La decisión del gobierno nacional de fijar un precio máximo para los combustibles fue bien recibida por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), los representantes de las cadenas de supermercados de todo el país, la industria de alimentos, e incluso por el secretario del gremio de trabajadores petroleros privados, Guillermo Pereyra. Todos estos sectores coincidieron en que la medida publicada ayer en el Boletín Oficial contribuirá a controlar los costos de los productores de bienes, situación que se complementa con el congelamiento de precios en los supermercados. “Una medida de esta naturaleza ayuda a evitar un alza de precios”, manifestó Osvaldo Cornide, titular de CAME. Los mayores opositores a la decisión de la Secretaría de Comercio Interior son los empresarios dueños de estaciones de servicios, quienes indicaron que no podrán hacer frente a las negociaciones paritarias del sector.

“Para que los acuerdos de precios sean efectivos, hay que trabajar sobre la oferta. Y trabajar sobre la oferta es hacerlo sobre los costos. Y sin ninguna duda, el combustible forma parte de esos costos”, destacó el vocero de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), Fernando Aguirre. En este sentido, los representantes de los supermercados de las distintas provincias del país coincidieron en remarcar que esta medida ayudará a hacer más efectivos los acuerdos de precios con las industrias y el gobierno nacional.

“La logística (transporte) tiene un componente importante en el precio final de la mercadería, por lo cual si sube el combustible, habrá presión para aumentar los productos. El Gobierno está trabajando sobre los dos componentes de la formación de los precios. Eso es lo importante”, concluyó Aguirre.

La Secretaría de Comercio Interior estableció un precio tope para los combustibles por seis meses, para evitar “desajustes en los montos que deban abonar los consumidores”, según la Resolución 35/2013 que lleva la firma de Guillermo Moreno. Para la referencia del precio tope, se tomará el valor de la nafta y el gasoil al 9 de abril. “Es objetivo de este Gobierno promover el crecimiento homogéneo del país, asegurando un trato igualitario y equitativo a la población, y esta medida redundará en tal sentido”, puede leerse en la resolución. Con el objetivo de lograr cierta equidad en los precios, Comercio Interior ideó un esquema por regiones, en las cuales se aplicará el tope de precios según los valores vigentes en cada una de ellas.

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam), Alberto Guida, calificó de “relevante” la decisión del Gobierno, y evaluó que “es muy importante para sostener los acuerdos de precios”. “El problema de sostener los acuerdos de precios es que aumenten los costos; si no aumentan los combustibles, los costos logísticos entonces tienen una contención”, agregó Guida, en sintonía con otros representantes del sector mayorista de alimentos.

Incluso, la medida fue bien recibida por el presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, un empresario que suele estar en las antípodas de las decisiones del Poder Ejecutivo. “Esta decisión es fundamental para que puedan cumplirse los acuerdos de precios entre las empresas, los supermercados y el gobierno nacional. Para la industria de alimentos y bebidas, y en el marco de los acuerdos de precios, es importante que la estructura de costos y, obviamente, entre ellos el flete y la logística, también tengan el mismo comportamiento”, indicó Funes de Rioja.

Si bien la medida tuvo un alto respaldo en sectores empresarios, los dueños de las estaciones de servicio –de bandera y blancas– mostraron su disconformidad. La Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina (Fecra), que conduce Rosario Sica, advirtió que “el congelamiento por seis meses es imposible”. “Estamos en stand by para discutir el salario, porque ya, sin el congelamiento, el 40 por ciento de aumento no se puede pagar”, resaltó Sica.

Dicho porcentaje es el incremento reclamado por los empleados de estaciones de servicio para recomponer sus salarios. “Vamos a aceptar seis meses de congelamiento si nos frenan todos los costos. El salario de los empleados representa el 60 por ciento para una estación de servicio en cuanto a sus gastos de explotación”, agregó Sica.

Los estacioneros bonaerenses también manifestaron su rechazo. La Federación de Entidades de Combustibles de la provincia definió la resolución de la Secretaría de Comercio como “un disparate”. “Estos inventores (por los funcionarios) tendrían que ser ministros de Corea del Norte o de Cuba, pero me parece que en Argentina están agotando el proyecto”, manifestó Luis Malchiodi, titular de la entidad bonaerense.