Martín Balza dijo casi obsesivamente, todas las veces que pudo, que no estuvo en el país en los años más duros de la dictadura militar. Que luego, a comienzos del ’78, llegó para dedicarse a la enseñanza. La jueza María del Carmen Roqueta le dijo que eso ya lo había dicho y lo alentó a seguir adelante. La declaración del ex jefe del Ejército en el juicio por el plan sistemático de robo de bebés fue “muy importante”, política y simbólicamente, para las querellas de los organismos de derechos humanos. Alguien de su estatura política acababa de reconocer en medio del juicio la existencia de un plan “sistemático” de apropiación de menores.

“Hoy lo respondo con más convicción”, dijo el ahora embajador en Colombia. “No tengo ninguna duda de que hubo una sistematización en este caso: si se han encontrado más de cien niños sometidos a la sustracción de identidad, no es casual, no es un caso aislado. No fueron dos, ni cinco ni catorce: se está hablando de más de cien niños recuperados, de personas nacidas en cautiverio, creo que se debió no a una única decisión, la decisión existió en el proceder.”

Balza declaró por videoconferencia conectado a la sala de los Tribunales de Retiro. A pedido de la fiscalía volvió a hablar de un documento reservado del Ejército que él encontró en 1995 y disponía la incineración de archivos de la represión. Hizo especial hincapié en el proceso por el que se dio cuenta de las condiciones sistemáticas de la sustracción de niños, en una lógica que lo enfrentó con las defensas. Atentos a ese punto, corazón probatorio de la causa, los abogados apelaron a viejas declaraciones en busca de contradicciones. La abogada Alcira Ríos se quejó ante el Tribunal por esa suerte de exigencia de escaner de la memoria a más de veinte años de algunas de sus primeras palabras. Balza precisó el peso de las “órdenes verbales”. Y al final, amparado en un gesto del fiscal Martín Niklison, abandonó los cuidados personales para sumarse al escenario de las víctimas: “He recibido muchísimas, muchísimas amenazas de las que puedo dar cuenta”, dijo. Llamados anónimos. La expulsión del Círculo Militar. Y en 2003 una amenaza directa nada menos que de Pascual Oscar Guerrieri, ex jefe del Batallón 601, jefe del centro clandestino Quinta de Funes, antiguo compañero de promoción de Balza e imputado en otro juicio: “Hasta en el balcón de mi casa me tiraron un artefacto similar a una bomba, pero no me sorprende: en el caso mío fueron amenazas, en otro momento no eran solo amenazas” (ver aparte).

La quema de documentos

Balza declaró largo para la lógica del Tribunal Oral Federal 6. Habló más de tres horas, con momentos de tensión provocados por cruces entre defensores y querellas. En el comienzo, Niklison lo llevó a una clave: el hallazgo del documento reservado con una orden de Cristino Nicolaides, a pocos días de la asunción de Raúl Alfonsín, con la consigna de quemar documentos. Balza nunca encontró esos documentos. Pero la maquinaria burocrática del Ejército dejó rastros suficientes de la orden porque al menos ese papel no se destruyó.

“Recuerdo bien señor fiscal –dijo el embajador– que en un mensaje institucional del día 25 de abril de 1995 yo insistía en que aquel que tuviera algún conocimiento relacionado con listas o documentos las hiciera llegar, que yo tomaba la responsabilidad de entregar todo a la Justicia.” Y dijo: “Estábamos en plena vigencia de los indultos, pero tomé conocimiento de un solo documento: una orden militar impartida por el entonces comandante en jefe del Ejército, firmada por la segunda autoridad, el general Calvi”.

Una pantalla mostró el documento ampliado a la sala. La orden se daba mientras Reynaldo Bignone repetía lo mismo desde el Ejecutivo para todas las Fuerzas Armadas. “Eran muy amigos”, explicó Balza. “En mi opinión quien lo pone de presidente a Bignone es Nicolaides y me parece que este tema de las listas, como dijo Bignone en un libro, es un acuerdo entre los dos: no se desconocía la intención clara de borrar el acervo histórico de la institución y también del país.” O, como lo dijo antes: “Para tratar de borrar la memoria histórica”.

Quién dijo qué y cómo fue esa orden al parecer quedó escrito en un libro del propio Balza del que dio cuenta en la audiencia. Ahí refiere, a su vez, a un libro de Bignone y el acuerdo con las otras Fuerzas para no presentar listas: “Lo afirmó Bignone en su libro”, dijo Balza. “Y dijeron que no iban a dar esas listas porque si no venían preguntas de quién los mató, dónde están.”

Robo de bebés

El juicio no intenta probar casos aislados de robos de niños, sino la trama de sistematicidad. En ese sentido, el testimonio de Balza fue importante para las querellas. Citó como punto de origen un llamado del juez Adolfo Bagnasco que en el año 2000 lo llamó como testigo en una causa. En el despacho le pidió que leyera documentación de Inteligencia. “Leí la declaración de médicos, enfermeras, de personas, después de todo lo que leí le dije al juez que eso respondía a una sistematización: un plan no necesita de una orden escrita, tiene la misma validez una orden escrita o una orden verbal.” Y consultado en ese punto por el abogado Alan Iud, de Abuelas de Plaza de Mayo, sobre el peso de órdenes que sin papeles parecen fantasmas imposibles de probar y argumentos de los que se vale la defensa para decir, por estos días, que si hay órdenes muestren los papeles, Balza homologó uno y otro tipo de mandato y dijo que, por ejemplo, en Malvinas, las órdenes verbales tuvieron el mismo peso que las escritas.

“De todo lo que leí había una sistematización –insistió– y si mal no recuerdo no había un número, pero eran varias parturientas que entraban al Hospital (de Campo de Mayo) con una guardia: la norma es que todo lo que entra y sale tiene que estar registrado en libros, en este caso no se anotaba ni el vehículo. Por lo menos nunca tomé conocimiento de los registros. Tendrían que estar quienes entraban ahí. Quién conducía: nada de eso constaba. Las parturientas eran atendidas en un lugar como Epidemiología: y yo no soy experto en la materia, pero no era el lugar para atender embarazadas.”

Balza estuvo en Campo de Mayo entre enero y septiembre de 1978, a su regreso de Perú. Enseñó artillería para una guerra “convencional”, insistió y dijo que era porque en ese momento había quedado planteada la hipótesis de guerra con Chile. Y la necesidad de una guerra “convencional” y “no de la otra”, explicó. En Campo de Mayo, supo que había un “lugar de reunión de detenidos”, el eufemismo con el que se hablaba de los centros clandestinos. Explicó que el lugar tenía acceso restringido, que estaba en medio del predio, pero también dijo que nunca lo vio. Los abogados de Abuelas buscaron hacerle explicar un nuevo dato: la relación entre el Hospital Militar y el Comando de Sanidad. Los abogados de Omar Riveros dicen que como el Hospital dependía del Comando de Sanidad, Riveros no tuvo incidencia en ese espacio. “Balza dijo que la relación entre el hospital y el comando existía en cuestiones médicas, pero no operativas –dijo Iud–: con lo que dio a entender que se estaba refiriendo a lo que planteó como irregularidades.”