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El zigzagueante discurso gubernamental frente a las petroleras parece haberse detenido ahora en el establecimiento de retenciones y en la posibilidad de que los precios de las naftas retrocedan. Además, según Eduardo Duhalde, las retenciones deben ser “adelantadas y al contado”. El Presidente volvió así al discurso duro sobre las petroleras “que tanto ganaron en el pasado” y que deben comprender “que hay épocas en las que se puede perder algo”. Por su parte, el titular de Repsol, Alfonso Cortina, permaneció en otra sintonía. Desde España sostuvo que la subsidiaria argentina Repsol YPF “deberá aumentar sus precios”. La razón: “El aumento del costo de la materia prima”. Pero, a pesar del endurecimiento de las palabras, las negociaciones con las petroleras apuntan a evitar a toda costa el aumento de precios. Y a toda costa significa que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, defenderá hoy en la Comisión de Combustibles del Congreso el impuesto a la producción del 8 por ciento. La media sanción de este gravamen evitaría aumentos en el corto plazo. El Gobierno imagina que si la firma líder del mercado mantiene sus valores en los surtidores, las competidoras que aumentaron se verán obligadas a bajarlos.
Ya con plena conciencia de la escalada inflacionaria que puede desatar un aumento en los combustibles, el discurso presidencial recordó taxativamente a las petroleras cuáles son las armas que tiene el Estado para frenar el ímpetu antipesificador: sancionar una nueva ley de hidrocarburos. “Toda la desregulación petrolera vigente en la Argentina ha sido por decreto, y entonces (las petroleras) deben saber que tienen ventajas que en otros países no tienen”, advirtió.
Aunque las palabras presidenciales fueron dichas antes de que Cortina expresara que Repsol YPF deberá aumentar precios en razón del “aumento de la materia prima” significan de hecho una respuesta a la argumentación española. Según destacó Duhalde, una de las ventajas permitidas por la desregulación, y que podría ser reconsiderada en una nueva ley de hidrocarburos, “es la integración vertical: sacan el petróleo, lo refinan, lo transportan y lo venden”, señaló. “En ningún país del primer mundo se le permite a quien tiene una explotación, tener actividad en toda la cadena productiva, porque entonces están definiendo el precio final y sacan de competencia a quienes no están integrados”, concluyó Duhalde. En buen criollo, “esto significa decirle a Cortina ‘¿de qué precio de la materia prima me estás hablando?’”.
La amenaza presidencial significa que las ventajas de las empresas integradas “pueden ser modificadas. Y aunque creo que un gobierno de transición no es el que debe modificar todas las políticas de fondo, ellos (las petroleras) deben saber que estamos dispuestos a ir a fondo si no nos entienden”, previno.
Todo parecería indicar que el Presidente decidió poner en práctica con las petroleras la misma secuencia de acción que su vocero, Eduardo Amadeo, sugirió para las ahorristas que protestan. Primero viene el diálogo –que hasta ahora generó magros resultados–, después la persuasión –la etapa en tránsito– y luego la represión. Duhalde, no obstante, fue más cauto que su lenguaraz y no usó esta última figura. Pero el fin de los privilegios de la desregulación puede convertirse en coerción suficiente. Claro que, para que el plan funcione, hará falta coherencia y continuidad en la acción. Algo que se contradice con la defensa del impuesto a la producción del 8 por ciento que, en la Comisión de Combustibles del Congreso, hará hoy Capitanich. La estrategia presidencial apunta entonces a repetir la pseudo dureza que mostró con los laboratorios, para después negociar desde una posición de fuerza. La lucha, entonces, no es por un impuesto u otro, sino por evitar que la inflación haga caer el plan económico.
Por eso, el Gobierno cree que si consigue que Repsol YPF no aumente en los próximos dos meses, sus competidoras no integradas en el mercadolocal, Shell y Esso, se verán obligadas a retroceder en las subas. Tales aumentos “van a tener que volver hacia atrás”, insistió Duhalde.
Si nada de esto sucede, la carta de negociación son los precios máximos. En el Parlamento ya fue presentado un proyecto en esta dirección. “Ayer llamamos a las empresas, incluso a las que no han aumentado, y les dijimos que tenemos mecanismos como la Ley de Defensa de la Competencia y otras que nos permiten a nosotros fijar precios”, señaló. “Quiero persuadir en primer lugar, porque esto de fijar precios máximos nunca ha dado buenos resultados en la Argentina”, matizó dejando en claro que esta no es su idea.
“Le he pedido a las empresas que no solamente paguen esas retenciones, sino que las paguen anticipadamente y al contado, porque la situación de los sectores más postergados de la sociedad argentina requiere hoy de fondos que no tenemos”, señaló Duhalde en lo que sonó más a ruego que a amenaza.