El juicio oral por las escuchas ilegales dejó de ser una posibilidad lejana en el horizonte de Mauricio Macri desde esta semana, ya que el juez federal Norberto Oyarbide comenzó a notificar a las querellas que daba por completada su investigación y que las responsabilidades en el espionaje estaban demostradas. De acuerdo con esta definición y al mapa que quedó trazado en el expediente, tarde o temprano tendrían que sentarse en el banquillo no sólo el jefe de Gobierno porteño, sino su ex jefe de policía, Jorge “el Fino” Palacios; el ex policía y espía Ciro James; el ex ministro de Educación de la Ciudad Mariano Narodowski; más un grupo de agentes policiales y funcionarios judiciales de Misiones. Los principales delitos por los que llegarían a juicio son asociación ilícita y violación de secretos y de la privacidad (a través de la “interceptación indebida” de comunicaciones).

Uno de los datos más comprometedores para Macri es que entre las personas espiadas estaba su propio cuñado, el parapsicólogo Daniel Leonardo, casado con Sandra Macri. Pero las pinchaduras fueron al menos una decena, y en su puesta en práctica tuvieron un papel fundamental –según determinó el juez– Palacios y el espía James, que tenía un contrato de 6 mil pesos como asesor en la cartera de Educación porteña, aunque allí era un empleado fantasma. Otra de las intervenciones telefónicas más elocuentes fue la que tuvo como blanco a Sergio Burstein, dirigente de Familiares de AMIA, que se oponía con fuerza a la designación del Fino al frente de la Policía Metropolitana en parte por su papel en el encubrimiento del ataque terrorista a la mutual judía. Palacios fue y siguió siendo alguien muy cercano y de gran confianza para el líder de PRO.

Leonardo y Burstein son dos de los querellantes de la causa a quienes Oyarbide notificó su decisión de dar por concluida la “instrucción” del caso. En una pequeña resolución les informó que tienen un plazo de seis días (prorrogable por otros seis dada la complejidad del caso) para decir si están de acuerdo con la elevación a juicio o si piensan que hay medidas de prueba pendientes de realización. También le pidió opinión al fiscal Jorge Di Lello, aunque en la pesquisa tuvo una importante intervención (como coadyuvante) el fiscal de AMIA, Alberto Nisman, debido a que el expediente se inició (en octubre de 2009) por una llamada anónima recibida en la casa de Burstein, que atendió su hija, a quien le advirtieron que a su papá lo estaba escuchando el Fino Palacios.

Oyarbide señaló en el breve texto que el propio Macri había pedido apurar la elevación a juicio oral al igual que la defensa de Mónica González, secretaria de un juzgado de Posadas. ¿Por qué ahora? Para despejar ese interrogante, el juez sostuvo que está en juego la garantía de un plazo razonable, es decir, que no se demore la causa porque tanto los imputados como las víctimas tienen derecho a un pronto esclarecimiento.

Igual que cuando tuvo su primer procesamiento por las escuchas, Macri dijo que “Oyarbide responde al kirchnerismo absolutamente” en sus decisiones. Volvió a la teoría de que la causa respondía a una maniobra del Gobierno, reiteró que es “un invento” cuyo objetivo es “complicarle el día a día” de su gestión (ver aparte).

Un sistema aceitado

En la investigación judicial, sin embargo, quedó comprobado que las escuchas existieron, y que se hicieron mediante un sincronizado sistema que las hacía pasar por intervenciones telefónicas legítimas en el marco de un expediente penal. Todo empezaba en Misiones, donde James tenía contactos en la policía y la Justicia, a quienes entregaba los nombres de las personas a las que espiarían. Allí se les abría una causa judicial inventada, por ejemplo por homicidio, y en ese contexto un juez ordenaba las escuchas. Las grabaciones luego las retiraba James en persona de dependencias de la Secretaría de Inteligencia (SI) en Capital Federal. El joven espía conocía a Palacios de los tiempos en que ambos coincidieron en la División de Investigaciones de la Policía Federal. En la etapa de las escuchas en cuestión, James y Palacios llegaron a hablar por teléfono casi 200 veces en el transcurso de tres meses, y además lo hacían –según determinó la pesquisa– en horarios coincidentes con el retiro de grabaciones de la SI, y a veces incluso en horas de la noche, lo que demostraría una relación de confianza. Palacios mintió sobre el tema: dijo que James sólo lo llamaba para ingresar a la Metropolitana, pero ni la cantidad ni el horario (a veces después de las 22) se compadecían con sus dichos. Narodowski también se comunicaba directamente con James. No logró explicar 68 llamadas, ni de qué trabajaba el ex policía en su ministerio, donde lo nombró, y por eso fue considerado también parte de la asociación ilícita.

Para el juzgado fue relativamente sencillo confirmar la existencia de las escuchas porque se habían hecho desde el aparato de la SI y estaban documentadas en expedientes judiciales truchos. Para detectar quiénes las organizaban y lograban su realización, se hicieron entrecruzamientos telefónicos y se analizó la ubicación de los celulares de los principales sospechosos. Así se corroboró que James solía visitar el edificio del Ministerio de Seguridad porteño, donde también tenían su oficina Palacios y su equipo, algo que se corroboró con las imágenes internas de esa dependencia. El ex policía tenía una promesa de ingreso a la Metropolitana, pero aún no tenía nombramiento concreto en la etapa del espionaje, que incluso comenzó cuando esa fuerza era apenas un proyecto que Macri le confió a Palacios.

Otras víctimas del espionaje –algunos también querellantes– que identificó la investigación penal fueron el empresario televisivo Carlos Avila, su yerno Federico Infante (directivo de TyC Sports), dos ejecutivos de Supermercado Coto, el abogado Francisco Castex, Susana Saint Porres (esposa de un importante anticuario), Daniela Rocca (vinculada con un empresario de medios) y Jorge Navarro (hermano de Juan Navarro, del Exxel Group). Los períodos de duración de las pinchaduras eran variables. Podían ser días, semanas o meses, según el caso. La causa no avanzó demasiado en cuanto a quiénes eran las personas que encargaban las escuchas. Pero según concluyó el juzgado, y luego confirmó la Cámara Federal, se podía advertir un interés de Macri y de Palacios en relación con las escuchas a Leonardo y a Burstein. La intervención al parapsicólogo, para colmo, coincidió con el nombramiento de James en Educación. Aunque no lo afirmó taxativamente, el jefe de Gobierno sugirió que detrás de esa escucha estaba su padre, Franco Macri, quien apostaba a que su hija se divorciara exhibiéndole detalles de la vida íntima y las preferencias sexuales de su esposo.

La Sala I de la Cámara Federal fue más dura que Oyarbide al confirmar el procesamiento de Macri, en julio de 2010. Lo responsabilizó del “armado” de lo que describió como “una estructura de inteligencia subterránea” y “prohibida por la ley” vinculada con la Policía Metropolitana. Su función en la organización ilícita, dijo el tribunal, fue “asegurar que la matriz del aparato clandestino de inteligencia se instale en su gobierno, se nutra de recursos y, de tal suerte, pueda funcionar”. Para los camaristas (Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero) las escuchas a Leonardo y Burstein eran la confirmación de esa matriz, y el jefe de Gobierno “sabía y participó de esas dos intervenciones”.

El mismo tribunal tiene pendiente resolver otra cuestión (que no afecta la elevación a juicio): la situación procesal de Palacios y de Osvaldo Chamorro, su segundo en la Metropolitana y socio en la consultora Strategic Security Consultancy, desde cuyas oficinas –mientras ambos revistaban en la fuerza porteña– pidieron informes patrimoniales y financieros de legisladores opositores al macrismo y sindicalistas, e incluso del jefe de gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta. Oyarbide procesó a Palacios por violación de secretos por esas averiguaciones, pero sobreseyó a Chamorro, cuya imputación insiste en reclamar Burstein.

Misterio en Casación

Palacios y James pasaron un año presos debido a esta causa, y fueron liberados para las fiestas en 2010. Oyarbide nunca definió si la asociación ilícita tendría o no jefes u organizadores, pero no sería imprescindible. En la lista que notificó a las partes enumera que además de ellos dos y de Macri, los otros imputados que pueden ir a juicio son Narodowski, un grupo de policías de Misiones, el juez de esa provincia José Luis Rey (había otro juez implicado que falleció, Horacio Gallardo) y una empleada judicial. Ellos se pueden oponer a la elevación a juicio oral, pero en teoría no pueden apelarla. Todo el trámite puede llegar a demorar un mes o más.

Con todo, un juicio no podría empezar si la Cámara de Casación Penal no resuelve cinco recursos pendientes que fue acumulando en los últimos dos años. Todavía hay dos recusaciones de Macri contra Oyarbide sobre las que no se pronunció; hay un reclamo de James para que se investigue el origen de la causa (quiere saber si fue alguien de la SI quien hizo el llamado anónimo a la casa de Burstein alertando sobre la escucha); se suma un pedido de algunas ONG para acceder a la causa; y lo más llamativo es que desde septiembre de 2010 hay un recurso de queja del jefe de Gobierno contra su procesamiento. Este último planteo viene trabando todo, ya que cuatro jueces se fueron apartando con distintas excusas para no intervenir. Recién el 9 de mayo último aparentemente quedó conformada una sala con Eduardo Riggi, Raúl Madueño y Ana Figueroa. Ninguno de los planteos en danza suele ser materia de análisis de Casación, que sólo se limita a revisar sentencias definitivas o asuntos de gravedad institucional (aunque en este caso ni siquiera hubo riesgo de destitución) o privaciones de la libertad. Aunque en el mundo de tribunales todo es posible, por ahora parece que el caso de las escuchas tendrá su juicio.