El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, emprendió un nuevo reclamo contra la Nación para solicitar la “devolución” del 15 por ciento de su participación en la masa coparticipable que se destina al pago de jubilaciones nacionales. “Estoy actuando en defensa del patrimonio de los cordobeses. Queremos cobrar y damos todas las posibilidades para que nos paguen”, sostuvo De la Sota, quien informó que la provincia está “analizando” una presentación que hará ante la Corte Suprema en las próximas semanas.

Los recursos que reclamará Córdoba corresponden a los fondos fiscales que las provincias cedieron en 1992 como parte de un Pacto Fiscal con la Nación para financiar el sistema de jubilaciones y pensiones. Las provincias de Santa Fe y Corrientes ya realizaron planteos similares. El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, informó recientemente que, después de tres años, la causa santafesina recién está lista para el dictado de sentencia. La posición de la Nación es que el Pacto Fiscal no caduca ni se puede modificar hasta que se acuerde una nueva ley de coparticipación, un debate que en la actualidad no está presente.

El lunes pasado tuvo lugar una audiencia de conciliación entre el gobierno nacional y el provincial convocada por la Corte Suprema donde Córdoba elevó una demanda ante el máximo tribunal para reclamar una supuesta deuda de 1040 millones de pesos. Se trata de fondos previstos en el Acuerdo de Armonización Previsional que comprometía a la Nación a cubrir el déficit del sistema jubilatorio cordobés mientras su gobierno lo adaptaba a las pautas nacionales para lograr el equilibrio presupuestario. La Anses dejó de remitir el dinero con el argumento de que la provincia no cumplió su parte y De la Sota afirmó que no prevé hacer más de lo que hizo.

La audiencia concluyó sin ningún acercamiento entre las partes pero la disputa política continuó. “La Nación no le debe nada a Córdoba”, afirmó el martes el vicepresidente, Amado Boudou, mientras que el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, señaló que el gobernador De la Sota está montando “un show electoral” para instalarse como candidato para 2015. Desde la provincia acusaron a la Nación de “discriminación”. Los funcionarios del distrito mediterráneo admiten que no completaron la armonización de su sistema previsional con el de la Nación, pero sostienen que otras provincias tampoco lo hicieron y, sin embargo, siguen recibiendo la ayuda nacional. “A los amigos les dan plata, a nosotros nos la niegan”, consideró Oscar González, jefe del Gabinete cordobés.

“Estamos analizando la presentación que se va a hacer. Hay una ley de Córdoba que nos desliga del Pacto Fiscal”, afirmó ayer De la Sota. Los recursos que reclama la provincia mediterránea en esta oportunidad corresponden a los fondos que cedieron las provincias en 1992 cuando comenzaba a desguazarse el sistema previsional, aunque un año antes de la reforma que introdujo a las AFJP en 1993. “Las provincias no cedieron el 15 por ciento de la masa coparticipable, sino el 15 por ciento de ‘su’ porción, que es del 54,66 por ciento, es decir, en definitiva, poco más del 8 por ciento”, explican los investigadores de la UNGS, Alejandro López Accotto, Carlos Martínez y Martín Vargas. Por su parte, desde Nación consideran que el Pacto Fiscal de 1992 no caducará, sino hasta que se promulgue una nueva ley de coparticipación para sustituir a la actual.

Los docentes de la UNGS destacan que “es evidente que la Nación no se ha ‘sentado’ sobre dichos recursos, ha financiado dentro del ámbito previsional el fuerte incremento de la cobertura del sistema de jubilaciones, por medio de la llamada moratoria previsional, medida que ha tenido un impacto muy significativo en las regiones más postergadas del país”. En ese sentido, los investigadores consideran que convalidar el reclamo de Córdoba, que se suma a planteos similares realizados por Santa Fe y Corrientes, “implicaría castigar el proceso de ampliación de derechos”.