Eso que los organismos de derechos humanos de Jujuy dicen que recién está empezando, empieza hoy: esta tarde y durante el día de mañana deberán presentarse en la Justicia Federal a prestar declaración indagatoria los directivos del emblemático ingenio Ledesma por la participación en la privación ilegal de la libertad de militantes y obreros de lo que se conoce como La Noche del Apagón, de julio de 1976. Después de siete años de parálisis judicial, el nuevo juez federal, Fernando Poviña, citó para las cinco de la tarde de hoy a Alberto Lemos, ex administrador de la empresa, y para mañana a la misma hora al todavía director del consorcio, Pedro Blaquier. Los organismos de derechos humanos y los movimientos sociales y políticos jujeños se movilizarán para acompañar ese proceso desde las calles. En una conferencia de prensa realizada ayer, enviaron un mensaje: “Pidieron no dar motivos” para que los empresarios encuentren una excusa para no ir a declarar.

“Hicimos una conferencia de prensa para exhortar a la población a que se quede tranquila”, dijo Inés Peña, la titular de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy en diálogo con Página/12. “Para nosotros es un día histórico; que hayan sido citados a indagatoria y estén sentados declarando Blaquier y Lemos es reparatorio para los familiares, las víctimas y para la memoria social, porque recordemos lo que significa Ledesma, esta empresa antigua, con más de cien años de mantener todo el poder económico, con el sojuzgamiento de trabajadores y obreros. La idea de la conferencia fue transmitir esa información: esperar estos dos días con tranquilidad y decir que seguimos firmes con este proceso que recién se inicia, porque esto va a continuar, estamos expectantes y atentos para ver cómo sigue el desarrollo de las instancias judiciales.”

Durante el día de ayer se supo que Poviña rechazó un pedido del abogado de Lemos para que el ex administrador del ingenio declare en otro lugar. Blaquier, hasta anoche, no había presentado abogados, según la información que manejó la querella y la fiscalía federal. Se supone que, tal como todo está dado, debería presentarse el viernes a declarar. En este momento, el empresario tiene prohibida la salida del país, pero las querellas no saben si efectivamente está en la Argentina.

Uno de los cambios de último momento fue el horario de las indagatorias. Estaban previstas para la mañana, pero el juzgado decidió cambiarlas para las cinco de la tarde. Los querellantes evaluaron que, sabiendo de las movilizaciones, el juzgado optó por ese horario para evitar que las concentraciones confluyan en las zonas del centro en los horarios más complicados. Justamente ése es uno de los fantasmas que preocupaba a los funcionarios de la Justicia durante estos días. Atribulados por los recuerdos del momento en el que se hizo la indagatoria a Luciano Benjamín Menéndez (hubo incidentes y la policía terminó reprimiendo con gases lacrimógenos), desde el juzgado creyeron que podía ser posible que ese escenario se repitiera. Para evitarlo, pero sobre todo para concentrar la energía donde tienen que ponerla, las organizaciones hicieron una reunión el sábado pasado y acordaron los movimientos. Habrá concentraciones y movilizaciones en el centro, pero no llegarán hasta el juzgado federal. Estarán los organismos de derechos humanos, también la Túpac Amaru de Milagro Sala y la CCC, por un lado, y una escisión de la Corriente Clasista y Combativa y el PO con el Perro Santillán, en otro, aunque ninguna avanzará más allá de los sectores acordados.

“No se llega hasta el juzgado para evitar que los indagados digan que no pudieron llegar”, explica el abogado Pablo Pelazzo, representante de la querella. “Y se hacen porque se sostiene que las organizaciones sociales de Jujuy tienen como tradición hacer sus demandas de justicia con la gente en la calle, como sucedió el último 24 de marzo, cuando más de 70 mil personas movilizadas consiguieron la renuncia del juez Olivera Pastor, que fue uno de los responsables de las parálisis de estas causas.”

El martes pasado, en tanto, Inés Peña y Martha Alcoba, entre otros, presentaron en Buenos Aires un reclamo por las actividades de espionaje ilegal llevadas a cabo por la empresa Ledesma en la conmemoración de la Marcha del Apagón de 2005. En una visita al Ministerio de Seguridad de la Nación, hicieron una denuncia y una copia del hábeas corpus colectivo que prepararon por todas las personas investigadas por la compañía. Los papeles aparecieron en los allanamientos que ordenó el juzgado el 26 de abril pasado en las oficinas ligadas al consorcio de Blaquier.