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“Sería un milagro que, en una reunión de aproximación, nos pongamos de acuerdo”, admitió el presidente Eduardo Duhalde cuando le preguntaron por la negociación entre la Nación y las provincias. Y el pronóstico no falló. A pesar del esfuerzo que el Gobierno había puesto en su proyecto de coparticipación, los gobernadores del PJ no aceptaron la oferta inicial, elaboraron una propuesta propia y se prepararon para discutir con el Ejecutivo. A la noche, luego de una larga reunión en el Ministerio de Economía, el debate se trasladó a la quinta de Olivos. A esa hora, el punto que trababa el acuerdo era el porcentaje del impuesto al cheque que recibirían las provincias.
A pesar de las diferencias con el Ejecutivo, los mandatarios se mostraban dispuestos a aprobar un nuevo reparto de los fondos coparticipables. El temor a un estallido en las provincias y la preocupación por la debilidad del Gobierno influían en esa decisión. “Tenemos que garantizarnos mutuamente la supervivencia institucional”, admitió ayer el riojano Angel Maza, revelando cuál es la preocupación de los 14 gobernadores del PJ.
En Olivos, Duhalde recibió a Maza, Felipe Solá (Buenos Aires), Néstor Kirchner (Santa Cruz), Eduardo Fellner (Jujuy), José Manuel de la Sota (Córdoba), Alicia Lemme (San Luis), Gildo Insfrán (Formosa) y Carlos Manfredotti (Tierra del Fuego). El Presidente los recibió junto al principal negociador oficial, el ministro Jorge Remes Lenicov, el secretario general de la presidencia, Aníbal Fernández, y el vocero Eduardo Amadeo. La discusión estaba concentrada en torno a tres puntos: el impuesto a las transacciones financieras, las deudas provinciales y el piso de la coparticipación.
El martes, el Gobierno había presentado una propuesta que consistía en eliminar el piso de coparticipación de 1364 millones de pesos mensuales, que con el recorte del 13 por ciento dispuesto por Domingo Cavallo había quedado en 1180 millones. A cambio, proponía distribuir entre las provincias el 38 por ciento de la recaudación. Y para compensar la diferencia, ofrecía una parte de los ingresos del impuesto al cheque, uno de los pocos gravámenes que se mantiene estable a pesar de la crisis. Pero esa oferta no conformó a los gobernadores, en especial luego de que sus ministros de Hacienda analizaran los detalles técnicos con el subsecretario de Relaciones con las provincias, Juan Carlos Pezoa.
El principal desacuerdo era el porcentaje del impuesto que llegaría a menos de las provincias. La Nación ofrecía el 4 por ciento, una cifra que no conformaba para nada a los mandatarios. “Lo que nos están ofreciendo es mucho menos que 1180 millones”, se quejó Fellner ante Página/12. El panorama comenzaba a complicarse para el Gobierno, que encomendó al ministro del Interior, Rodolfo Gabrielli, para que destrabe la negociación. A la mañana, el mendocino había intentado convencer a los gobernadores por teléfono. A las tres de la tarde, continuó con su tarea en el Palacio de Hacienda, donde colaboró con el Remes para acercar posiciones con Marín, De la Sota, Reutemann y Kirchner.
La tarea era difícil, porque los gobernadores ya habían elaborado su propio proyecto, que contenía algunos reclamos que consideran imprescindibles, y otros que reconocen como inviables. Solicitaban que las deudas de las provincias con acreedores locales fueran pesificadas 1 a 1, que los débitos con los organismos multilaterales de crédito se pesificaran a 1,40 y que las obligaciones en el Exterior recibieran “el mismo tratamiento que el gobierno nacional”. Y pedían que se garantice el piso de coparticipación para enero, febrero y marzo de esta año.
Tras largas discusiones, en las que participaron los ministros de Economía de Córdoba y Santa Fe, Juan Schiaretti y Juan Carlos Mercier, las posiciones se fueron acercando. Los gobernadores aceptaron eliminar el piso –que en caso de inflación podría ser perjudicial para sus intereses– y aceptaban que los fondos coparticipables se repartieran “a suerte y verdad” según los ingresos de la recaudación. Claro que exigían, como contrapartida, que la Nación les girara un porcentaje significativo, superior al 4 por ciento, del impuesto al cheque. Otra de las demandas era que el Ejecutivo garantizara “una salvaguarda” que se mantuviera estable en caso de que continúe a caída de la recaudación.
Además, los gobernadores del PJ aprovecharon la reunión para reclamar por los intereses particulares de sus distritos. Santa Cruz y San Luis, por ejemplo, pidieron que se les compense el recorte del 13 por ciento en la coparticipación. Como son las dos únicas provincias sin deudas, no se vieron beneficiadas por la baja de la tasa de interés implementada por Cavallo. El caso de San Luis es aún más complicado: la provincia del ex presidente Adolfo Rodríguez Saá tiene 400 millones de dólares inmovilizados en la banca local. El corralito llegó para todos.