La Unión Europea le dio a Grecia un ultimátum. Le exigió que antes del 3 de julio apruebe un nuevo –y violento– plan de ajuste de gastos por 28.000 de euros hasta 2015, privatice casi la totalidad de las empresas públicas para obtener unos 50.000 millones de euros, aplique rebajas de salarios a empleados públicos y aumente impuestos. Todas esas son las condiciones que impuso el bloque regional para destrabar un desembolso de 12.000 millones de euros que le permita al país esquivar el default, al menos por algunas semanas más. Como si semejante esfuerzo fuera poco para una economía endeudada, en recesión y con tasas de desempleo crecientes, los “rescatistas” europeos reclaman que la dirigencia política griega apruebe las medidas en un clima de “unidad nacional”. “Es un prerrequisito necesario para augurar el éxito”, plantearon. “Se requiere una rigurosa y veloz concreción”, del programa, insistieron.

Lo que pidió la Unión Europea en la reunión que finalizó cerca de la madrugada del lunes fue que la oposición griega acompañe al gobierno de Giorgos Papandreu a aprobar las medidas demandadas. El primer ministro intentará hoy conseguir un voto de confianza del Parlamento para seguir gobernando (ver página 20). Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona se reunieron el domingo en Luxemburgo para definir su posición respecto del “salvataje” a Grecia. Se suponía que discutirían las condiciones para un segundo rescate, por unos 105.000 millones de euros, adicionales a los 110.000 millones aprobados hace un año. Sin embargo, fueron un paso atrás: condicionaron mantener activo el programa en marcha a que el gobierno griego instrumente las acciones mencionadas más arriba.

Los ministros establecieron una nueva fecha para una reunión extraordinaria, que será el 3 de julio, y en ese plazo la dirigencia del país helénico debería dar los pasos requeridos en materia de ajuste y privatizaciones. Si lo hace, entonces la eurozona concretará el desembolso de 12.000 millones de euros correspondientes al quinto tramo de la ayuda establecida el año pasado. Nada dijeron en esta oportunidad sobre qué pasará con los préstamos adicionales, por unos 105.000 millones de euros.

Esta última cifra incluye el aporte que deberían realizar inversores privados como bancos, compañías de seguros y fondos de pensión, la mayoría de ellos de Alemania y Francia, en una extensión voluntaria de los plazos de vencimiento de los bonos en su poder. Los ministros acordaron en Luxemburgo que esos acreedores deberán hacer su parte para que pueda prosperar otro paquete de ayuda. La estimación es que deberían facilitar el trueque de títulos griegos por unos 25.000 millones de euros. Pero esa fue la única señal sobre un segundo capítulo del rescate, que ahora parece lejano.

El compromiso de Grecia con el ajuste y el repago de la deuda termina siendo más un rescate a los bancos alemanes y franceses, entre otros, que al país, cuya economía se hunde cada vez más, con duras consecuencias sociales. Como la crisis europea se agudiza, en lugar de atenuarse, los países de la zona euro, liderado por aquellos dos, se ve forzado a aumentar los montos previstos para eventuales rescates. En la reunión en Luxemburgo se aprobó elevar la cifra a 700.000 millones de euros, desde los 260.000 millones previstos hasta ahora.

Aunque el salvavidas es cada vez más grande, la crisis no se detiene. Para colmo, el FMI empezó a poner más condiciones. Su director gerente en funciones, John Lipsky. advirtió ayer que el organismo todavía no está pensando en un nuevo programa de ayuda a Grecia, sino que el país y la Unión Europea deberán demostrar primero que están en condiciones de salir adelante.

Frente a esta situación, ya se escuchan voces que advierten sobre el futuro del euro. Jack Straw, el ministro británico de Asuntos Exteriores, del Partido Laborista, reclamó al gobierno de su país dejar de “refugiarse en un lenguaje displicente” y reconoce que “esta zona euro no puede durar” y que es mejor acelerar los pasos en vez de seguir por el camino de la “muerte lenta”.