Bahía Blanca empezó ayer a rendir cuentas con su pasado. Un tribunal integrado por jueces subrogantes, con la independencia que los titulares no garantizaban, condenó a prisión perpetua a catorce represores por delitos de lesa humanidad durante “la última dictadura cívico-militar”, enfatizó Jorge Ferro al leer la sentencia. El tribunal ordenó que se revoquen excarcelaciones y arrestos domiciliarios y que se envíe a los condenados a una cárcel común; pidió que se investigue al ex capellán Aldo Vara, a quien la Iglesia Católica escondió en Cuyo, y que se envíen a primera instancia las publicaciones del diario La Nueva Provincia, que además de comunicados para encubrir fusilamientos publicaba fotos que sólo los servicios de inteligencia tenían. Los jueces solicitaron que se investigue a los directivos del diario, hoy a cargo del apologista de la tortura Vicente Massot, por posibles “delitos de acción pública”.

“Además de justa fue una condena muy valiente, que indica por qué camino hay que seguir: La Nueva Provincia y los religiosos”, señaló el fiscal Abel Córdoba en medio de mil abrazos. “No me sorprendió, confirma las hipótesis de la fiscalía: los directivos del diario no sólo deben ser investigados por los asesinatos de Heinrich y Loyola”, agregó en referencia a los delegados gremiales secuestrados, torturados y asesinados en 1976. “Fue un gesto de enorme valentía”, destacó el ex fiscal general Hugo Cañón, que impulsó la causa cuando Bahía era tierra arrasada. “Fue una condena ejemplar, parecía una utopía”, celebró.

La jornada comenzó con las últimas palabras de Jorge Granada, el militar que en 2003 ayudó a escaparse a su amigo Luis Patti. “Soy víctima de un Poder Judicial sesgado”, dijo. “No tengo motivo para decir que los jueces son arbitrarios –se desdijo en segundos–, pues no tuvieron inconvenientes en desprocesarme” (por su rol en el Batallón de Inteligencia 601). “Para derrotar la subversión soy consciente de que se ha lastimado a familias, pero hoy se sigue haciendo lo mismo amparados en leyes”, se permitió comparar.

La fiesta arrancó con un acto de agrupaciones de izquierda y familiares. “Lo importante es que estamos todos en la calle. Hay que escuchar todas las voces sin censurar ninguna expresión”, explicó Nora Cortiñas, de Madres Línea Fundadora, quien destacó la necesidad de investigar las desapariciones de Julio López y Luciano Arruga y de avanzar con los crímenes de la Triple A. Sobre el escenario un músico dedicaba un tema “a la memoria de Pepe Zamorano”, un cura con quien se formaron varios pibes que terminaron desaparecidos. Zamorano murió el domingo a los 80 años.

La lectura de la sentencia fue a sala completa: 280 personas en el aula magna de la Universidad Nacional del Sur. Veinticuatro policías y gendarmes rodearon a los imputados, a quienes acechaban las temibles Nora Cortiñas y Celia Korsunsky, Madre de Bahía Blanca. En la misma fila estuvo el intendente Gustavo Bevilacqua. A la izquierda los fiscales Córdoba, Horacio Azzolín y Félix Crous, con el equipo de la Fiscalía, y los querellantes. A la izquierda, en silla de ruedas, el ex camarista Luis Cotter, quien presidió el primer tribunal que declaró inconstitucionales la obediencia debida y los indultos.

Ferro, que comparte tribunal con José Triputti y Martín Bava, arrancó con la lectura de las desestimaciones. La primera perpetua fue para el general Juan Manuel Bayón. La sala aplaudió varios segundos, igual que con las trece perpetuas que siguieron. Los imputados escucharon las condenas sin inmutarse, con tres excepciones: Carlos Ta-ffarel se rascó la bocha, Jorge Masson negó con la cabeza y Vicente Forchetti masticó chicle y miró la hora cuando la enumeración de delitos parecía interminable.

Ferro detalló en cada caso nombres de víctimas y delitos imputados: privaciones ilegales de la libertad, tormentos agravados, homicidios calificados por alevosía, por la cantidad de asesinatos y la planificación de la impunidad, y sustracción, retención y ocultamiento de menores por los nacimientos en cautiverio de los hijos de Graciela Romero y Graciela Izurieta, que aún no recuperaron su identidad.

El tribunal afirmó por unanimidad que los delitos son “crímenes de lesa humanidad”, en tanto Ferro y Bava consideraron que “se perpetraron en el marco del genocidio sufrido durante la última dictadura cívico-militar”. La sala estalló en un aplauso cuando Ferro leyó que se ordenaba el cumplimiento de la pena en “una prisión común” del Servicio Penitenciario Federal y, de no haber cupo, del provincial más cercano a los (ex) domicilios de los condenados. El tribunal también pidió las respectivas bajas al Ejército, Policía Federal y Servicio Penitenciario, y a la presidenta de la Nación, la destitución de los militares.

El punto 34 fue el pedido de investigar a los Massot. Por los asesinatos de los ex delegados Heinrich y Loyola, sobre los que (des)informaron en veinte líneas cuando aparecieron los cadáveres y nunca volvieron a mencionar, hay ocho marinos y prefectos con procesamiento firme. El tribunal pide ahora que se investiguen posibles delitos que surgen de las publicaciones. El fiscal Córdoba pidió el año pasado que se allanara la sede del diario, pero ni el ex juez Alcindo Alvarez Canale ni el juez ad hoc Eduardo Tentoni se animaron a dar ese paso.

“¿Dónde está mi hermano?”, les gritó Adriana Metz a los condenados cuando concluyó la lectura de la sentencia. Mario Méndez, “El loco de la Guerra” en el recuerdo de los colimbas, reaccionó y se trenzó a gritos con Nora Cortiñas. Cañón y Eduardo Hidalgo, secretario general de la APDH bahiense, se abrazaban y lloraban.

“Son asombrosos, independientemente de la magnitud de las condenas, los efectos civiles y políticos de algunos puntos de la sentencia, como la orden de dar de baja a los condenados. Me sorprendió gratamente la orden de investigar a La Nueva Provincia”, destacó Martín Fresneda, titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “Empezamos a caminar”, se esperanzó Celia Korsunsky, con su pañuelo blanco sobre la cabeza, y cerró con una pregunta: “¿Se animarán con La Nueva Provincia?”.