El Gobierno envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Riesgos del Trabajo, una legislación de 1995 que creó el sistema de ART y que hoy acumula más de veinte tachaduras de inconstitucionalidad. En esta entrevista con Página/12, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, enfatiza que el “significativo” incremento de las indemnizaciones contemplado en la iniciativa “pone fin a un sistema basado en el empobrecimiento de las víctimas”. No obstante, el funcionario reconoce que el sistema fracasó en materia de prevención, salud y seguridad laboral. Por eso, explica que el paso siguiente será avanzar en distintos “aspectos de fondo” que han sido postergados.

En 2004, las bajas indemnizaciones pagadas por el sistema llevaron a la Corte Suprema a declarar inconstitucional la imposibilidad de realizar un juicio civil frente a un siniestro. Esa resolución habilitó la “doble vía” o “cúmulo”: la posibilidad de recurrir a la Justicia para que el trabajador pueda cubrir la diferencia entre lo que paga el sistema de ART y lo que “debería” cobrar si las reparaciones se hubieran mantenido actualizadas. El proyecto elimina ese mecanismo y establece una opción excluyente entre el sistema y la Justicia. “Los cambios no prohíben que ningún trabajador recurra a la Justicia si considera que la reparación que le ofrece el sistema no es adecuada. Prefiero lograr que los trabajadores reciban una indemnización justa a que tengan que ir a la Justicia para reclamar lo que les pertenece”, afirmó Tomada, quien hoy por la tarde visitará la Comisión de Trabajo del Senado para el inicio del debate parlamentario.

–¿Por qué es necesario modificar la Ley de Riesgos del Trabajo de 1995?

–En la base del proyecto está la necesidad de instalar una cultura de la prevención de accidentes, seguridad y salud en el trabajo. La iniciativa es una respuesta desde la perspectiva de mejorar derechos y reparar una situación injusta, como es la necesidad de los trabajadores de tener que recurrir a la Justicia para alcanzar un resarcimiento justo del daño porque el sistema no paga lo suficiente.

–¿Cuáles son los principales cambios?

–Creemos que esto no puede seguir así. Lo primero que planteamos es la necesidad de aumentar sustantivamente las indemnizaciones y mantenerlas actualizadas automáticamente. Además introducimos una reparación adicional del 20 por ciento en concepto de reparación integral del daño y fijamos un plazo de 15 días para el pago de las indemnizaciones, a contar desde el fallecimiento del trabajador o la homologación de la incapacidad. También se limitan los honorarios de los abogados.

–¿Cómo van a cambiar las indemnizaciones?

–Los cambios terminarán con el empobrecimiento de las víctimas. Se fijan pisos elevados, que mejoran la protección de los trabajadores con salarios más bajos, que es donde hay mayor cantidad de accidentes. Por ejemplo, un trabajador de 45 años que gana 3500 pesos y después de un accidente tiene un grado de incapacidad del 30 por ciento, pasará de cobrar 80 mil a 138 mil pesos, una mejora del 72 por ciento. En promedio, las prestaciones aumentarán 43 por ciento. Todas las indemnizaciones se van a actualizar semestralmente por el Ripte (N de R.: un indicador que elabora Trabajo sobre las remuneraciones de los trabajadores estables).

–¿Cuánto demora hoy un trabajador en recibir la indemnización?

–El sistema demora entre uno y cuatro meses para pagar y la Justicia demora entre 2 y 3 años. Ahora planteamos que no sea necesario ir a la Justicia. No impedimos que el trabajador vaya a la Justicia como establecía la ley de 1995 y fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema. Nosotros establecemos que una vez que el trabajador tiene fijada la incapacidad, puede optar entre percibir la indemnización reparatoria inmediata en un plazo no mayor a 15 días o ir a juicio si no la considera adecuada para compensar su daño. No podemos concebir una ley donde se le prohíba a un trabajador recurrir a la Justicia.

–Si las indemnizaciones van a ser “suficientes y justas”, ¿por qué es necesario establecer una opción excluyente entre el sistema y la vía judicial?

–La vía excluyente funcionó entre 1915 y 1995 sin ser jamás impugnada por la Justicia. La Corte Suprema impugnó la imposibilidad de recurrir a la Justicia instalada en la ley de 1995 porque las indemnizaciones que pagaba el sistema eran mezquinas e injustas. Nosotros vamos a reparar eso. Tenemos que lograr que el sistema tarifado funcione. Prefiero lograr que los trabajadores reciban una indemnización justa a que tengan que ir a la Justicia para reclamar lo que les pertenece.

–El sistema que funcionó entre 1915 y 1995 nunca fue cuestionado por una Corte Suprema, sin embargo existen casos donde trabajadores que sufrieron un accidente laboral recurrieron a la Justicia civil y perdieron.

–Si la discusión alrededor de los accidentes de trabajo y su reparación sigue girando alrededor de cómo se reclama en la Justicia, me parece que perdemos el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es la necesidad de instalar realmente una cultura de la prevención en Argentina, en eso vamos a seguir trabajando. Y después, que rápidamente resolvamos el problema de que un trabajador que se accidenta tenga una reparación rápida y adecuada de su daño. Esto es lo que estamos discutiendo. Quienes creen que el camino para defender los derechos de los trabajadores es yendo siempre a la Justicia tienen esa vía abierta. Juicios van a seguir existiendo. Nosotros preferimos aportar a terminar con un sistema que se basaba en el empobrecimiento de la víctima.

–La eliminación del “cúmulo” era un reclamo de los grandes grupos económicos.

–Este no era un reclamo de los grandes grupos económicos. Este era uno de los tantos temas que planteaba el sector empleador en su plenitud. Los que más insistieron y trabajaron alrededor de este tema fueron las pequeñas y medianas empresas.

–¿Cuánto influyó el escenario actual del movimiento obrero para impulsar el proyecto?

–Los dirigentes sindicales, de cualquiera de las corrientes y expresiones actuales, coincidían en que era necesario solucionar la cuestión indemnizatoria, no en base a la discusión del “cúmulo”, sino en que exista una indemnización verdaderamente reparatoria. Esa idea fue compartida por todos con los que hablamos, como sectores de la CTA y también el titular de la CGT, Hugo Moyano. Eso no quiere decir que no subsistan reclamos del sector empleador y reclamos de los trabajadores, básicamente dirigidos a la prevención, que el Gobierno comparte absolutamente.