La Justicia Federal de Villa María falló en contra de la cerealera Bunge, en una causa donde la AFIP detectó maniobras de evasión por 16 millones de pesos. El pasado 17 de marzo, el ente fiscalizador suspendió a la empresa del Registro de Operadores de Granos, tras detectar créditos fiscales provenientes de operaciones con proveedores apócrifos y maniobras de “triangulación nociva”. La cerealera apeló esa decisión, pero el juez Mario Eugenio Garzón rechazó “in limine” el pedido de la compañía. “La exclusión del Registro es plenamente coherente con el principio de que las actuaciones administrativas gozan de presunción de legitimidad”, afirmó el magistrado en su resolución. Además de esta causa, la multinacional sigue siendo investigada por las maniobras de triangulación a partir de las cuales habría evadido el pago del Impuesto a las Ganancias entre 2007 y 2009 por un total de 1200 millones de pesos.

Según indicaron a Página/12 desde la AFIP, el Registro de Operadores de Granos (ROG) resulta un pilar para el control de la evasión, ya que se posibilita el control de la cadena de comercialización. Es un registro voluntario, a partir del cual las empresas que están en regla tienen el beneficio de adelantar sólo el 2 por ciento del Impuesto a las Ganancias (en vez del 15 por ciento) y pagan solamente el 2 por ciento de IVA (sobre el 10,5 por ciento). Al quedar fuera del Registro, la multinacional dejará de tener los beneficios fiscales-financieros.

La maniobra de Bunge consistió en registrar operaciones de compraventa con contribuyentes apócrifos, es decir empresas inexistentes o sin solvencia para operar, a partir de las cuales solicitó a la AFIP el pago de créditos fiscales por ocho millones de pesos en compras realizadas en el mercado interior y otros ocho millones en exportaciones. En total fueron 16 millones de pesos que habrían surgido, según la denuncia del ente fiscalizador, a partir de comercializar con operadores inexistentes.

La investigación de la AFIP abarcó el período 2004-2008. Una vez descubiertas, se abrió un expediente para que la cerealera regularizara su situación. Ante su negativa, fue suspendida del ROG. La empresa apeló la medida, alegando la “inconstitucionalidad” de algunos artículos de la RG 2003, pero ayer el juez federal subrogante de Villa María, Mario Garzón, resolvió rechazar “in limine” el planteo de la multinacional.

“Bunge ha tenido oportunidad de ejercer debidamente su derecho a defensa. La Resolución General 2003 señala que el no cumplimiento de los ajustes de fiscalización es motivo de exclusión del régimen de operadores...En consecuencia, no surge la existencia de ilegalidad o arbitrariedad en lo que hace al procedimiento de la AFIP, único aspecto sometido a consideración por este Tribunal”, aseveró el magistrado en su fallo.

Desde la AFIP especificaron a este diario que muchas compañías suelen comprar granos en negro y para blanquearlos, con el objetivo de recibir los créditos fiscales, inventan contribuyentes. “En este caso, hicieron figurar empresas que le vendían granos a Bunge cuando en realidad eran inexistentes”, explicó a este diario un funcionario judicial.

Pero el caso de Bunge no es el único. En Villa María hay otras compañías cerealeras (Lorenzatti, Bacelica Hermanos, Depetris Cereales) que ya fueron notificadas para devolverle al fisco aproximadamente 40 millones de pesos en concepto de créditos fiscales recibidos a partir de operaciones apócrifas. Otra cerealera, Compañía Argentina de Granos, que también fue intimada por la AFIP por operaciones similares, no recurrió a la Justicia y pagó 20 millones de pesos, según indicaron a Página/12 fuentes cercanas a la investigación. Esta última empresa también forma parte de la Cámara que nuclea a las cerealeras exportadoras.

Otro caso en el que está involucrado Bunge tiene que ver con “maniobras de triangulación nociva”, según denunciaron desde la AFIP. El proceso judicial lo está llevando adelante el juez Carlos Ochoa, a cargo del juzgado federal de la ciudad de Río Cuarto (Córdoba). En este caso, el ente recaudador determinó que la cerealera había vendido “el 98 por ciento de su producción a través de una subsidiaria radicada en Uruguay”. Según indicó a este diario un funcionario de la AFIP, en 2007 el domicilio legal de Bunge estaba radicado en Uruguay, pero al año siguiente lo modificó.

“La AFIP descubrió la mayor evasión tributaria en Argentina. La cerealera Bunge habría evadido el Impuesto a las Ganancias por 1200 millones de pesos. Increíble, cuanto más ganan más evaden”, había manifestado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el año pasado. Por operaciones similares también están denunciadas Cargill, Molinos, Nidera, entre otras (ver aparte).

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