Con las voces de María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo Haidar culminó, ayer, el debate judicial por la Masacre de Trelew. El audio, escondido hasta el momento, de una entrevista en la que los tres sobrevivientes de los fusilamientos que la Marina cometió el 22 de agosto de 1972 en la Base Almirante Zar contaron su versión de la historia, fue el último testimonio que el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia escuchará en el marco del juicio que entró en su recta final; lo precedieron una escueta aunque suficiente declaración del sonidista que lo atesoró durante casi cuarenta años y los dichos del perito físico Rodolfo Pregliasco. En diálogo con Página/12, las querellas de los familiares de las 16 víctimas y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación evaluaron el camino recorrido –más de treinta testimonios en poco más de cuatro meses– y consideraron que “sobran las pruebas” para calificar los hechos como delitos de lesa humanidad. El lunes, las partes acusatorias iniciarán la etapa de alegatos, que se extenderá durante el resto de la semana. El fallo de los jueces llegará promediando octubre.

“Creemos que el bagaje probatorio ha sido completo para contextualizar y probar la lesa humanidad de los delitos investigados, determinar que se trató de fusilamientos ordenados por las altas autoridades de la base, quienes recibieron el mensaje desde las jerarquías militares correspondientes (en referencia al dictador Agustín Lanusse)”, concluyó el representante de la secretaría nacional, Germán Kexel. En representación de las familias, Eduardo Hualpa evaluó que “el impacto más fuerte del proceso fue el hecho de que se pudo discutir, a cuarenta años de estos hechos, la verdad histórica y también la verdad jurídica”.

Muchos de los elementos acumulados durante el juicio son testimonios de familiares de las víctimas, de ex presos políticos y ex conscriptos que permitieron, más que echar por tierra la versión oficial de los hechos –un intento de fuga de parte de los presos políticos–, dar a los asesinatos un contexto de persecución de parte del gobierno de facto que explicaría su intencionalidad concreta.

También se sumaron pruebas nuevas durante el proceso oral que demuestran “la intención de las Fuerzas Armadas de esconder la masacre”, apuntó Kexel. La entrevista en formato audio de los tres sobrevivientes a los fusilamientos, aportada por la cineasta Mariana Arruti –directora del documental que investiga la masacre y testigo en el juicio– y escuchada en la audiencia de ayer se suma a la documentación encontrada en la Armada sobre los juicios civiles que las familias de algunos de los presos políticos asesinados habían iniciado inmediatamente después de los hechos. Además, el TOF aceptó como prueba un CD elaborado por la Unidad Fiscal de Seguimiento de Juicios de Derechos Humanos, que contiene documentos periodísticos que suman a la contextualización histórica de los fusilamientos. “La lucha de los familiares y de los organismos de derechos humanos logró reabrir la historia argentina para cerrar algunas heridas”, concluyó Hualpa. Queda esperar que los jueces dicten las máximas penas.