El ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, aseguró ayer en la Legislatura que el Gobierno de la Ciudad no reemplazará ni con efectivos de la Policía Metropolitana ni con agentes de seguridad privada a los policías de la Federal que cumplían servicios adicionales en hospitales y otros edificios públicos y que fueron retirados por decisión del gobierno nacional. Montenegro concurrió a la Legislatura convocado por diputados de la oposición que querían saber cómo resolverá la Ciudad la crisis generada por el retiro de la Federal de 114 puestos de vigilancia. Algunos legisladores opositores cuestionaron la forma y la oportunidad en que el gobierno nacional tomó la medida. Pero todos coincidieron en cuestionar con dureza la decisión del gobierno de Mauricio Macri de desligarse del problema, teniendo un cuerpo policial propio de casi 2000 hombres.

Los diputados opositores advirtieron que, de acuerdo con la Ley de Seguridad de la Ciudad, entre las atribuciones de la Policía Metropolitana se encuentra “brindar seguridad a personas y bienes” en el ámbito de la ciudad. “Pero el Gobierno de la Ciudad ha decidido utilizar a la Metropolitana para hacer propaganda para su gestión”, opinó el diputado Marcelo Parrilli (MST/Proyecto Sur). “Entonces, el gobierno nacional decidió que no iban a custodiarles los edificios mientras ustedes hacen propaganda”, interpretó el legislador. Tras lo cual le preguntó a Montenegro cómo iba a reemplazar ese servicio. El ministro se limitó a responder que sólo está en condiciones de brindar seguridad a los dos hospitales que están en las comunas 12 y 15, donde la Metropolitana tiene presencia territorial.

Eso sí, admitió que cuatro efectivos de la fuerza prestan servicio en su custodia personal y otros cuatro, en la del jefe de la fuerza, Eugenio Burzaco.

Montenegro precisó que la Metropolitana tiene 1850 efectivos en estado policial, la mayoría de los cuales está abocado a prestar servicios en esas dos comunas. Anunció que este año incorporarán efectivos en las comunas 4 y 8 y admitió que la fuerza recién estará en condiciones de brindar seguridad en toda la ciudad “en el año 2016”, es decir, dentro de cinco años. Hasta entonces, sostuvo el ministro, “el responsable de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires es el gobierno nacional”.

“Entonces, ¿le consultaron al gobierno nacional cuando decidieron ubicar a 1400 efectivos en las comunas 12 y 15?”, le preguntó el legislador ibarrista Eduardo Epszteyn. La consulta se perdió sin obtener respuesta.

A su turno, Gonzalo Ruanova (Encuentro Progresista) cuestionó la decisión de “saturar con la Metropolitana dos comunas, para que se vea, mientras no tiene capacidad para prevenir hechos como la toma de edificios”.

Varios legisladores le cuestionaron a Montenegro por qué en 2009, cuando la Federal retiró los servicios adicionales porque la Ciudad debía 40 millones de pesos, el gobierno porteño resolvió el problema contratando seguridad privada, según anunció en ese momento el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta. Y por qué, en febrero último, la Ciudad prescindió de 500 efectivos de la Federal que prestaban servicios como Policía Comunitaria, a las órdenes del gobierno porteño.

Al primer punto, Montenegro respondió que en 2009 la policía no llegó a retirar los servicios adicionales. Respecto del segundo, argumentó vagamente que la policía comunitaria no podía destinarse a cumplir funciones de custodia en edificios, aunque no explicó por qué.

El conflicto se inició este lunes, cuando la ministra de Seguridad, Nilda Garré, anunció el retiro del servicio de policía adicional en 114 objetivos del Gobierno de la Ciudad, que incluían desde hospitales públicos hasta la quinta de Mauricio Macri, en San Miguel, y la casa donde vive la ex esposa del jefe de Gobierno.

Los servicios adicionales se prestaban en forma de módulos de cuatro horas, por cada uno de los cuales la ciudad pagaba 94 pesos. Montenegro explicó que la ciudad tenía contratados 30 mil módulos mensuales, lo que representaría una erogación de 2,8 millones de pesos por mes. La deuda que reconoció el gobierno porteño asciende a 20 millones, lo que equivale a siete meses impagos, aunque el gobierno nacional reclama un monto mayor, de 27 millones.

Montenegro, en un tramo de su exposición, definió a los servicios adicionales como “una distorsión del servicio policial” que debía eliminarse. Y lamentó que si, para el gobierno nacional el retiro de efectivos es una política pública, “por qué no levantan los adicionales de los restaurantes o clínicas privadas en lugar de hacerlo con un solo cliente, la Ciudad de Buenos Aires”.

“Me cuesta entender que sigan defendiendo una decisión administrativa que perjudica a los vecinos de la Ciudad y de las provincias, que se atienden en los hospitales porteños”, afirmó.

A su turno, el presidente del bloque kirchnerista, Juan Cabandié, defendió la “reestructuración de la Policía Federal” que encara el gobierno nacional “para revertir sus antecedentes nefastos” y acusó al gobierno de Mauricio Macri de “poner palos en la rueda”. “Nosotros enfrentamos a todas las corporaciones del país y la Policía Federal no va a quedar al margen”, enfatizó, “mientras que ustedes, por mucho menos, se hacen pis encima”, acusó.

Ante una pregunta de la diputada Gabriela Alegre (Encuentro Popular para la Victoria), Montenegro admitió que el comisario mayor Ricardo Pedace, quien fuera dado de baja recientemente de la plana mayor de la Federal por la ministra Garré, está a punto de incorporarse a un importante cargo de la Metropolitana (ver recuadro).

Montenegro dijo que era “una mentira” que los policías retirados de los servicios adicionales fueran a prestar servicios en la calle, ya que “se trata del mismo policía, que ya está en la calle y no se puede contar dos veces”. Consideró insuficiente la compensación de mil pesos que reciben los policías que ya no trabajan en adicionales para la Ciudad, “ya que obtenían hasta 3000 pesos”, y vaticinó que “lo que va a ocurrir es que van a tratar de hacer adicionales en otro lado o buscarse un trabajo extra”.

Fernando Sánchez, titular del bloque de la Coalición Cívica, consideró que “el verdadero problema de inseguridad en la ciudad son las zonas liberadas” y le preguntó a Montenegro si, a su criterio, existían esos permisos para delinquir. “Es probable, pero no me consta”, respondió el ministro.

Finalmente, Julio Raffo (Proyecto Sur) consideró el conflicto como “una mezquina pelea de consecuencias gravísimas, donde el gobierno nacional dejó de cumplir una responsabilidad y la Policía Metropolitana muestra una vez más su incapacidad”. Fue ante una pregunta suya que Montenegro admitió que recién podrá brindar seguridad en los hospitales y escuelas en 2016.