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Según el ministro de Salud Pública de Corrientes, algunas niñas buscan quedar embarazadas para obtener una retribución económica. También habría afirmado que estaba en contra del reciente y necesario fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aclaró el significado del controvertido artículo 86 del Código Penal respecto de la legalidad del aborto en casos de violaciones. En ese sentido, habría manifestado que no comparte esa decisión, porque “se deja una puerta muy grande a la mentira”. Estimo que se refiere a aquella idea que algunos tratan de instalar respecto de que las mujeres van a mentir respecto de la violación para habilitar la opción del aborto legal.

En el mundo del revés, las mujeres víctimas de violación, abuso y la acción denigrante de algunos y de la omisión reprobable de muchos –en especial del Estado– son señaladas como sospechosas y merecen la mirada inquisidora por parte de funcionarios públicos.

No importa la repetida ausencia de políticas activas para garantizar el efectivo acceso integral a la salud, educación e información necesaria para prevenir los embarazos adolescentes y evitar la violencia ejercida contra las niñas.

No importan los repetidos casos de abusos sexuales y violaciones de los cuales son víctimas mujeres adolescentes y niñas. No importan las almas que son robadas tempranamente a la inocencia del juego y que son brutalmente forzadas a la sexualidad.

No importa que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en abril del año pasado condenó a la Argentina por considerar que la omisión del Estado, al no garantizar a una niña con discapacidad –que había sido violada– el derecho a la interrupción del embarazo, conforme a lo previsto en el artículo 86, inc. 2 del Código Penal, le causó un sufrimiento físico y moral contrario a los estándares de derechos humanos a los cuales la Argentina está obligada, según la normativa internacional de derechos humanos (además incorporada en la Constitución Nacional por vía del art. 75 inc. 22). No importa que Naciones Unidas a través del Comité le solicitó a la Argentina que prevenga situaciones similares en el futuro.

En el mundo del revés, al desamparo y al sufrimiento de la víctima le sumamos la inmoralidad de culpabilizarla.

* Abogado, investigador del Centro de Derechos Humanos UNLA. Profesor en la Maestría Derechos Humanos UNLP. Consultor de Naciones Unidas. Especialista en temas de niñez y juventud.