La petrolera YPF acusó al gobierno de Chubut de “trato injusto y desigual” hacia la compañía y “persecución sistemática”, en respuesta a la intimación del gobernador Martín Buzzi a que presente en no más de siete días “un descargo por haber incumplido compromisos de inversión y producción” en la provincia. La principal productora de hidrocarburos del país, convertida en filial de Repsol, rechazó dichos incumplimientos y amenazó con ir a la Justicia para accionar contra el gobierno chubutense. Paralelamente, y en el mismo sentido en que la semana pasada también se habían pronunciado otras provincias petroleras, ayer el gobierno mendocino intimó a YPF a que, en un plazo no mayor a treinta días, lleve adelante las inversiones comprometidas en los yacimientos Ceferino y Cerro Mollar Norte, en los departamentos de Rivadavia y Malargüe. La provincia cuyana presentó además un denuncia penal contra YPF “por omitir los pasivos ambientales en dos áreas situadas en el departamento de Luján de Cuyo”.

Mendoza complicó aún más la situación de YPF al exponerla a nuevas denuncias de incumplimientos en materia de inversiones y cuidado ambiental. Rolando Baldasso, ministro de Infraestructura de la provincia, explicó ayer en rueda de prensa que en las áreas Ceferino y Mollar Norte no se cumplió con el plan de inversiones comprometido. “Se ha notificado a la empresa YPF para que demuestre interés en revertir la situación a expensas de perder la concesión”, señaló el funcionario.

La información difundida por el gobierno de Mendoza da cuenta de que la inversión realizada por la empresa en Mollar Norte, desde 2005 a la fecha, apenas alcanzó 116 mil dólares, obteniendo una producción anual de 400 metros cúbicos de crudo. En Ceferino no concretó ninguna inversión. Pero YPF no es la única empresa que está bajo la lupa por su falta de inversiones: otras dos empresas del sector, Argenta y Geopark, son “seguidas de cerca” por las autoridades provinciales.

Por su parte, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia confirmó que presentó ante la Fiscalía de Estado una demanda contra YPF por no declarar pasivos ambientales en dos de sus reservas. La dependencia mendocina realizó una inspección en la que se detectaron distintas anomalías e irregularidades en las áreas de explotación La Ventana y Barrancas, ubicadas en el departamento de Luján de Cuyo.

Mientras desde la cordillera mendocina asomaba una nueva ofensiva de la Ofephi (provincias petroleras) sobre YPF, desde las costas patagónicas representantes de esta empresa trataban de contrarrestar la tormenta que había provocado la semana pasada Martín Buzzi con las primeras denuncias contra la petrolera de Repsol y el Grupo Eskenazi. A través de un comunicado, la firma expresó que “existe en apariencia un trato injusto y desigual y una persecución sistemática hacia la compañía”. En conferencia de prensa, el director de Comunicación de YPF, Sergio Resumil, descalificó los informes que acompañaron el decreto 271, suscripto el 1º de marzo por el gobernador Bu-zzi, en el cual se la acusa de incumplimientos en los yacimientos El Trébol-Escalante y Campamento Central-Cañadón Perdido. Resumil aseguró que “en el propio informe técnico que acompaña el decreto se consigna que en las dos áreas se registró en los últimos años un incremento significativo de inversiones” y agregó que “en ese lapso aumentaron también las reservas probadas y probables”.

El comunicado difundido por YPF señala que, de acuerdo con información de la Secretaría de Energía de la Nación, de las 37 concesiones otorgadas a distintas operadoras en Chubut, sólo ocho han tenido inversiones por encima de los diez millones de dólares. Entre ellas están las dos mencionadas en el decreto, asegura la compañía. Además, “hay diez concesiones de otras operadoras que no tienen producción alguna en 2011 y 19 que no registraron ninguna inversión en 2010 y sin embargo el gobierno de Chubut no adoptó con ellas ninguna medida y, en cambio, sí lo hace con YPF, que incrementó la inversión y las reservas”.

El ministro de Hidrocarburos, Ezequiel Cufré, señaló que “la Presidenta y el gobernador fueron muy claros, pero YPF no entendió el mensaje. Esperábamos otra cosa como comunicación de la operadora, creíamos que iba a haber una reflexión y esperamos la respuesta formal a nuestra intimación”. El funcionario opinó que “no es una buena estrategia la de

victimizarse ni la de ampararse en supuestos incumplimientos de otras empresas. No corresponde a YPF evaluar a otras operadoras, sino que ésa es una prerrogativa del gobierno provincial, y es con el pueblo del Chubut, no con el gobernador, con quien tiene obligaciones YPF”.

El decreto intima a YPF y prevé aplicar el artículo 80 de la ley 17.319, que establece que las concesiones caducan por “incumplimiento sustancial e injustificado de las obligaciones estipuladas en materia de productividad, conservación e inversiones”.