Desde Santiago

El juez Jorge Zepeda sentenció a diez años de presidio, sin beneficios, a tres ex militares chilenos por su participación en el asesinato de seis personas en la investigación denominada Caso Torres San Borja, ocurrido el 17 de octubre de 1973. Un día antes, las víctimas –entre las que se incluyen dos ciudadanos argentinos– fueron detenidas y más tarde ejecutadas cerca del túnel Lo Prado, en Santiago.

Los ex uniformados eran miembros de la escuela de suboficiales del ejército y fueron individualizados como Gerardo Urrich, Juan Ramón Fernández y René Cardemil, quienes deberán cumplir presidio efectivo.

Esto porque los agentes –que actuaron a un mes de perpetrado el golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet– son responsables de los homicidios calificados de Ricardo Montecinos Slaughter (27 años), por ese entonces funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI); la pareja de turistas argentinos Carlos Adler Zulueta (25) y Beatriz Elena Díaz Agüero (26); Víctor Garretón Romero (60), importador y militante del Partido Nacional; Jorge Salas Pararadisi (25), estudiante universitario, y Julio Saa Pizaro, cirujano dentista (35).

Este caso causó revuelo a mediados de la década de los ’70 por encontrarse entre las víctimas un funcionario del FMI, lo que llevó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) a solicitar antecedentes de los homicidios.

El 2 de junio de 1976, mediante la resolución N° 1810, determinó considerar que los hechos configuraban graves violaciones al derecho a la vida, reconocido en el Artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y recomendó al gobierno de Chile establecer la autoría y sancionar a los responsables.

La denuncia dio inicio a un proceso judicial por orden del ministro del Interior de la época, a cargo del fiscal militar Rolando Melo Silva, de la cual no se obtuvieron resultados y se cerró el proceso sin culpables como tantos otros casos que recién ahora se han reabierto para esclarecer la verdad de lo ocurrido en plena dictadura de Pinochet.

Según se desprende de la sentencia, las víctimas fueron detenidas el 16 de octubre de 1973 mientras dormían en sus departamentos de la Torre 12 del complejo de edificios San Borja, en pleno centro de la capital chilena. El secuestro fue efectuado por miembros de la escuela de suboficiales del ejército, quienes condujeron a los detenidos a un recinto de tortura habilitado en la Casa de la Cultura de Barrancas, en la –por esos años– periférica comuna de Pudahuel.

Al día siguiente fueron sacados del lugar y llevados a los alrededores del túnel. Ahí se les ordenó a cada uno correr con la idea de que tenían una chance de escapar con vida. Sin embargo, el plan de los militares era simular una fuga y justificar los asesinatos. Poco importaron a los sujetos vestidos con cascos y ropas de camuflaje los gritos de clemencia de sus compatriotas o los otros que se escuchaban fuertes con acento extranjero. Todos murieron acribillados por ráfagas de ametralladora.

Según el Informe Rettig, emanado de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación –cuyo objetivo principal fue contribuir al esclarecimiento global de las violaciones a los derechos humanos–, la patrulla que arrestó al matrimonio argentino pasó por alto que Beatriz Díaz estuviera embarazada.

Los seis detenidos fueron “trasladados transitoriamente a una casa ubicada en calle Londres –a sólo unas cuadras de San Borja y a metros del convento de San Francisco– que perteneciera al Partido Socialista, conocido luego como centro de terror y torturas de la policía secreta”.

De Londres fueron “trasladados a la Casa de la Cultura a cargo de efectivos del ejército en calle La Estrella”, dice el Informe Rettig.

Al día siguiente, los cadáveres de los detenidos fueron hallados en el kilómetro 12 de la carretera que une Santiago con el puerto de Valparaíso, por vecinos. Cuatro días más tarde, unos parientes reconocieron los cuerpos en la morgue de Santiago.

Marcelo, padre de Ricardo Montecinos, testificó que a su hijo le sustrajeron un reloj de oro, doscientos dólares, su carnet y su pasaporte. Según el testimonio de un pariente de Carlos Saa, éste fue detenido e interrogado por militares el 14 de octubre, después de ser confundido con su hermano Julio Saa, dentista y residente de la Torre 12, quien tuvo discusiones con un tal Pascual Rodríguez, militante de Patria y Libertad (partido de ultraderecha) y, supuestamente, posterior colaborador del Servicio de Inteligencia militar (SIM).

Después del golpe, Rodríguez montó en San Borja una junta de vigilancia contra extremistas a la entrada de la fatídica Torre 12. Según Montecinos, el capitán Carlos Cardemil, jefe de la patrulla que arrestó a su hijo, “alojaba a menudo en el departamento de Pascual Rodríguez”. Se supone que ahí confeccionaron la lista de quienes debían eliminar en su obsesión de “salvar a la patria”.