El ministro de Economía, Amado Boudou, presentará mañana el proyecto del Presupuesto 2012 en el Congreso. El titular del bloque del Frente para la Victoria (FpV), Agustín Rossi, afirmó que “hay muchos líderes opositores que hicieron una autocrítica (en relación con el debate del año pasado) y estarían dispuestos a apoyar”. La estrategia del oficialismo será apostar al debate y aprobar la norma luego de las elecciones de octubre y antes del recambio de la Cámara. A diferencia del año pasado, ya cuentan entre los votos positivos a varios diputados peronistas de Santa Fe –aliados de Carlos Reutemann– y a Felipe Solá, quien la semana pasada renunció a la titularidad del bloque del Peronismo Federal. El oficialismo plantea el mismo escenario “optimista” para lograr la prórroga del impuesto al cheque, cuyos recursos fueron incluidos en las previsiones, y la Emergencia Económica.

La iniciativa del Presupuesto contempla un crecimiento del PBI de 5,1 por ciento, una inflación de 9,2 por ciento y un aumento del gasto público de 18,8 por ciento. Más allá del cambio de voluntad política para avanzar en el tratamiento de la norma, la oposición planteará sus críticas.

“El Parlamento ha funcionado deficientemente en 2011. Vamos a tener un escenario más ágil en 2012, que funcione mejor. Me parece lógico que cuando hay una Presidenta que saca más del 50 por ciento de los votos, haya un Congreso que la acompañe, es razonable que sea así”, sostuvo ayer Ro-ssi. Una vez que concluya la exposición de Boudou, que asistirá junto a todo su gabinete, el proyecto comenzará su tratamiento en la Comisión de Presupuesto, presidida por Gustavo Marconato (FpV). Probablemente, los primeros funcionarios invitados a la comisión sean Roberto Feletti, secretario de Política Económica, y Juan Carlos Pezoa, secretario de Hacienda.

A diferencia del año pasado, cuando la oposición y el oficialismo no pudieron sacarse diferencias para conseguir quórum y aprobar o rechazar el Presupuesto, el escenario sería otro. Es decir, hay predisposición para negociar, según la óptica oficial. Uno de los elementos que generan mayores repercusiones a la hora de analizar la ley de ingresos y gastos es el artículo que prevé la realización de las distintas obras públicas. En el Congreso se la considera “la planilla de la felicidad”, y es la que más se disputa a la hora de las negociaciones. Cada legislador tiene la posibilidad de “mostrar” en su provincia las obras que consiguió.

Para este año, los fondos asignados alcanzan los 3467 millones de pesos. Luego de las negociaciones suele incrementarse el número de obras y los recursos asignados, que aparecen en el Presupuesto en una planilla anexa al conjunto de obras originales. A estas previsiones luego hay que sumarle lo que el Ejecutivo envía a cada jurisdicción en concepto de transferencias directas para financiar otras obras de infraestructura. “El año pasado estábamos un voto abajo para aprobar el Presupuesto. Con los cambios de este año ya estamos”, indició a este diario un legislador del oficialismo.

Más allá de la supuesta buena predisposición de la oposición para tratar el Presupuesto, no evitarán las críticas. El diputado Claudio Lozano (ex Proyecto Sur, ahora en el Frente Amplio Progresista de Hermes Binner) afirmó que el proyecto es “mentiroso, porque insiste con una inflación de 9,0 por ciento cuando es obvio que sólo una coyuntura recesiva podría bajar este indicador del 20,0 por ciento a como mucho un 15,0 por ciento”. También insistió en que “el Ejecutivo oculta una recaudación cercana a los 40.000 millones de pesos”. Otro que se pronunció fue Jorge Triaca (PRO), quien sostuvo que “este proyecto tiene mejores señales que el año pasado”, aunque también criticó las previsiones inflacionarias y el tipo de cambio promedio (4,40 pesos).

Al margen de los datos macroeconómicos, uno de los temas que podrían presentar una fuerte discusión tiene que ver con la creación de dos cargos específicos para financiar una serie de obras de infraestructura energética. El articulado del proyecto prevé por un lado crear un cargo para la financiación del gasoducto del NEA, que debería ser pagado por “los usuarios de los servicios regulados de transporte y/o distribución, por los consumidores que reciben directamente el gas y por las empresas procesadoras”. Los cargos específicos están regulados por la Ley 26.095, aprobada en 2006. Su texto establece que serán aplicables “una vez definido el proyecto o iniciada su construcción” y no podrán reemplazar las inversiones que debieran hacer los concesionarios de los servicios públicos.

El gasoducto del NEA cumple con estos requisitos, pero el proyecto plantea la creación de otro cargo específico –y un nuevo fideicomiso– para financiar o repagar inversiones para gasoductos troncales o regionales, sin especificación alguna. Es decir, se crearían cargos para proyectos todavía no establecidos. Este último también deberá ser abonado por los mismos usuarios planteados en el gasoducto del NEA.

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