El juez federal Norberto Oyarbide investiga veintinueve reportes de operaciones sospechosas denunciadas por distintos bancos en cuentas de personas y empresas vinculadas con Sergio Schoklender y con la Fundación Madres de Plaza de Mayo. La información fue entregada al juzgado por la Unidad de Información Financiera (UIF) e incluye desde movimientos de dinero de la firma Meldorek del ex apoderado de la entidad, también del contador Abraham Gotkin, de una empresa de Pablo Schoklender y hasta de dos financieras. El magistrado, además, ordenó ayer un peritaje con contadores de la Corte Suprema e ingenieros de la Universidad de Buenos Aires (UBA) sobre las obras de la Misión Sueños Compartidos en todo el país para establecer si los 765 millones de pesos que el Ministerio de Planificación destinó a ellas fueron efectivamente utilizados en las construcciones (de viviendas sociales) pactadas o si hubo una “administración fraudulenta”.

La mayoría de las sociedades y personas denunciadas por las entidades bancarias figuran en dictámenes del fiscal Jorge Di Lello y de su par antilavado Raúl Pleé como sospechosos de integrar una trama en torno de los hermanos Schoklender, que habría desplegado maniobras de defraudación y de lavado de dinero. Según dijeron a Página/12 allegados al caso, algunos de los reportes (ROS) se refieren a operaciones de Meldorek (sospechada de haber sido utilizada como pantalla para el desvío de fondos públicos para las viviendas sociales); de la firma Gorlac (que fue creada como escisión de Meldorek, que en sus orígenes además de dos aviones tenía yates y una Ferrari) y su presidente Daniel Laurenti; de la financiera de la que también Laurenti es la cara visible, llamada Monetización, ligada a su vez al financista Fernando Caparrós Gómez (dueño anterior de Meldorek); de Jorge Fidalgo, socio de Caparrós en la financiera Valores Negociables; de la productora de contenidos Habemus SRL, de Pablo Schoklender; de Alejandra Bonafini –hija de la titular de Madres, Hebe de Bonafini– y de Gotkin, ex contador de la Fundación y algunas de sus empresas como Ski Performance S.A.

Tres reportes de movimientos bancarios dudosos sobre Meldorek y Schoklender ya fueron analizados por Di Lello, quien elaboró un dictamen para incorporar los datos a la causa sin generar una nueva imputación: los montos en juego eran bajos y las operaciones comunes, como la compra de un seguro de caución de autos por unos 13 mil pesos. Quienes conocen la causa explican que a partir de la difusión de los nombres de ciertos implicados, los bancos empezaron a denunciar cualquier movimiento que realizaran. Di Lello analiza ahora los ROS restantes.

Las financieras fueron allanadas semanas atrás. Una de las hipótesis fuertes en la causa es que los Schoklender habrían cambiado allí cheques de la Fundación y que parte del dinero luego se convirtió en barcos, autos, propiedades e inversiones. Otro de los mecanismos en la mira es el que se habría utilizado en una cuenta a nombre de otra firma dudosa, Antártica Argentina, donde se llegaron a depositar más de cuatro millones de pesos de cheques de la Fundación, parte endosados por Pablo Schoklender, y el dinero habría sido retirado por Gotkin. Esa operatoria fue denunciada por la UIF, a la que Oyarbide de todos modos le rechazó el papel de querellante, porque su titular, José Sbatella, está denunciado precisamente por la supuesta demora de esa revelación.

Las Madres –como querellantes– dicen que fueron estafadas por los Schoklender. Igual se investiga si tuvieron responsabilidad en un presunto desvío de fondos. Pero Oyarbide mandó a peritar las obras porque cree que aún no tiene pruebas de una defraudación con dinero público.