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No existen recetas mágicas ni medidas salvadoras en economía. Los acuerdos-congelamientos de precios son una herramienta más de la política económica. Es una iniciativa que necesariamente debe ser complementada con otras, al tiempo de ir ajustándola según los obstáculos que se vayan presentando. Para ello tiene que haber una intensa y efectiva intervención del Estado en diferentes frentes tras el objetivo de lograr la desaceleración de los aumentos de precios de alimentos y bebidas. Este es el rubro principal para atender el problema de la inflación, porque esos bienes integran la canasta básica que los hogares de ingresos medios y bajos destinan gran parte de su presupuesto para adquirirla. El impacto inicial de un control de precios es indudablemente una mejora del poder adquisitivo de la población con ingresos fijos. Así lo demuestran las experiencias de congelamientos en Argentina como también muchas otras en la historia económica mundial, entre las que se destaca la de Estados Unidos, liderada por John Kenneth Galbraith, uno de los más grandes economistas del siglo pasado, encargado del control de precios en Estados Unidos durante los años cuarenta del siglo pasado.

Conociendo el resultado del congelamiento en la preservación e incluso aumento del poder de compra ha sido extraño el descreimiento, la crítica o la indiferencia de dirigentes sindicales debido a que son las mismas observaciones que expresan analistas y economistas del establishment. Mencionan las dudas sobre lo que puede pasar el “día 61”; afirman confundidos que los controles nunca funcionaron; que al final pierden los trabajadores; o que es una medida compleja porque el Estado quedó disminuido en su capacidad de intervenir en la vida económica del país.

La explicación de la ortodoxia a esta reacción apunta a que los sindicalistas saben que los controles no funcionan y, por ese motivo, actúan como si no existieran para presentar sus demandas de ajustes salariales. Reclaman entonces por la inflación pasada y estimada, que eso ya es todo un juego sombrío por la inconsistencia del índice de precios al consumidor del Indec y de las consultoras privadas. Así los dirigentes sindicales quedan atrapados, algunos involuntariamente y otros en forma entusiasta, por la lógica de grupos conservadores que protegen intereses del poder económico. De acuerdo con la evolución del salario de los trabajadores formalizados y de los aumentos acordados en las paritarias en los últimos años, los ingresos reales fueron positivos en relación con cualquier índice de precios, oficial o privado.

El factor que ha alterado la dinámica de la puja distributiva –a favor de los trabajadores– fue el anuncio del congelamiento de precios debido a que ha colocado a la defensiva a la ortodoxia, que rápidamente planteó problemas de desabastecimiento e instaló interrogantes sobre lo que puede pasar el día 61. Si el sindicalismo duda sobre la efectividad del control, la estrategia esperable en defensa de los intereses de los trabajadores es exigir mejoras en su implementación en lugar de debilitarlo con los tradicionales cuestionamientos del mundo empresario. El dato distintivo es que las empresas involucradas prefirieron el silencio como resistencia, comportamiento comprensible porque son las afectadas. En esta oportunidad tienen como aliados, además de sus voceros tradicionales, el escaso entusiasmo de dirigentes sindicales en la defensa del congelamiento.

Organizaciones sociales y políticas vinculadas con sectores vulnerables tampoco han mostrado mucho activismo en apoyar una medida que han reclamado en más de una oportunidad. Este vacío político a una herramienta de mejora de los ingresos por parte de quienes son los principales beneficiarios es un misterio del actual escenario político-mediático.

El Gobierno tiene su cuota de responsabilidad porque no ha convocado a agentes sociales y sindicales como socios en esta puja, que es política y también de poder con los formadores de precios. De ese modo corre riesgos, porque se trata de una medida que no puede ser reiterada inmediatamente si no tiene efecto positivo. Tampoco ha diseñado ni publicitado listas de precios orientativos, y no ha formalizado el congelamiento ni definido políticas coordinadas con otras áreas de la gestión económica para articular una estrategia de intervención sobre las expectativas sociales, ámbito donde se desarrolla con intensidad la actual disputa política-mediática. Varios son los determinantes de los precios de la economía como para pensar que la inflación puede ser atendida por una sola persona o enfrentada exclusivamente con un esquema de congelamiento de precios.

Son muchos los antecedentes de programas de control de precios. Algunos fueron exitosos (por ejemplo, el israelí en la década del ’80) y otras comenzaron con resultado favorable para culminar con saldo negativo (el Plan Austral de Alfonsín). Otros controles aplicados por gobiernos peronistas tuvieron un inicio positivo y luego por factores políticos tuvieron un recorrido sinuoso no atribuible a los acuerdos de precios, como explica el sociólogo Artemio López, detallando las experiencias de 1952, 1973 y 2006. Varios países y diferentes proyectos económico-sociales decidieron en algún momento aplicar una fuerte intervención del Estado en el mercado con el objetivo de frenar la inercia inflacionaria. El congelamiento no es un fin en sí mismo ni una medida de carácter permanente, sino que es una herramienta de política de ingresos para ser aplicada en determinadas circunstancias. Es un ingrediente esencial de una estrategia económica destinada a combinar creación de empleos con estabilidad.

La confluencia de intereses del poder político y los trabajadores para cuidar el poder adquisitivo de la población hace necesaria la generación de señales contundentes de que los precios dejarán de subir. El objetivo del congelamiento es evitar la receta recesiva de la ortodoxia para atacar los aumentos de precios, que consiste en limitar la demanda. Por eso ha resultado llamativa la coincidencia argumentativa de dirigentes sindicales con representantes de la ortodoxia económica. La intervención del Estado en el control y administración de precios es uno de los instrumentos para evitar el abuso de empresas con posición dominante en cadenas de producción y comercialización que perjudican a los eslabones más débiles, siendo el último el consumidor-trabajador.

Después de tantos ensayos estudiados de congelamiento de precios, aquí y en otros países, la conclusión es que resulta una ilusión suponer que pueda extenderse indefinidamente. O que sea una medida mágica. Factores internos y externos impactan en forma permanente en la economía, lo que demanda flexibilidad en la utilización de las herramientas que brinda la política económica. Por eso mismo el congelamiento es necesario en una primera etapa para detener la inercia inflacionaria, para luego pasar a una estrategia sofisticada de administración de precios y de coordinación de la política monetaria y fiscal. El actual cuadro de la situación económica, con una deuda pública manejable y contratos que no están indexados formalmente, está más despejado que en períodos pasados, cuando la inflación era más alta y el grado de inercia más alto. Se despliegan de ese modo condiciones para que el congelamiento y la posterior administración de precios no sea sólo una medida de voluntarismo político para consolidarse como una efectiva herramienta de la política de ingresos.

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