La investigación sobre el vicepresidente Amado Boudou, su socio y amigo José María Núñez Carmona y el titular de la ex Ciccone Calcográfica, Alejandro Vandenbroele, quedó concentrada en un solo expediente, cuya instrucción no va a estar delegada en ningún fiscal, sino que la llevará adelante el propio juez Ariel Lijo. El magistrado acumuló los expedientes en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito de Amado Boudou, cuyo fiscal es Jorge Di Lello. De esa manera, el fiscal Carlos Rívolo quedó apartado de la investigación y el juez ni siquiera tuvo que tratar su recusación. Lijo dio los primeros pasos en la pesquisa pidiendo datos de todas las cuentas bancarias de los imputados, certificación de sus bienes en los registros de la propiedad inmueble, pero también en automotores y buques, así como las declaraciones juradas y los elementos que tiene la AFIP. En su tercera resolución de ayer, convalidó el allanamiento a un departamento de Puerto Madero, propiedad de Boudou.

Hasta el momento, la Justicia Federal tenía dos causas en las que se investigaba al mismo grupo de personas: la del supuesto enriquecimiento ilícito de Amado Boudou y la de un eventual tráfico de influencias en el levantamiento de la quiebra de Ciccone Calcográfica.

En este último expediente fue apartado el juez Daniel Rafecas y el sorteo determinó que la causa recayera en Ariel Lijo, que ya tenía la investigación por el enriquecimiento ilícito. Un veterano juez de Comodoro Py dijo a este diario que lo hecho ayer por el magistrado fue de manual: no tenía sentido tener dos causas en el mismo juzgado con las mismas personas investigadas.

En su breve resolución, Lijo declara la conexidad de la causa 1302 (la de Ciccone) con la 1999 (la del enriquecimiento ilícito), de acuerdo con el artículo 41 del Código Procesal Penal. La norma en cuestión dice que se puede declarar la conexidad cuando los investigados son los mismos en ambos expedientes: efectivamente, en las dos causas la pesquisa se centra en Núñez Carmona, Vandenbroele y Boudou, más allá de que hay otras personas investigadas. La primera regla de conexidad indica que los expedientes se acumulan en la causa que tiene penas más graves, que –según el criterio del magistrado– es la de enriquecimiento ilícito.

Lo resuelto por Lijo constituye una carambola:

- Deja afuera de la causa al fiscal Rívolo, cuestionado por la defensa de José María Núñez Carmona y también por la Cámara Federal. Diego Pirota, defensor de Núñez Carmona, había puesto el acento en que Rívolo “fue el eje del armado de una causa mediática”. Entre otros elementos, citó que llevó adelante un allanamiento –firmado por Rafecas– de un departamento propiedad de Boudou, cuando podía haber obtenido la misma información citando a declarar al portero y los vecinos o pidiendo informes a la administración. También sostuvo que Rívolo le dio inmediata repercusión mediática al hallazgo de un recibo de expensas, cuando regía el secreto del sumario. Rívolo negó enfáticamente todas esas acusaciones.

- Con lo resuelto ayer, Lijo ni siquiera necesitó evaluar el comportamiento del fiscal, porque con la unificación declaró abstracta la recusación. Dedicó un texto a criticar al abogado Pirota señalándole que incurría en agravios contra el fiscal, lo que “por lo general, sólo deja en evidencia la falta de fundamentación”. Pero la movida tiene un resultado concreto: Rívolo está apartado y el fiscal del expediente unificado será Di Lello.

- Lijo concentrará la investigación de acá en adelante. La causa Ciccone estaba delegada en el fiscal Rívolo, pero ese es justamente el expediente que se suma al de enriquecimiento ilícito. En este último, Lijo nunca resignó la instrucción, lo que suele ser su conducta habitual: no delega las investigaciones en los fiscales. De manera que retendrá la conducción de la pesquisa, y el fiscal Di Lello ejercerá las funciones habituales del Ministerio Público. Di Lello fue quien el lunes le pidió al juez que abra la investigación contra el vicepresidente sobre su patrimonio.

Para no dejar dudas de que va a conducir la pesquisa, en el mismo escrito en el que unifica las causas, el juez ya puso en marcha una serie de medidas que tienen que ver con los patrimonios de todos los investigados. Le pidió informes al Banco Central sobre las cuentas que Boudou, su pareja, Agustina Kämpfer, Núñez Carmona, Vandenbroele, Juan Carlos López y Sandra Rizzo, estos dos últimos socios de otras empresas en las que tiene participación el vicepresidente. También pidió la nómina de propiedades de esas mismas personas en el Registro de la Propiedad, en el Registro del Automotor, en el Registro de Buques, en el Registro de Aeronaves, en la AFIP; libró un exhorto a la Inspección General de Justicia para que informe sobre las sociedades que integran todos los mencionados, así como a la Unidad de Información Financiera a la que le preguntó si hay informes de operaciones sospechosas en las que hayan participado los imputados. A la Oficina Anticorrupción le pidió las declaraciones juradas de Boudou y a la Anses, una precisión sobre la fecha en la que ingresó a trabajar en ese organismo.

Por último, ayer el juez convalidó el allanamiento pedido por Rívolo y firmado por Rafecas de un departamento de Boudou en Puerto Madero. Sostuvo que Núñez Carmona, representado por Pirota, no tenía legitimación para pedir la nulidad del allanamiento, porque no fue el afectado. En segundo lugar, el juez consideró que no se trataba del domicilio del vicepresidente, por lo que no rigen los fueros en esa propiedad.