a Página/12.

–¿Quién controlaría los aumentos de precios? –preguntó este diario.

–El Ministerio de Salud, a través de su oficina que atiende los temas relacionados con los usuarios –respondió Cano.

Si bien la mayoría de los aumentos en las cuotas de las prepagas son “consensuados” con la Secretaría de Comercio, esta oficina no tiene herramientas legales contundentes para impedir los aumentos.

Si bien el radicalismo, el Peronismo Federal (y Manzur) propusieron cambios a la norma, la oposición todavía no logró consensuar un dictamen único. Dentro del Peronismo Federal quieren evitar que las empresas puedan recibir usuarios con enfermedades preexistentes –al igual que lo manifestado por el titular de Swiss Medical–, mientras que los radicales no tendrían problema en dejar ese artículo tal como llegó de Diputados.

“Quizás vayamos al recinto sin dictamen. Nosotros nos comprometimos a tratar el tema el próximo 24 de noviembre”, reconoció Cano. Por su parte, la postura del Frente para la Victoria es aprobar la media sanción sin cambios, y en el caso de tener que realizar modificaciones, que sean a través de otra normativa o por decreto presidencial.