El Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires no logró construir el quórum necesario para tratar, en la Cámara de Diputados, un conjunto de modificaciones impositivas que impulsa el gobierno de Daniel Scioli. La oposición bonaerense no bajó al recinto y frustró la implementación de los cambios en comunión con el reclamo de las cámaras patronales agropecuarias. Hoy por la mañana volverán a intentar sesionar.

Los cambios que impulsan las autoridades provinciales contemplan, junto con el incremento en ingresos brutos y sellos y la ampliación en la capacidad de endeudamiento, la actualización de las valuaciones fiscales de los campos. Ese ítem representa solamente 300 millones de pesos sobre un total de 2600 millones de pesos adicionales que espera recaudar la provincia este año. Sociedad Rural, Federación Agraria y Carbap presionan para evitar que las modificaciones avancen. Si bien el incremento en el impuesto inmobiliario rural no es “significativo”, el alza en las valuaciones fiscales congeladas hace más de 15 años llevará a varios terratenientes a pagar bienes personales y ganancia mínima presunta a nivel nacional.

A pesar de las movilizaciones de apoyo convocadas por intendentes y movimientos sociales, la presión de las cámaras patronales agropecuarias logró frustrar el tratamiento legislativo del proyecto. La Cámara baja bonaerense posee 92 bancas y para comenzar la sesión se requería la presencia de 47 legisladores. En la conducción del bloque del FpV aseguraban ayer que consiguieron, junto con sus aliados, 46 diputados. Con ese escenario, los partidos opositores –UCR, FAP, PRO, Unión Celeste y Blanco y Coalición Cívica– se negaron a bajar al recinto, como sucedió el jueves pasado.

Hoy propiedades que tienen un precio de mercado de 10 mil dólares la hectárea poseen un valor fiscal que no supera los 400 dólares por hectárea. La iniciativa corrige esas distorsiones y la valuación fiscal –cifra utilizada para determinar cuánto se paga de impuesto– pasa a representar, en promedio, un 50 por ciento de su cotización de mercado. El impuesto promedio anual pasará de 46 pesos a 76 pesos por hectárea.

La semana pasada, un grupo de empresarios agropecuarios, encabezados por el titular de Sociedad Rural, Hugo Biolcati, intentaron forzar el ingreso a la Legislatura bonaerense e impedir el tratamiento del proyecto, forcejeando con la policía y militantes de La Cámpora. Ayer, no hizo falta ningún arrebato para frustrar el tratamiento legislativo. De todas formas, los terratenientes se movilizaron a la Legislatura, reclamaron una audiencia con Scioli que no se concretó y amenazan con realizar un paro si se aprueba la reforma (ver aparte).

Si se implementan los cambios y actualiza el valor fiscal de la tierra, congelado hace 15 años, el impuesto inmobiliario rural aumentará, en promedio, 40 por ciento. Sin embargo, en más de la mitad de los casos, el monto que pagarán los terratenientes será menor o igual al vigente. Además, explican en el equipo económico bonaerense, el 48 por ciento de los recursos que se recauden por todas las modificaciones irán directamente a los municipios. Sin embargo, la reforma no consigue el apoyo de los legisladores opositores.

Mientras que el gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, promueve una reforma similar en su provincia donde actualiza el valor fiscal de la tierra, sus correligionarios del FAP bonaerense (encabezado en Buenos Aires por el GEN de Margarita Stolbizer) fortalecen sus alianzas con la oligarquía terrateniente y frustran el tratamiento legislativo del proyecto. Al mismo tiempo, si bien la reforma cuenta con el apoyo de los intendentes radicales, las internas partidarias del próximo 24 de junio, donde se renovarán las autoridades provinciales, limitan la voluntad y capacidad de los intendentes para interceder en favor de la reforma.