El Gobierno espera poder evitar que la Argentina sea incluida en una lista de países “no cooperantes” en el combate contra el lavado de dinero. La asamblea del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) analizará mañana el caso argentino y decidirá si mantiene al país bajo seguimiento o si finalmente lo sanciona. Funcionarios consultados por Página/12 resaltaron que la Argentina atendió los cuestionamientos que en su momento realizó el GAFI, en especial a partir de la reciente votación de la ley antilavado de dinero. Pero si el organismo lo considerara insuficiente, podría cambiar la categoría desde “país con seguimiento intensivo y cooperante” a “no cooperante”, lo que generaría un impacto negativo sobre la calificación de la economía local para recibir inversiones extranjeras. El control sobre las decisiones del GAFI lo ostentan Estados Unidos y Gran Bretaña y, “sólo si primara un criterio político y no técnico, el país podría recibir sanciones”, consideraron altas fuentes oficiales.

La asamblea del GAFI empezó ayer en México, con reuniones previas al plenario que tendrá lugar mañana, donde se definirá la postura del organismo en relación a la Argentina. Para defender la posición del Gobierno viajaron el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, y el ministro de Justicia, Julio Alak. “Hubo reuniones con grupos de evaluadores y nuestra sensación es optimista”, destacaron en la cartera de Justicia. “Hicimos casi todo lo que nos pidieron”, manifestaron cerca de Sbatella.

La Argentina integra el GAFI desde 2000 en calidad de país “confiable y cooperante”. Pero a fines de 2009 el organismo realizó un informe con 47 señalamientos negativos sobre 49 ítem referidos a la legislación en contra del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El Gobierno presentó un plan de acción para solucionar los problemas, que fue aprobado por el GAFI. Durante la actual asamblea se discutirá en qué medida el país avanzó en la mejora de las falencias señaladas.

Una de las principales mejoras regulatorias aplicadas sobre la que hará hincapié el Gobierno es la sanción de la ley antilavado, que modificó el Código Penal para que contemple el lavado de dinero como un delito autónomo. Previo al dictado de dicha norma, hace tres semanas, el lavado sólo se consideraba como parte de otro ilícito previo como narcotráfico, robo, corrupción, terrorismo o tráfico de armas. Si no se lograba probar la existencia del delito conexo, el caso se debía archivar sin siquiera poder confiscar el dinero. La ley fue sancionada en forma unánime por el Senado.

El GAFI puede llegar a cuestionar que no se haya avanzado lo suficiente en la legislación contra el terrorismo, indican especialistas. “Cuando en 2007 se sancionó la ley antiterrorismo, se creó la figura de la asociación ilícita terrorista internacional, pero no se estableció una categoría para el acto terrorista individual o para la asociación ilícita terrorista local. Eso es criticado por el GAFI. Lo esencial es que el Gobierno pueda convencer a los evaluadores de que existe una voluntad política de combatir el lavado”, indicó a este diario José María Salinas, presidente de la Fundación Argentina para el Estudio y Análisis sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Fapla).

El GAFI también critica la falta de conexión entre la información financiera que manejan distintos organismos públicos y la UIF. Desde el Gobierno aclaran que se ha avanzado en algunos de esos aspectos, como en el caso del registro automotor y el de la propiedad. A la vez, resaltan que se ampliaron las facultades de la UIF para el combate contra el lavado. “La posibilidad de que Argentina reciba sanciones es baja, incluso el Gafisud –la pata del organismo para la región– hizo una evaluación positiva del país, ya que hubo bastantes avances. Deberían volver a auditarnos para que vean el desarrollo de las medidas, manteniéndonos bajo revisión”, indicaron cerca de Sbatella. “Creo que vamos a pasar el informe, pero seguiremos en proceso de evaluación”, coincidió Salinas.

En caso de que el GAFI decida aplicar sanciones, la Argentina pasaría de estar catalogado como un país “con seguimiento intensivo y cooperante” a ser “no cooperante”. En este último caso, se perdería calificación frente a los inversores extranjeros. En ese status están Turquía, Grecia, Venezuela, Ecuador, Paraguay y Bolivia, entre otros. En el último escalón, la “lista negra”, aparecen Irán y Corea del Norte.