La onda expansiva de la investigación de las coimas destinadas a conseguir la libertad de los detenidos por el asesinato de Mariano Ferreyra volvió a tomar envión y ya alcanza a tres jueces de la Cámara de Casación Penal. A pedido del fiscal Sandro Abraldes, el juez Luis Rodríguez pidió informes sobre los números telefónicos de los camaristas Eduardo Riggi, Gustavo Wagner Mitchell y Mariano González Palazzo, con el objetivo de entrecruzarlos e identificar con quiénes hablaron entre noviembre de 2010 y febrero de 2011. En ese período, según las pruebas que juntó la fiscalía, el titular de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, y el vicepresidente de Belgrano Cargas, Angel Stafforini, pagaron por lo menos 50 mil dólares con tres objetivos: que Casación evitara tratar el caso durante la feria judicial; que saliera “sorteada” la sala III como tribunal definitivo para el expediente, y comparar finalmente la voluntad de los jueces. Las gestiones fueron encomendadas al ex juez subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid –ex secretario de Casación– y al agente de la Secretaría de Inteligencia (ex Side) Juan José Riquelme. Las escuchas de sus conversaciones revelan presuntos encuentros, “discretos almuerzos” con los camaristas y hasta “atenciones” de fin de año.

El viernes último el fiscal Abraldes le pidió por segunda vez al juez Rodríguez la detención e indagatoria por cohecho (coimas) y tráfico de influencias de los principales involucrados hasta ahora en la trama: Pedraza (que ya está preso por el crimen de Ferreyra), Stafforini, Aráoz, Riquelme y también Luis Ameghino Escobar, un prosecretario de Casación, hijo de un ex camarista del Crimen. Todo indica que Ameghino Escobar tuvo una intervención clave, ya que habría manipulado el sorteo informático de modo tal que las apelaciones de la patota ferroviaria acusada de matar a Ferreyra quedaran a cargo de la Sala III del más alto tribunal penal del país. Está por verse si sólo quiso hacerle un favor a su amigo Aráoz de Lamadrid, con quien intercambió seis mensajes de texto apenas asignó la causa el 26 de enero, o si cumplía órdenes.

Abraldes propuso ampliar la investigación para determinar el papel de los camaristas Riggi –quien preside la sala III– Mitchell y González Palazzo. Fue uno de los pocos puntos a los que el juez Rodríguez por ahora le hizo lugar. Las indagatorias, pedidas por primera vez el 20 de mayo, las tiene en veremos. La semana pasada pidió ser querellante en la causa Beatriz Rial, la mamá de Mariano Ferreyra, representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

En clave

Quien dio con la punta del ovillo de la maniobra fue Wilma López, la jueza que investigó el homicidio del militante del Partido Obrero (en una protesta de trabajadores tercerizados de la ex línea Roca el 20 de octubre último). Tenía intervenidos los teléfonos de Pedraza, quien hablaba seguido con Stafforini –contador de la UF– y con Riquelme. Por las charlas pudo deducir que había un plan en marcha para dar vuelta el caso en la Cámara de Casación. En una resolución, López sostuvo que si bien buscaban sacar de la cárcel a los matones, la estrategia apuntaba a darle un golpe a la causa para salvar a Pedraza.

Riquelme, a la vez, hablaba con Aráoz de Lamadrid, quien tenía vinculación con Belgrano Cargas y había defendido hasta fin de noviembre a uno de los detenidos, el picaboletos Guillermo Uño. En las conversaciones todos intentan hablar en clave, pero según el fiscal es evidente a qué hacen referencia. Ameghino Escobar, por ejemplo, es “el señor de las teclas”; el juez Riggi es “el doctor Eduardo”; Aráoz es “el amigo de la calle Viamonte”, donde tiene su estudio.

Según el dictamen de Abraldes, Aráoz de Lamadrid y Riquelme hicieron un aporte central como intermediarios. Aráoz trabajó trece años en la vocalía de Riggi, donde también cultivó la amistad con Ameghino Escobar, luego asignado a la oficina de sorteos, de la que fue desplazado por este intríngulis. Riquelme, surge de las escuchas, cobraba un “cheque” de la UF por “el tema de los ferroviarios”. Como adelanto habría recibido 3500 pesos. Lo describe como un “currito” más allá de su trabajo en la ex Side, donde fue suspendido. En Casación lo conoce todo el mundo desde hace más de una década. Hubo un tiempo, cuentan en el tribunal, que iba en nombre del ex obispo castrense Antonio Baseotto. El año pasado iba por Pedraza. Solía frecuentar ciertos despachos como el de Riggi, cuentan en tribunales.

Al comienzo, según las escuchas, Riquelme intentaba explicarle a Pedraza que había un escollo procesal por resolver. Como la Cámara del Crimen había confirmado los procesamientos y detenciones de la patota a fin de diciembre, las apelaciones serían presentadas en enero ante Casación. El problema, decía, era que para lograr el resultado esperado tenían que evitar que resolviera la sala de turno durante la feria judicial. Algo difícil, ya que los casos donde hay detenidos se tratan con urgencia aun en vacaciones. Lo que decía Riquelme era que, en especial, tenían que lograr que quedara postergada la revisión de los procesamientos, y que para eso fuera “sorteada” la Sala III. “El compromiso de Riquelme”, sostuvo el fiscal Abraldes, fue “influir” en el juez Mitchell para que lograra quedar a cargo de la presidencia del tribunal del 9 al 31 de enero “y no habilitara la feria para ningún recurso de estas características”. “Aráoz de Lamadrid ofreció su invocada influencia sobre el juez Mariano González Palazzo” para reforzar ese objetivo.

Riggi, a quien tanto Aráoz como Riquelme tratan hace años, vendría después. Aunque, a juzgar por los comentarios de Riquelme a Pedraza, habría mantenido al menos una reunión con él el 4 de enero. Ese día le dijo al líder de la UF que estaba “en la casa del doctor Eduardo”. La ubicación de su celular, según las antenas que lo captaron, coincide con el barrio donde vive el camarista, Barrio Norte. El agente de la ex Side también hablaba de citas con Mitchell, y le dijo a Pedraza que le mandaba un agradecimiento por la “atención” que le había enviado a fin de año. Aráoz habla de alguna cita con González Palazzo.

En el pedido del juez Rodríguez para saber qué teléfonos utilizan los jueces en cuestión y saber con quién hablaban, también solicita sus domicilios, para determinar las ubicaciones de los celulares analizados.

Números

En “el pacto espurio”, tal como lo describió Abraldes, “Pedraza y Stafforini entregaron sumas de dinero a Riquelme y a Aráoz de Lamadrid para que hicieran valer indebidamente influencias sobre magistrados” de Casación. Cuando la jueza López hizo la denuncia, los investigadores empezaron a seguir de cerca a los implicados. Así detectaron el momento exacto en que Stafforini fue a llevar 50 mil dólares al estudio de Aráoz de Lamadrid, después de una larga negociación sobre el monto en la que el abogado le decía que no podía bajarse de 75 mil dólares porque “el margen que tenía ya lo usé en diciembre” (sic), lo que sugería pagos previos.

La decisión del fiscal que intervenía en ese momento –Mariano Solessio– fue allanar el estudio al instante. La Policía Federal, en efecto, encontró allí los fajos, en un sobre rotulado “Octavio”. A raíz de aquel procedimiento, el 1º de febrero, salió a la luz la escandalosa negociación. Pedraza todavía no había sido detenido. Aráoz de Lamadrid había llegado dos días antes de sus vacaciones en Brasil. Pese a la distancia se había contactado con Ameghino Escobar por teléfono.

El dinero, estima el fiscal Abraldes, al menos en parte era para este prosecretario, que el 26 de enero –antes de lo previsto– ya había asignado la causa para que quedara radicada en la sala III. Riquelme celebraba entonces que “el señor de las teclas ya” había hecho “su tarea”. Y esperaba que en febrero por lo menos los votos de Riggi y Mitchell (la tercera integrante era Liliana Catucci) aportaran al plan de salvar a su jefe. Con el asunto al rojo vivo en los diarios, Riggi se excusó. La patota quedó presa, y a los pocos días siguieron los mismos pasos Pedraza y su número dos.