El miércoles pasado el ex vicejefe de la policía de Rosario Héctor Oscar Gianola fue detenido en esa ciudad, cuando se presentó en una entidad bancaria para reclamar por la inmovilización de sus cuentas. Gianola tenía orden de detención desde hacía dos años. Para la Justicia se encontraba prófugo y, sin embargo, hasta hace diez días podía operar normalmente sus cuentas y tarjetas sin ser molestado. El 15 de octubre, la Unidad de Información Financiera (UIF), que preside José Sbattella, dispuso el congelamiento de los bienes de 44 personas con pedido de detención en distintas causas vinculadas con el terrorismo de Estado. Entre ellas, Gianola, lo que motivó su reclamo ante el banco y detención. Aquella resolución nace de la aplicación de las facultades otorgadas a la UIF por la ley antiterrorista votada en diciembre de 2011, según explicó Sbattella a Página/12, y permite atacar la impunidad con que hasta ahora se manejaban algunas personas buscadas por la Justicia.

Gianola está acusado de encabezar el grupo de tareas de Agustín Feced, el ex jefe de la policía de Santa Fe ya fallecido, que dirigía el centro clandestino de detención y tortura con sede en el Servicio de Informaciones de la Unidad Regional II de Rosario. Como otros imputados en distintas causas por delitos de lesa humanidad, Gianola tiene orden de captura y oferta de recompensa por datos sobre su paradero. Como otros en su condición, Gianola seguía operando su cuenta bancaria y realizando compras y pagos con tarjetas a su nombre.

La investigación que lleva adelante la UIF sobre 44 personas vinculadas con delitos de lesa humanidad con orden de captura permitió detectar que, al menos 25 de ellas, realizan habitualmente operaciones comerciales bancarizadas. En uso de las facultades que le otorga la ley 26.734, que reformó el Código Penal tipificando el terrorismo económico y financiero, la UIF ordenó (ad referendum de la Justicia) el congelamiento administrativo de los bienes de esas 44 personas reclamadas por la Justicia.

“Estamos convencidos de que estas personas no podrían permanecer tantos años prófugas si no estuvieran sostenidas por algún tipo de actividad económica privada, o porque hay empresas detrás de ellos que los respaldan”, explicó Sbattella a este diario. “En este último caso, incurren en el delito de financiamiento del terrorismo”, agregó. “En base a toda la información que estamos recogiendo, vamos procesando los datos para detectar toda esa trama. El objetivo es que pierdan toda posibilidad de movilidad económica. Estamos aplicando un nuevo instrumento y, en este caso, demostró que funciona.”

“Nos vamos ajustando a los estándares internacionales, según los cuales la idea es que el terrorista, una vez identificado, debe ser inmovilizado inmediatamente. En 48 horas deberían quedar congeladas todas sus posibilidades de tramitación o actividad económica. Argentina hoy cuenta con una ley que permite aplicar estas normas, en contra del terrorismo de Estado, los represores prófugos y las estructuras empresarias que utilizan como pantalla. Por primera vez podemos atacar el poder económico que está detrás de estos represores prófugos. Contra ellos se aplica la ley, no en contra de las organizaciones sociales, como era lo que temían algunos cuando se votó”, concluyó el titular de la UIF.