Las dos llaves maestras de la coalición conservadora-liberal demócrata –el ajuste y la inversión privada– no han sacado al Reino Unido del estancamiento. En un intento de revivir el languideciente dinamismo del sector privado y evitar que la economía caiga en su segunda recesión en tres años, el primer ministro David Cameron anunció ayer que privatizará las carreteras del Reino Unido “para reparar años de degradación de la infraestructura nacional”. En la misma vena, la semana pasada se anunció un programa especial gubernamental para estimular al moribundo sector de la construcción. Son medidas puntuales. La estrategia a mediano plazo quedará clara mañana, cuando el ministro de Finanzas, George Osborne, presente su presupuesto en la Cámara de los Comunes.

La realidad ha chocado con la teoría de la coalición que justificaba el draconiano ajuste anunciado en octubre de 2010 por la necesidad de inspirar confianza en los inversores y evitar que el estado crowd out (desplazara) la iniciativa privada. La economía creció un deslucido 0,8 por ciento el año pasado, con salarios congelados en el sector público, aumentos acotadísismos en el sector privado y una inflación que supera el 4 por ciento. Para mayor oprobio, la agencia de calificación Fitch se sumó la semana pasada a Moody y redujo el pronóstico económico del Reino Unido de “estable” a “negativo”. Esta revaluación fue un golpe para un gobierno que justificó el ajuste por la necesidad de mantener la graduación crediticia AAA que garantiza préstamos a menor interés. Las chances de que esto suceda son hoy apenas un 50 por ciento, de acuerdo al City AM, diario editado por la city de Londres.

La salida a este embrollo económico es una suerte de keynesianismo de derecha: el estado interviene para que el sector privado haga un gran negocio con su inversión en obra pública, estimulando de paso la economía con la creación de empleo. En el caso de las rutas, las compañías privadas que ganen la licitación tendrán que efectuar un pago inicial y recibirán una remuneración anual del Estado por el mantenimiento de las carreteras y la reparación de puentes. Según el gobierno, no podrán cobrar peaje para solventar la inversión y tendrán que demostrar al regulador la calidad del mantenimiento de las carreteras y una reducción en la congestión del tráfico. Pero el primer ministro David Cameron admitió que se estaba estudiando el cobro de peaje por la inversión en nuevas rutas. La Asociación de Motoristas advirtió que el plan “va a conducir a la privatización de las carreteras”.

El plan para estimular el mercado de la vivienda, fundamental en la dinámica económica británica desde los años del thatcherismo, tiene la misma dosis de generosidad estatal hacia el sector privado. El gobierno, en conjunción con la Federación de la Construcción, va a garantizar los préstamos bancarios para los que buscan adquirir su primera vivienda. La medida disminuirá drásticamente el depósito exigido y las tasas de interés permitiendo que unas 100 mil personas, actualmente excluidas, tengan acceso al mercado inmobiliario.

El plato fuerte de medidas se espera mañana con el presupuesto. En medio de la maleza de versiones está claro que el plan de “consolidación fiscal”, eufemismo para ajuste, continuará adelante. El problema es que hoy todos los sectores le están pidiendo a la coalición una estrategia pro-crecimiento. Cerrado por el ajuste el grifo de la inversión fiscal, el gobierno está apuntando a una reducción del impuesto a los más ricos para que se produzca el mítico efecto cascada o derrame de riqueza por medio de un aumento de la inversión y el consumo.

En un momento en que el gobierno proclama a los cuatro vientos que “estamos todos juntos en el ajuste”, esta reducción es políticamente explosiva. El ministro de Finanzas, George Osborne, quiere compensarla con el anuncio de un combate a la evasión y elisión fiscal y con una elevación del umbral a partir del cual se pagan impuestos que pasaría de 8105 libras a 10000 libras. Según la coalición este nuevo umbral favorecerá a los más necesitados. Según el Instituto de Estudios Fiscales, la tercera parte más pobre de la sociedad no gana nada con el anuncio ya que sus ingresos están por debajo de ese umbral: lo mismo sucede con los pensionados. “El costo de esta medida será más de 5 mil millones de libras y los más favorecidos son el 20 por ciento más rico de la población, que recibirá una nueva dádiva impositiva”, señaló en el The Guardian la comentarista Polly Toynbee. Más allá del debate, es poco probable que estas medidas sean el estímulo económico que necesita el Reino Unido para salir del pantano cuando todavía faltan por ejecutar medio millón de despidos en el sector público y el desempleo abarca a un 8,4 por ciento de la población.