Desde Nueva York

El gobierno argentino y los fondos buitre jugaron ayer sus últimas cartas antes del fallo clave de la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Fue en una audiencia en esta ciudad frente a los tres jueces, dos mujeres y un hombre, que deberán decidir si el país debe pagarles en efectivo y de una sola vez 1350 millones de dólares a los fondos NML, de Paul Singer, y Aurelious o si aceptan otra forma de liquidar lo que reclaman. Los buitres ya tienen dos sentencias a su favor: una del juez de primera instancia Thomas Griesa y la segunda de esta misma cámara, que resolvieron que Argentina tiene que empezar a pagarles a esos inversores especulativos. Lo que se discute ahora es cómo. La estrategia del gobierno nacional, sin embargo, va más allá de esta instancia. Ayer trabajó para convencer a los magistrados de que no corresponde darles a los buitres un tratamiento diferenciado y más favorable que al resto de los acreedores que sí ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. Es decir, en todo caso se les puede ofrecer sumarse al canje en similares condiciones a los anteriores y con la misma fuerte quita de capital. Pero los abogados del Gobierno también presentaron argumentos pensando en revertir aquellas dos sentencias que les dieron la razón a los buitres, ya sea en un plenario con los trece jueces de la Cámara de Apelaciones –lo que se llama técnicamente una revisión en banc– o a través de la Suprema Corte de Estados Unidos. Ninguno de esos objetivos será fácil de alcanzar, pero el Gobierno trabaja políticamente en distintos planos para dar vuelta un partido que hoy va perdiendo (ver aparte).

La audiencia en la Cámara de Apelaciones generó un fuerte interés entre fondos de inversión, economistas, actores del mundo financiero, abogados y estudiantes. Para conseguir un lugar en la pequeña sala donde se desarrolló el encuentro hubo que hacer fila desde las 9 de la mañana, pese a que las sesiones arrancaron puntualmente a las dos de la tarde. Sólo podían ingresar 46 personas, incluidos los representantes legales de las cuatro partes involucradas, por lo que la gran mayoría, más de cien personas, terminó en un salón donde se transmitieron los hechos por circuito cerrado. “Hubo más gente que en las audiencias de Strauss-Kahn”, comparó un cronista de una agencia de noticias internacional que trabaja en esta ciudad. Tanto entusiasmo se explica porque el juicio de los fondos buitre contra la Argentina constituye un caso testigo, uno de esos eventos que marcan una bisagra en la historia de una disciplina. En este caso, en los ámbitos jurídico y financiero. ¿Quién tiene razón, aquel que detenta un papel que le garantiza el derecho a cobrar el ciento por ciento de lo que allí figura, pese a que cuando lo compró no valía casi nada? ¿O un país que hizo un gran esfuerzo para salir de una crisis profunda y que consiguió el apoyo del 93 por ciento de sus acreedores para permitir la recuperación?

Los argumentos de las partes giraron en torno de esas ideas. Y los jueces participaron con preguntas asumiendo posiciones definidas. No intentaron disimular su pensamiento, sino que interrogaron casi como si fueran abogados de una de las partes interesadas. La camarista Reena Raggi se “lució” en ese papel. Con su toga negra y con los anteojos en la mano, fruncía el ceño frente al discurso del representante argentino, Jonathan Blackman, del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, y lo acechaba con preguntas. “Entonces usted dice que la Argentina va a desconocer lo que disponga este tribunal”, lo apuró en un momento, cuando Blackman opinaba en favor del tratamiento igualitario entre los bonistas que entraron al canje y los buitres. “Voluntariamente no lo vamos a hacer”, respondió el abogado, y Raggi lo incomodó: “Explíqueme eso de que voluntariamente no lo van a hacer, cómo es el cumplimiento voluntario de una sentencia”, dijo, disparando una carcajada y gestos de aprobación del sector derecho de la sala, donde estaban los buitres.

A su turno, el abogado de NML, el rubicundo Ted Olson, se entusiasmó con esa línea de pensamiento:

- “Sabe lo que dijo la presidenta argentina: ‘Nunca les pagaremos un peso a los fondos buitre’. Y sabe lo que dijo el ministro de Economía: ‘No importa lo que digan las cortes de Estados Unidos, jamás les daremos un peso a los fondos buitre’. La Argentina tiene una larga historia de violación de sus compromisos”, arremetió.

- “Pero escúcheme, la Argentina le está proponiendo un mecanismo para regularizar sus pagos (el canje) y además los políticos a veces tienen que decir cosas que no pueden tomarse en sentido literal”, lo cortó Roosmary Pooler, una de las tres jueces del tribunal.

Los que festejaron esa vez fueron los delegados argentinos. Esos cruces marcaron en parte la clave de lo que espera el Gobierno que ocurra en este tribunal. La posición de Raggi es muy favorable a los buitres, mientras que Pooler y el único hombre, Barrington Parker, podrían acercarse a los deseos argentinos. Los argumentos de los abogados del Estado nacional intentaron persuadir a esos dos miembros de la Cámara, no ya para que den marcha atrás con la decisión de que hay que pagarles a los buitres, sino en que reconozcan que no corresponde liquidar el ciento por ciento de lo que reclaman en efectivo –como había dispuesto Griesa en su momento, y que ahora se revisa– o al menos que no pongan al país en situación de default técnico. Las opciones que se abren en esos casos son dos: que la Cámara avale que la solución para los buitres es aceptar la oferta argentina de sumarse a un nuevo canje de deuda, similar a los de 2005 o 2010, o bien que insista en que los fondos especulativos tienen derecho al ciento por ciento, pero no a embargar los pagos que realice el país al resto de los acreedores que reestructuraron su deuda a través del Banco de Nueva York. Si fuera así, el fallo no tendría demasiado impacto para Argentina, dado que podría seguir cancelando la deuda reestructurada y desconociendo la orden de pagarles a los buitres.

El vicepresidente, Amado Boudou, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, presentes en la audiencia, aunque no tenían derecho a la palabra, destacaron después en declaraciones a la prensa que la Argentina no “incumplirá” con la ley argentina que impide pagarles a unos acreedores más que a otros. Ted Olson, el abogado de NML, usó ese tema ante la Cámara para plantear que el Gobierno mantiene de “rehenes” a los bonistas que entraron al canje, a quienes usa de escudo frente al reclamo de los fondos de inversión. Blackman, el abogado de Argentina, usó el mismo ejemplo, pero al revés, ya que dijo que los buitres son quienes tienen de rehén al resto de los inversores. Estos últimos participaron de la audiencia, al igual que el Banco de Nueva York, y fueron enfáticos en pedir que el reclamo de los buitres no afecte sus intereses. Ese apoyo es considerado clave por el Gobierno, que aclara que el conflicto no terminará con la próxima sentencia de Cámara –que ya quedó lista para ser tomada, probablemente hacia abril–, sino que seguirá en apelaciones ante la propia Cámara pero en un plenario en banc y ante la Corte Suprema.