El Senado convirtió en ley el proyecto que establece que los futuros depósitos judiciales de los tribunales nacionales y federales de la ciudad de Buenos Aires serán derivados al Banco Nación. La iniciativa recibió 38 votos afirmativos contra 25 negativos. El radicalismo, el peronismo del llamado Bloque Federal, la Coalición Cívica y el FAP votaron en contra. De los tres senadores capitalinos, dos se opusieron (Estenssoro y Cabanchik) y uno votó a favor (Filmus). El trasfondo político de la norma tiene que ver con el traspaso de las competencias de la Justicia al ámbito de la ciudad de Buenos Aires. El año pasado, el Congreso aprobó un proyecto que transfirió a la CABA la competencia para juzgar delitos penales, normativa que está pendiente de ser tratada por la Legislatura porteña. La oposición centró su argumento en un “vaciamiento” de la entidad conducida por el macrista Federico Sturzenegger. Sin embargo, la iniciativa marca que los actuales depósitos judiciales que están en el Banco Ciudad –7000 millones de pesos, aproximadamente– quedarán en esa jurisdicción. Los bloques opositores también insinuaron la posibilidad de que haya despidos en la entidad, el mismo argumento utilizado por Sturzenegger.

“De lo que se trata es que el jefe de Gobierno porteño vaya a una autonomía plena. Acá tenemos a alguien que no hace nada. Claro que es más cómodo gobernar sin hacerse cargo de la Justicia para que la Nación siga pagando en detrimento de las provincias. Si el Gobierno de la Ciudad decidiera hacerse cargo de las competencias de la Justicia, estaríamos dispuestos en avanzar en esa transferencia”, sostuvo Miguel Angel Pichetto (FpV), al cierre del debate, que duró cinco horas.

Durante toda la sesión sobrevoló la discusión sobre la autonomía (inconclusa) de la ciudad de Buenos Aires. El año pasado, el Congreso aprobó una ley –con las firmas de Filmus y Pichetto– que transfirió las competencias penales a la CABA. Este año, Filmus, senador nacional por la ciudad de Buenos Aires, presentó otra iniciativa, que establece la transferencia de los fueros civil, comercial y las defensorías públicas de menores. Sobre este proyecto, Filmus pidió una preferencia para que sea tratado en una próxima sesión con el dictamen correspondiente.

“Desde la ley Cafiero hasta 2003 no hubo avances en la autonomía. El primer paso importante se dio en 2007, cuando se decidió que la CABA tuviera su propia fuerza de seguridad. Pero un avance importante fue el traspaso de competencias penales que votamos el año pasado. ¿Pero logramos esa transferencia? No, porque hace un año la Legislatura, y su jefe de Gobierno dicen que no aceptan las leyes nacionales”, sostuvo el legislador del Frente para la Victoria.

Para María Eugenia Estenssoro (CC), este proyecto significa un “golpe de gracia para el Banco” Ciudad. Sin embargo, la senadora estimó que los efectos concretos de la ley se verán en “4 o 5 años”, por lo que no lo calificó como un proyecto contra Macri, como hicieron otros legisladores de la oposición. Sobre la autonomía de la Ciudad, la senadora afirmó: “La ley Cafiero impidió el traspaso de los juzgados (los edificios). Esto depende de la mayoría del oficialismo en el Congreso, para que haya un traspaso (de competencias) con los jueces y tribunales incluidos”.

Este argumento también fue rechazado por Filmus. “Es mentira que se necesiten transferir los juzgados. Las federaciones de magistrados –de la Nación y la Ciudad– dijeron que la CABA tenía la capacidad suficiente de hacerse cargo de estas competencias”, indicó el legislador y agregó: “En 2010 hubo un proyecto en la Cámara de Diputados que proponía el traspaso total de las competencias judiciales. Todos sabemos quién tenía mayoría en aquel momento. Si hubiésemos logrado la transferencia, hoy no estaríamos discutiendo este proyecto”, indicó. En aquel año operaba el llamado Grupo A, que dominaba las comisiones y tenía mayoría en el Congreso.

Según el Presupuesto de la Nación, el Tesoro previó para este año 2191,7 millones de pesos para cubrir los gastos de la Justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires. Esto abarca la Justicia nacional laboral, civil, comercial y penal. Al total de estos recursos habría que quitarle competencias territoriales que exceden el ámbito de la CABA, como la Justicia penal económica. El presupuesto de 2011 fue de 1345,4 millones de pesos y en 2010, alcanzó los 944,1 millones.

El titular del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), Luis Naidenoff, señaló que el proyecto del oficialismo “parece una especie de manotazo donde vale todo”. “Cuando se trata de recursos, el Gobierno no se apega a la Constitución”, manifestó el radical.

Los legisladores de la oposición afirmaron que con esta iniciativa correría riesgo la fuente laboral de los empleados del Ciudad. Incluso esto fue insinuado en varias oportunidades por el propio Sturzenegger, quien ayer presenció el comienzo de la sesión desde el palco del segundo piso del Senado. La iniciativa incluye una cláusula transitoria que explicita que ningún trabajador podrá ser despedido por los efectos del proyecto sancionado. Los propios trabajadores del banco cuestionaron la iniciativa. Sin embargo, también denunciaron que el gobierno porteño lanzó un plan de privatización de las cuentas sueldos –124.000 cuentas, que representan 25.400 millones de pesos–, proyecto que fue frenado por una medida cautelar.

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