La Legislatura porteña comenzó a debatir ayer un proyecto del macrismo para prohibir la actividad de los cuidacoches y limpiavidrios en la vía pública e imponer penas de multa y hasta cinco días de arresto a quienes desarrollan esas tareas. El oficialismo sacó un despacho de minoría mientras que la oposición intenta consensuar una iniciativa para regular, primero, la actividad de los cuidacoches, también llamados “trapitos”.

El PRO logró aprobar ayer un dictamen favorable al proyecto en la Comisión de Justicia, con el voto de sus cinco legisladores, pero ese texto podría quedar en minoría si los opositores –que son ocho, pero de siete bloques distintos– logran consensuar una iniciativa para crear un registro de personas que trabajan en la asistencia para el estacionamiento de vehículos. Se ampliaría así el actual sistema de “tarjetas azules” que se aplica en calles de algunos barrios.

“No se puede empezar por la sanción si todavía no está reglamentada la actividad”, dijo a Página/12 la diputada Gabriela Alegre (Frente para la Victoria). El Código Contravencional ya sanciona a quien exige retribución por el estacionamiento o cuidado de vehículos en la vía pública, con penas de hasta dos días de trabajo de utilidad pública o multas de 200 a 400 pesos, y duplica la sanción cuando se demuestra que existe una organización previa de la actividad. “Pero no se aplican estas sanciones en los casos de los grupos que cobran en los espectáculos masivos, que suelen trabajan con connivencia policial y la complicidad de los clubes de fútbol”, agregó la legisladora.

El diputado Martín Borrelli (PRO) atribuyó a la “ambigüedad” de la actual norma que “el 95 por ciento de las causas termine archivada porque se exige que el automovilista, que es el damnificado, haga la denuncia”. Si se aprueba el proyecto del oficialismo, basta con que se detecte a una persona en la tarea de cuidar autos, pida o no dinero, para labrarle el acta de contravención y, tras la audiencia, mandarla tras las rejas.

“No tiene sentido agravar las penas si no se hacen los operativos como corresponde”, cuestionó el diputado Sergio Abrevaya (Coalición Cívica), quien integra la Comisión de Asuntos Constitucionales, que también debe analizar el proyecto.

La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo hace un año y medio, pero el debate no prosperó. Ahora, tras el triunfo electoral, el PRO intenta convertirlo en ley antes del 10 de diciembre, cuando se renueva la composición del cuerpo. Además de la modificación del artículo 79 del Código, referido a cuidacoches, incluye un 79 bis, que prohíbe la actividad de quienes limpian vidrios en los semáforos a cambio de una ayuda económica.

“Es una actividad que suele esconder el descuidismo (o arrebato). Las mujeres (que manejan vehículos) están aterrorizadas”, fundamentó Borrelli. “La pobreza dejó de ser un argumento después de ocho años de crecimiento”, dijo, pero no aclaró cuáles son los planes alternativos de la Ciudad para las personas que ejercen la mendicidad en la vía pública.

La oposición rechazó de plano incluir ese punto en una reforma. Al respecto, Alegre respondió que “no hay estadísticas de delitos cometidos que justifiquen prohibir una actividad”.

“El PRO persigue a los pobres, pero no combate la pobreza”, dijo el diputado Francisco Nenna, en rechazo de la propuesta. “Cualquier persona que pida una limosna a cambio de una estampita o de limpiar vidrios puede terminar arrestada.” Por su parte, Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) estimó que “si mañana un afilador roba en una casa, van a querer prohibir a los afiladores”. Y sostuvo que la prohibición de una actividad que no constituye delito es “inconstitucional”.

Los diputados del PRO intentaron además tratar un proyecto que crea un registro de huellas genéticas de todas las personas que sean investigadas por algún delito. Pero no hubo dictamen. La oposición aceptaría que en ese registro sólo se incorpore a las personas condenadas por delitos graves, como violaciones y homicidios.