El directorio de YPF definirá mañana el destino que les va a dar a los 5296 millones de pesos que la petrolera ganó el año pasado y a unos mil millones de 2010 aún sin asignación. El director estatal de la compañía, Roberto Baratta, ya adelantó que se opondrá al reparto de dividendos y propuso constituir una reserva voluntaria para incrementar las inversiones. Ese planteo jaquea la estrategia financiera de la familia Eskenazi, que tomó deuda por más de 3500 millones de dólares para comprar el 25,46 por ciento de YPF y viene cancelando sus obligaciones con las ganancias que obtiene de la firma. Los españoles de Repsol también se verían perjudicados, porque son los accionistas principales, con el 57,4 por ciento, y obtienen una tajada acorde con ese porcentaje. Además, son acreedores de los Eskenazi. Lo más probable es que la propuesta oficial sea descartada. No obstante, si se confirma el rechazo, el Gobierno podría apelar a otras medidas para bloquear el reparto de las ganancias.

En febrero de 2008, la familia Eskenazi adquirió el 14,9 por ciento de YPF por 2235 millones de dólares. Para concretar la operación, se financió con el aporte de las entidades financieras Crédit Suisse, BNP Paribas, Goldman Sachs y Banco Itaú. Además, la propia Repsol aportó 1015 millones de dólares mediante el otorgamiento de un crédito que complementó el aporte bancario. En noviembre de ese año, los Eskenazi pusieron cien millones de dólares para elevar su participación al 15,46 por ciento. Pagaron 13,5 millones de dólares por acciones representativas de un 0,1 por ciento de YPF en manos de Repsol y otros 89,8 millones por un 0,46 por ciento de acciones mediante una oferta pública de adquisición. Finalmente, en mayo del año pasado, hicieron uso de la opción que tenían por otro 10 por ciento de la firma y elevaron su participación al 25,46 por ciento actual.

La compra de ese último 10 por ciento también la concretaron con dinero prestado. Le pagaron a Repsol 1304 millones de dólares, pero 690 millones los financiaron los mismos cinco bancos que intervinieron en la primera operación (Crédit Suisse, BNP Paribas, Goldman Sachs y Banco Itaú) y el resto se lo prestó Repsol. En ese momento, Enrique y Sebastián Eskenazi, vicepresidente y CEO de YPF respectivamente, estuvieron a punto de dar marcha atrás porque ya sabían que los dólares en el país habían comenzado a escasear y cualquier cortocircuito con el Gobierno podía dejarlos expuestos, pero finalmente la compra se cerró.

Durante los últimos cuatro años, la familia Eskenazi fue pagando parte de los más de 3500 millones de dólares que tomó prestados, y sus correspondientes intereses, con las ganancias que generó YPF. Es por eso que la firma repartió en ese período cerca del 90 por ciento de sus ganancias entre los accionistas. En noviembre del año pasado, el Gobierno objetó por primera vez que se reparta ese porcentaje de las ganancias como dividendos. Finalmente Repsol y los Eskenazi impusieron su voluntad, pero la relación con el kirchnerismo se rompió.

Ahora la intención oficial es impedir que se concrete otro giro de utilidades de esa magnitud. Roberto Baratta lo expresó en la última reunión de directorio, realizada el 8 de marzo, y también se lo dijo a la agencia Reuters. “Hasta que la producción de la empresa no mejore, sí o sí las utilidades tienen que ir a inversiones”, sostuvo. El monto en disputa son 5296 millones de pesos del año pasado y otros mil millones de dólares correspondientes al ejercicio 2010, aún no asignados.

Cuando Baratta fijó su posición, el pasado 8 de marzo, Repsol y los Eskenazi propusieron postergar la definición. El argumento fue que necesitaban un plazo adicional para evaluar distintas alternativas, incluyendo la del Gobierno. En discusiones que se dieron en otras firmas, los directores estatales convalidaron un reparto de utilidades entre los accionistas por un monto cercano al 20 por ciento de las ganancias. Por lo tanto, es probable que Baratta esté dispuesto a flexibilizar un poco su posición. Sin embargo, es difícil que Repsol y los Eskenazi acepten incluso ese tope.

Si proponen un reparto de utilidades mayor, el Gobierno posiblemente mañana vote en contra, pero no podrá evitar que el directorio eleve esa propuesta a la asamblea para su aprobación. No obstante, eso no significa que no tenga otras cartas en la manga para bloquear el reparto, acelerando la definición del conflicto que mantiene con la conducción de YPF.

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