Las tres cuartas partes de las leyes que requieren reglamentación del gobierno porteño siguen sin tenerla. Son 363 normas, de las que más de la mitad se sancionaron durante el gobierno de Mauricio Macri. La información quedó documentada en un trabajo de la legisladora del Frente para la Victoria María Rachid, que advierte sobre las trabas que pone la gestión PRO al Poder Legislativo, entre la no reglamentación, los 106 vetos del gobierno macrista y las leyes que demoran en publicarse en el Boletín Oficial. “Ya denunciamos que el actual jefe de Gobierno utilizó abusivamente el mecanismo del veto. Ahora descubrimos otras herramientas ocultas de las que se vale el Ejecutivo para inhabilitar al Legislativo, generando la inaplicabilidad de las leyes que no son de su agrado”, afirmó Rachid.

Se sabe: la relación de Macri con la Legislatura nunca fue óptima. Incluso con su propio bloque de legisladores tuvo momentos de rispidez. Algunos funcionarios macristas solían llamarlos –no sin maldad– “el bloque de la oposición”. La cantidad de vetos que firmó el gobierno de Macri llevó a una polémica a comienzos de este año, que hizo que la gestión PRO revisara sotto voce esa política. Los legisladores del kirchnerismo sostienen que no es la única forma que tiene el PRO para impedir que avancen las iniciativas que no son de su agrado.

El informe del bloque del Frente para la Victoria se titula “Inhabilitando al Poder Legislativo” y describe las leyes que no entran en vigencia a raíz de vetos, no publicación o no reglamentación. Lo elaboró Rachid en base al relevo de los 6223 asuntos que la Legislatura trató durante la gestión de Macri, además de las 4128 leyes sancionadas desde la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

A partir del diagnóstico, Rachid presentó, junto con el jefe de bloque, Juan Cabandié, un proyecto de ley que reglamenta el veto y otro que le permite al Poder Legislativo publicar aquellas leyes que el Ejecutivo omita incluir en el Boletín Oficial por un período prolongado.

Por casa

Para Rachid, el principal problema para que existan leyes que permitan cambiar las condiciones de vida de los porteños comienza en la Legislatura. “Hay un 6,5 por ciento de la producción legislativa que impacta en la población. Hay una responsabilidad de la mayoría macrista de paralizar la Legislatura y de pasar las declaraciones y los negocios inmobiliarios”, advirtió la diputada kirchnerista a Página/12. El otro 93,5 por ciento de lo que emite la legislatura son proyectos de declaración (36,8 por ciento), resoluciones (37,2), leyes destinadas a particulares (14,3). Las leyes vetadas son el 1,5 por ciento del total y las no reglamentadas, el 3 por ciento. Otro 6,1 son leyes que no requieren reglamentación.

Además del manejo de la Legislatura –en la que el macrismo tiene la vicepresidencia primera desde hace aproximadamente siete años– el informe destaca que la gestión de Macri “ha impedido la aplicabilidad del 18 por ciento de las leyes sancionadas durante su gestión, convirtiéndolo en el jefe de Gobierno que ha provocado el mayor porcentaje de ineficacias, con 266 leyes inaplicables”. Según el trabajo, otros jefes de Gobierno tuvieron un índice menor: Aníbal Ibarra y Jorge Telerman, 9 por ciento; Enrique Olivera, 5 por ciento; Fernando de la Rúa, 7 por ciento.

Los legisladores kirchneristas recuerdan la obligación constitucional que tiene Macri de publicar las leyes y de reglamentarlas, en caso de que no las haya vetado. Y, por otra parte, consideran abusivo el ejercicio constitucional del veto que hizo el jefe de Gobierno. Advierten que el uso que el líder del PRO viene dando a estas tres formas de frenar leyes “podría inhabilitar al Poder Legislativo y desvirtuar el principio republicano de gobierno”.

Sin reglas

Según detalla el informe, de la totalidad de las leyes que sancionó la Legislatura desde 1998, sólo 510 requieren reglamentación. De esas, hay 363 normas que no están reglamentadas por el Ejecutivo porteño, según el Centro de Información y Archivo Legislativo (Cedom). Un 71,2 por ciento de las leyes.

Del total de leyes no reglamentadas, más de la mitad (el 56 por ciento) pertenecen a la gestión de Macri. “Esto indica algo. Macri no tiene la mitad de tiempo de la existencia de la Ciudad y tiene más de la mitad de las leyes no reglamentadas”, advirtió Rachid. Entre las leyes que no reglamentó el jefe de Gobierno, los kirchneristas señalan:

• La Ley de Salud Escolar lleva cuatro años sin reglamentarse. Implica exámenes de salud gratuito en las escuelas y generar equipos interdisciplinarios en cada distrito escolar, entre otras medidas. En el texto de la norma decía que debía ser reglamentada “dentro de los 180 días”.

• El plan de derechos y diversidad sexual lleva tres años sin reglamentarse. Suponía, entre otras cosas, campañas de difusión antidiscriminatorias y un servicio de información y orientación.

• La Ley de la Enfermedad Celíaca tiene dos años sin reglamentación. Dispone la identificación pública de comida para celíacos y un subsidio alimentario que debería poder solicitarse al gobierno porteño.

• Otra norma para la protección y garantía integral de las personas en situación de calle lleva un año sin ser reglamentada. En el texto, daba un máximo de 90 días. Implicaría una serie de servicios socioasistenciales para personas en situación de calle.

• El programa de inclusión laboral para jóvenes en situación de vulnerabilidad lleva más de un año sin reglamentarse. Se trata de un plan que implica talleres, capacitación y un trabajo de inserción laboral. Esta ley fue, además, vetada parcialmente.

“Casi la mitad de las leyes vigentes no reglamentadas por el Poder Ejecutivo corresponden a asuntos que afectan a grupos vulnerados de la población”, indica el informe y advierte que las áreas más afectadas son Desarrollo Social, Salud y Educación.

La comparación con otras gestiones vuelve a no favorecer a Macri. Según el informe, el líder del PRO no reglamentó doce leyes cada cien días de gestión. En el mismo cálculo, quedan por debajo Telerman (ocho leyes), Ibarra (cinco leyes), Olivera (cinco leyes) y De la Rúa (una ley). De las gestiones anteriores a Macri, hay una ley de 1998 sobre políticas públicas para personas mayores que se lleva el record: 14 años sin reglamentarse.

De las leyes que sí se reglamentaron, dos tercios lo fueron más de seis meses después de publicadas. La que más tiempo tardó fue la ley que regula el funcionamiento de los centros de estudiantes. Tardó doce años en ser reglamentada. Menos del 3 por ciento cumplieron con el plazo previsto en la ley para su reglamentación. En promedio, el tiempo que pasa entre que se aprueba la ley, se publica y se reglamenta es de 732 días. Más de dos años.

Capitán Veto

“La gestión de Macri es la que más leyes ha vetado”, indica el informe de Rachid. Son el 7 por ciento de total de las leyes sancionadas durante su gestión. Si se toma solo las leyes relativas al desarrollo social, vetó el 24 por ciento. Nuevamente, la comparación con el resto de los jefes de Gobierno no lo ayuda: Macri firmó el 47 por ciento de todos los vetos en la historia de la ciudad. “Lejos de motivarse en cuestiones técnicas desprovistas de contenido político, suelen responder fielmente al programa político de gestión”, sostiene el informe, que recuerda que el 75 por ciento de las leyes vetadas no fueron reconsideradas por la Legislatura.

“Hay diferencias con los vetos de otros jefes de Gobierno, que vetaban cuestiones relacionadas con el presupuesto –apunta Rachid–. Macri veta leyes cuando no está de acuerdo el Ejecutivo, aun cuando sus legisladores estaban a favor.” “Es otra de las formas de limitar la discusión en el Poder Legislativo. ¿Con quién debate la oposición si los legisladores macristas no pueden argumentar cuál va a ser la posición del PRO?”, se preguntó la legisladora kirchnerista.

El último tipo de modalidad que analiza Rachid son las leyes no publicadas. La diputada advierte que hay 17 leyes que todavía no llegaron al Boletín Oficial pese a no haber sido vetadas. Un ejemplo de las demoras en la publicación que citan los kirchneristas es la Ley 3822 (que aumentaba la protección de una serie inmuebles): fue enviada al Ejecutivo en junio de 2011 y publicada casi un año después, el 13 de marzo de este año. El informe afirma que “el ciento por ciento de las normas no publicadas pertenecen a la gestión de Mauricio Macri”.