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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomó posición respecto del aborto no punible y lo hizo dictando la resolución 1252. Sin ninguna sorpresa, la resolución omite la recomendación consensuada en el ámbito del Plenario del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes al Ministerio de Salud de la CABA.

En lo referente al consentimiento libre e informado de las niñas y adolescentes, la resolución del Ejecutivo plantea que las mujeres menores de 18 años deberán contar con el permiso de su representante legal para poder realizar la práctica. Este requisito contrasta con la recomendación realizada por el Organismo de Aplicación de las leyes de Protección Integral de Derechos de la Infancia donde se plantea en consonancia con la Ley Básica de Salud Nº 153 que “se presume que todo niño, niña o adolescente que requiere atención en un servicio de salud está en condiciones de formar un juicio propio y tiene suficiente razón y madurez para ello; en especial tratándose del ejercicio de derechos personalísimos”.

Pero además, la resolución 1252 atenta contra la concepción de los niños, niñas y adolescentes como sujetos pleno de derechos y por ende aptos para tomar decisiones sobre sus planes de vida según su nivel de madurez y desarrollo, que ha sido normativamente consagrada a partir de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, la ley 26.061 y la ley 114 de vigencia obligatoria en nuestra ciudad.

También consideramos un obstáculo más hacia el acceso a la práctica la fijación de doce semanas de gestación, límite que resulta arbitrario y carente de toda fundamentación fáctica y jurídica.

En idéntico sentido, la conformación de un equipo interdisciplinario para la evaluación y contención de la situación constituye una barrera más hacia el acceso a la práctica del aborto no punible.

La recomendación sobre aborto no punible que el Plenario del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes envió al Ministerio de Salud también fue trabajado con profesionales de la salud, quienes, con una visión clara y experimentada, brindaron su aporte para contribuir a un protocolo que garantizara el derecho a la salud. La resolución del gobierno de Mauricio Macri, en lugar de remover y eliminar obstáculos como dictaminó la Corte Suprema de Justicia Nacional, hace todo lo contrario.

Como consejeros y miembros del Plenario del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes hemos solicitado que se convoque a una reunión extraordinaria plenaria para analizar los pasos a seguir ante el grave accionar del Ministerio de Salud al soslayar las recomendaciones emitidas por este consejo que, en la Ciudad, se constituye en la autoridad de aplicación del Sistema de Protección Integral de Derechos.

* Miembros del Plenario del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.