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El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, cuestionó ayer en conferencia de prensa la propuesta elevada por Aguas Argentinas para reformular su contrato, sobre la base de disponer un aumento tarifario. Entre otras objeciones, el funcionario planteó la de que se estaba disponiendo un ajuste “antes de resolver el modelo de contrato”.
Según explicó Mondino, esta eventual renegociación adolece de defectos similares a las de otros procesos con los cuales el Gobierno intentó solucionar el problema de las privatizadas. “Falta transparencia y participación de los usuarios”, señaló.
De acuerdo con las conversaciones que vienen sosteniendo representantes de la empresa concesionaria y del Ministerio de Economía, el replanteo de las condiciones del servicio consistiría en un incremento tarifario del 10 por ciento y la ampliación del espectro de usuarios alcanzados por la tarifa social, un valor preferencial para aquellos hogares de menores ingresos.
Para el ombudsman sería un error admitir un incremento en el precio del servicio cuando aún “no se resolvió el modelo de contrato”. Este no permitiría resolver el problema de las napas freáticas, la falta de presión de agua, la facturación luego de que el servicio ha sido interrumpido, entre otras falencias en la prestación. Mondino recordó que en 1999 se llevó a cabo una renegociación que resultó muy poco ventajosa para las empresas y existe el riesgo de repetir este error con esta nueva renegociación.
“La modificación contractual puede llegar a tener consecuencias peores que la privatización”, advirtió el defensor nacional, quien también llamó la atención acerca de la falta de definición sobre este tema que habrían tenido el jefe porteño, Aníbal Ibarra, y el gobernador bonaerense, Felipe Solá, quienes no habrían instruido a sus representantes en el órgano regulador.