El Senado convirtió en ley el nuevo formato del documento nacional de identidad. A partir de su promulgación, dejará de emitirse el soporte en libreta y se utilizará únicamente una tarjeta plástica. Con 41 votos a favor y 22 en contra, se modificó entonces el Código Electoral, quedando a cargo del Poder Ejecutivo uno de los puntos más discutidos del debate en el recinto: cómo será la constancia de votación, que hasta ahora se realizaba con un sello en las últimas páginas del DNI libreta. Desde la oposición consideraron que las modificaciones al Código dificultan la fiscalización y criticaron las exigencias especiales para los empleados públicos. Además, insistieron con la implementación de la boleta única y el voto electrónico.

A dos años de la última modificación, el Congreso sancionó un nuevo cambio en el DNI, que pasará a ser una tarjeta plástica similar a la que se otorga actualmente junto a la libreta celeste. Según relató el ministro del Interior, Florencio Randazzo, al visitar el Congreso para defender el proyecto, el objetivo del Ejecutivo es llegar a la elección de 2013 con la mayor cantidad de nuevos documentos de identidad otorgados, aunque en esta oportunidad se permitirá sufragar con los anteriores.

“¿Para qué se gastaron mil millones de pesos para hacer 14 millones de DNI si ya no sirven?”, preguntó el socialista Rubén Giustiniani. Para el senador del Frente Amplio Progresista la reforma “no va en un sentido de más transparencia” porque abre “serios interrogantes con la incorporación del comprobante que le va a quedar al elector después del sufragio”.

Desde el kirchnerismo se argumentó que en 2009, cuando se implementó el actual sistema, se desconocía cómo sería la recepción de la tarjeta por parte de la ciudadanía. Y respecto de la constancia, el Ejecutivo definirá si se entrega un pequeño troquel o una constancia en papel.

“La identificación es una obligación primaria del Estado. Hace al ejercicio de los derechos políticos. Una identificación accesible e igualitaria está acompañada por la garantía de transparencia que es la inalterabilidad del padrón”, señaló el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes. El neuquino, como miembro informante, explicó que a partir de esta ley no se permitirán las alteraciones en los padrones por parte de las autoridades de mesa como cuando un fiscal partidario solicitaba su incorporación al padrón para votar en la mesa que está controlando.

Desde la oposición le salieron al cruce. La salteña Sonia Escudero, entre otros, consideró que esta medida volverá “imposible” la fiscalización porque “cada partido necesitará un fiscal que esté acreditado en la mesa que debe votar”. Con su estilo desembozado, el senador Aníbal Fernández les achacó a los opositores “mirar todo por el ojo de la cerradura del corrupto”. “No es necesario que en cada mesa se siente un fiscal. Con tener un fiscal general por escuela es suficiente”, sostuvo y afirmó que lo del robo de boletas lo “instalaron los medios, los Clarines, los Van Der Kooy, los Morales Solá, los profetas del odio”.

Desde la UCR, el titular de la bancada, Luis Naidenoff, fue muy duro y advirtió que con la reforma “cada trabajador debe rendir cuentas ante su superior, con una gran discriminación para los trabajadores estatales. Si esto se reafirma, es un apriete”. Se refería al artículo 8 que establece para los empleados públicos la obligación de presentar a sus superiores inmediatos la constancia de emisión del voto, “al día siguiente de la elección”. De no hacerlo se fija una suspensión de hasta seis meses y en caso de reincidencia, podrán llegar a la cesantía. “Esto es un Estado policial, un Estado botón”, remató María Eugenia Estenssoro, de la Coalición Cívica. Fernández aseguró que “nadie va a ir por los votantes como una agresión” y citó la jurisprudencia de la Corte Suprema respecto de la estabilidad de los empleados públicos. También retrucó a los opositores que la re-reelección de CFK “no forma parte de nuestra agenda”.