“Desde hace años Coviares nos boludea a todos: usuarios, trabajadores y Estado nacional y provincial. Se va a acabar”. Coviares, del Grupo Roggio, es la empresa que está a cargo de la concesión de la autopista Buenos Aires-La Plata desde 1997 y hasta 2017. El autor de la frase, publicada ayer en su cuenta de Twitter, es el ministro de Infraestructura del gobierno de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Arlía. Coviares es fuertemente criticada por la administración sciolista, legisladores provinciales, la Justicia y el gobierno nacional, por la falta de obras de ampliación y de tareas de mantenimiento. Además, los trabajadores de los peajes mantienen un paro por tiempo indeterminado en reclamo por el salario de diciembre, que la firma todavía no pagó. En este contexto, abogados del gobierno provincial analizan cómo anular la concesión.

Daniel Scioli está a cargo de la administración del contrato de la autopista desde octubre de 2012, cuando con el gobierno nacional realizó el traspaso. El acuerdo incluía la intervención provincial y la realización de una auditoría. Scioli anunció que estudiaría la readecuación del contrato. De entrada, el gobierno provincial planteó la necesidad de encarar la construcción del tercer carril en el tramo Quilmes-Hudson, normalizar el esquema de pago de salarios y realizar obras de mantenimiento. Sin embargo, concedió un aumento de peajes en las cabinas de Hudson y Dock Sud de casi el 60 por ciento luego de que la Cámara Federal de Apelaciones dejara nula una medida cautelar que regía desde abril. Ese amparo suspendía la suba que había autorizado el gobierno nacional hasta que se realizaran las obras prometidas.

Hace dos semanas, relatan fuentes de Infraestructura, Coviares difundió que realizaría una serie de obras, entre las cuales no se encontraba el tercer carril. Además, la revisión realizada halló que la empresa ponía carteles de obra donde no las había, y que inclusive dejaba a la vista chatarra vieja para demostrar supuesta acción, aseguran en la provincia. El detonante, sin embargo, fue el retraso en el pago de salarios a los trabajadores, nucleados en el Sindicato Unico de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa), que dirige Facundo Moyano. “La empresa no depositó el pago de diciembre ni realiza las obras de mantenimiento de la calzada, que se encuentra hace años en un estado deplorable. Las respuestas siguen sin aparecer para trabajadores y usuarios”, indicó el gremio, que mantiene a modo de protesta las barreras levantadas.

“El que no les paga el sueldo a los trabajadores de la autopista es Coviares. No son trabajadores estatales”, aclaró Arlía en otro tuit, y completó: “Me voy a encargar de que cumplan con sus obligaciones o rescindirles el contrato. Pero en el marco legal q corresponde” (sic). En efecto, el gobierno provincial está analizando el formato legal a partir del cual se podría llevar a cabo la cancelación del contrato de concesión. Una opción sería argumentar que la empresa dejó de pagar salarios en tiempo y forma, que es un causal formal de incumplimiento.

Arlía escribió esos mensajes luego de mantener, por la mañana, un encuentro con Facundo Moyano. Hay mucho enojo en el gobierno bonaerense, que igual continúa presionando públicamente para que la empresa encare la principal obra que se le exige. “Coviares va a tener que entender que es inimaginable que, en el 2013, no se haga el tercer carril de la autopista, entre Quilmes y Hudson”, escribió el ministro, quien también pretende que se hagan las bajadas de City Bell y Villa Elisa.

Coviares es eje de una larga controversia judicial, a partir de una investigación abierta por la Justicia Federal de Quilmes por el no cumplimiento de los compromisos asumidos en materia de obras para la autovía. Ayer, algunos legisladores bonaerenses salieron a criticar a la empresa y al gobierno provincial. Juan Carlos Juárez, del Frente Amplio Progresista, apuntó a Daniel Scioli por “recién darse cuenta del lamentable funcionamiento de la concesionaria, que debe millones de pesos al fisco y no cumple con las inversiones necesarias”. En tanto, Alberto Roberti, del Frente Renovador Peronista, dijo que “no sorprende la actitud de esta empresa que tiene a su cargo la autopista Buenos Aires-La Plata en pleno estado de desastre”.