Desde Nueva York

La evaluación que hicieron el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el vicepresidente Amado Boudou de la última audiencia antes del fallo de la Cámara de Apelaciones en el juicio de los fondos buitre fue que se lograron los objetivos planteados. “Nada de lo que pasó es raro o estuvo fuera de lo previsible”, aclaró el jefe del Palacio de Hacienda cuando se lo consultó por la dureza de alguno de los miembros del tribunal, que machacó con que el país hace más de once años que no les paga a los buitres –los llamó “bonistas originales”, ni siquiera holdouts–. “Es siempre así en este tipo de audiencias”, insistió, frente a la extrañeza de cronistas argentinos poco acostumbrados a ver a jueces asumiendo posiciones de una de las partes de manera tan ostensible. Fue el caso de la magistrada Reena Raggi, que interrumpió permanentemente al abogado argentino y coincidió con los planteos del representante del fondo NML. Para Lorenzino y Boudou, lo trascendente fue que la audiencia estuvo desbalanceada en favor de la posición argentina porque hubo tres expositores defendiendo su postura –los otros dos fueron el Banco de Nueva York, que actúa como agente de pago de los bonos reestructurados, y los bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010– y porque se agregaron argumentos que no figuraban en las presentaciones escritas, mientras que los buitres repitieron discursos conocidos.

El abogado Jonathan Blackman, del estudio jurídico que representa al país, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, hizo uso de la palabra durante 28 minutos. David Boies, del Exchange Bondholders Group (EBG), que son los acreedores que participaron de los canjes, habló 43 minutos. Y James Martin, del Banco de Nueva York, lo hizo durante 26 minutos. En cambio, Ted Olson, del fondo NML, pudo exponer a lo largo de 40 minutos. En todos los casos se cuentan las dos intervenciones que tuvieron durante la audiencia. Esa desproporción en favor de la Argentina es la que entusiasmó a los funcionarios, aunque también es necesario aclarar que hablaron más porque tuvieron que responder preguntas incómodas del Tribunal. De las dos horas de deliberaciones, dos terceras partes fueron ocupadas por el abogado de Argentina o sus aliados.

“Fuimos tres partes con argumentos muy consistentes y complementarios”, consideró Lorenzino. En diálogo con Página/12 y otros medios que asistieron a cubrir la audiencia, el ministro remarcó que la Argentina acatará sólo un fallo que “pueda cumplir”. Es decir, que respete el compromiso de no pagarle a ningún acreedor más que a otro. Si los fondos buitre quisieran obtener el ciento por ciento de lo que reclaman y la Argentina accediera a ello, entonces estaría siendo inequitativo con quienes entraron a los canjes, y eso está prohibido por ley, aclaró.

Ted Olson, de los fondos buitre, concentró su argumentación en dos ideas: la Argentina puede pagar los 1350 millones de dólares que se le exigen sin inconvenientes, ya que eso no pondría al país en riesgo –“no es la Argentina de 2001, ha crecido mucho estos años”, dijo, aunque no a modo de elogio–, y que el país discrimina a los “bonistas originales”. También remarcó que la Argentina tiene una historia y un presente de desafío a las reglas internacionales. En su presentación por escrito, los buitres advirtieron que el país no paga las sentencias en contra dictadas por el Ciadi, el tribunal internacional del Banco Mundial, que sigue en default con el Club de París y que se niega a reconocer los derechos de los “bonistas originales”.

En la puerta del Tribunal, a pocas cuadras del Ground Zero, donde estaban las Torres Gemelas, el vicepresidente Boudou replicó: “Cuando estaba sentado en la Corte pensaba qué fácil le es a toda esta gente acceder al sistema de Justicia y recordaba cómo nada pudieron hacer nuestros jubilados cuando les sacaron el 13 por ciento. Se ve que la seguridad jurídica es sólo para un lado”. La presencia del vicepresidente y del ministro de Economía fue un gesto que buscó demostrar la firmeza de la posición argentina de no acatar fallos que le hagan incumplir la ley interna y de la importancia institucional que le da al tema. Fueron señales de una pelea que tendrá nuevos capítulos y que buscará cada vez más involucrar al gobierno de Estados Unidos para ponerles un límite a los fondos buitre.