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Producción: Tomás Lukin

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Opinión

El caso de las cementeras

Por Alejandro Gaggero *

En el marco del debate abierto sobre el rol de la concentración empresarial en el proceso inflacionario que se produjo a partir del año 2002, es pertinente analizar lo sucedido en la industria del cemento, una actividad en la que el poder oligopólico y la ausencia de una intervención eficaz por parte del Estado tuvieron un papel central en la suba de precios.

El Indice del Costo de la Construcción (ICC) aumentó alrededor del 300 por ciento entre 2002 y 2010. Durante los primeros años posteriores a la devaluación, los precios del rubro “materiales” subieron mucho más rápido que el de “mano de obra”, siendo notable el comportamiento del cemento portland: entre el inicio de 2002 y mediados de 2005 el precio de la bolsa de 50 kilos se incrementó más del 140 por ciento.

En un artículo publicado hace unos años en la revista Realidad Económica se analizaron las posibles causas de este fenómeno. En primer lugar se descartó que éste debiera a un aumento de la demanda: el año 2002 –en el que se concentró la mayor parte de la suba– coincidió con un derrumbe de la construcción debido a la crisis económica. Por otro lado, también se verificó una influencia casi nula de lo sucedido en los mercados internacionales, ya que, debido al alto costo de fletes, el cemento prácticamente no se exporta ni se importa. En tercer lugar se analizó la estructura de costos de la producción de cemento, haciendo eje en los principales factores de acuerdo con la matriz de insumo-producto: salarios de los trabajadores y gas. Mientras que los primeros sólo aumentaron un 15 por ciento durante el 2002, el segundo se mantuvo congelado debido a las regulaciones estatales. Por último, se comprobó que el sector tiene una muy baja proporción de insumos importados (cuyos precios son los más afectados por una devaluación).

¿Cómo explicar entonces el notable aumento en los precios? Aquí es donde se deben incorporar los factores asociados al poder oligopólico de las grandes empresas cementeras, que les permitió aumentar los precios en un contexto de baja en la demanda y costos relativamente estables. La producción de cemento es una actividad altamente concentrada, ya que tan sólo cuatro firmas explican el ciento por ciento de la producción. A este rasgo –común a otras industrias cementeras en el resto del mundo– hay que sumarle otro, que en el caso argentino resulta fundamental: la existencia de acuerdos entre los productores para repartirse el mercado y así mantener los precios altos.

En agosto de 2005 la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) dio a conocer un dictamen en el que se corroboró la existencia de un acuerdo entre las cementeras para repartirse el mercado, fijar precios y digitar el resultado de las licitaciones públicas. El caso no sólo puso a la luz prácticas anticompetitivas arraigadas en el empresariado local, sino también la debilidad que el Estado ha mostrado durante las últimas décadas para regular al sector privado. El cártel cementero se inició en 1981 y funcionó sin interferencias, por lo menos, durante dos décadas. Una vez detectado, la investigación oficial demoró seis años, un lapso demasiado largo si se tiene en cuenta la magnitud de las pruebas entregadas por un ex gerente de Loma Negra (que incluían actas de reuniones, planillas con datos de producción y memorándum).

La multa (309 millones de pesos repartidos en las cuatro firmas) todavía no pudo ser aplicada debido a que fue apelada por las cementeras. Pero lo más importante es que el proceso no ha llevado a que la CNDC implemente controles eficaces para evitar prácticas anticompetitivas en este sector o en otros.

Al tomar en cuenta las debilidades regulatorias del Estado, surge una pregunta obligada: ¿por qué las empresas, luego del proceso judicial, habrían de abstenerse en continuar con las mismas prácticas anticompetitivas?

La evolución reciente de la industria del cemento es un claro ejemplo de la importancia que tiene la coexistencia de un alto grado de concentración, la implementación de prácticas anticompetitivas por parte del empresariado y las debilidades regulatorias del sector público. El impacto de estos factores en el aumento de precios de los últimos años seguramente no ha sido igual en todas las ramas industriales. La concentración no es el único factor que incide sobre la inflación, pero está lejos de tener una importancia marginal. Por eso, sería deseable que se avanzara en la aplicación integral de la legislación vigente en materia de defensa de la competencia (ley Nº 25.156), incluyendo la conformación –siempre postergada– del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia.

* Investigador y docente de Idaes-Unsam.

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Opinión

“Efecto de la puja distributiva”

Por Federico Sage *

En las últimas semanas regresó al debate la polémica sobre la inflación. Varios artículos en éste y otros medios parten de perspectivas heterodoxas rehuyendo a la tradicional explicación liberal que sostiene que la inflación es un fenómeno monetario causado por el exceso de emisión de dinero. Va de suyo que se oponen a recetas ortodoxas como una política monetaria o fiscal restrictiva. Más allá de su coincidencia en la crítica a la ortodoxia, ellos tienen visiones disímiles respecto de las causas (estabilización de la moneda, oligopolios, puja distributiva) y por ello en las posibles políticas de contención de la inflación en la etapa (superávit fiscal y acumulación de reservas, tipo de cambio “competitivo”, regulación de oligopolios, incentivos a la demanda y a la inversión).

Entendemos que esos argumentos deben analizarse integralmente, conciliando una interpretación que incluya los variados elementos que contribuyen a caracterizar la problemática inflacionaria en América latina, en una economía periférica y dependiente como la nuestra. Debemos distinguir entre los factores estructurales y los mecanismos de propagación en términos inerciales y coyunturales, diferenciando el origen de la tendencia inflacionaria de los elementos que la intensifican y potencian.

En primer lugar, cabe considerar que con la devaluación de 2002 se generó una masiva transferencia de ingresos desde el trabajo hacia el capital, logrando que se multiplicaran las ganancias empresariales con un “colchón” de capacidad ociosa que permitió la recuperación salarial real hasta 2006-2007, al precio de acentuar cuellos de botella sectoriales en la producción e intensificar la puja distributiva.

Durante este período, la economía se reconfiguró para consolidar un modelo productivo ajustado al denominado Consenso de los Commodities: una reedición neodesarrollista del perfil exportador primarizado con un avance en las manufacturas vinculadas directamente a los recursos naturales (agronegocios, hibrocarburos y minería). Este perfil histórico de inserción internacional de las economías latinoamericanas exportadoras de recursos naturales se basa en una renta alta de la tierra que genera una presión al alza de los precios de la producción agropecuaria y por ende de los alimentos. A esto se le suma en los últimos años el efecto de la coyuntura internacional: el alza de los precios de los commodities debido a la creciente demanda por parte de los Brics y a la especulación financiera que se trasladó al sector, con los capitales que escaparon del mercado inmobiliario en la crisis de 2008.

A partir de 2007 operó una aceleración de los precios de los commodities y la energía, combinada con minidevaluaciones, financiamiento del Tesoro vía BCRA e impulsos a la demanda agregada a través de políticas como la AUH y la estatización del régimen previsional. Este conjunto de efectos funcionó como mecanismo de propagación de las tensiones estructurales que sufre una economía dependiente sin modificaciones significativas de su matriz productiva en los últimos años: una restricción externa producto de la necesidad creciente de importaciones para la producción industrial local y una oferta ajustada a la demanda de mercancías exportables, inflexible ante las necesidades internas.

Entonces, la presión inflacionaria no encuentra el punto de partida en mecanismos institucionales o dinámicos, sino en una matriz productiva exportadora primarizada que cotiza la renta de la tierra en función del dólar y el precio de los commodities (factor estructural). Partiendo de esta base, el mecanismo que impulsa cíclicamente la inflación es la disputa por el excedente entre fracciones del capital y la puja salarial entre empresarios y trabajadores. Este a la vez se convierte en factor estructural en nuestra economía por el simple hecho de que el salario real del pueblo trabajador y su participación en el PBI quedan sistemáticamente subordinados a una alta tasa de ganancias por parte de los capitalistas y su capacidad de apropiación del excedente. No hay dato más contundente que el estancamiento del salario real a partir del 2007, a la par de un incesante aumento del precio de los commodities y altas tasas de ganancias beneficiadas por la licuación de los costos salariales a través del proceso inflacionario que inicia su carrera en estos años.

En síntesis, la inflación no es sino un aspecto particular del fenómeno mucho más general de la lucha de clases. A 11 años del 2001, los costos laborales de la economía siguen deprimidos, en un piso históricamente bajo. La inflación opera como parte de una estrategia regresiva de distintos sectores del capital y por ello sólo puede ser combatida a través de la organización del pueblo trabajador que cristalice sus demandas en un Estado regulador.

Visto que toda propuesta de bajar la inflación implica una suma cero, con ganadores y perdedores, entendemos que la problemática tiene que ser encarada con una estrategia que priorice la distribución de ingresos hacia los sectores populares que están siendo afectados por el deterioro en el poder adquisitivo de sus ingresos.

Mientras la dinámica de crecimiento y puja continúe –y asumiendo que la matriz productiva concentrada y extranjerizada lo hará por un buen tiempo si no se toman medidas al respecto– la eliminación de la inflación es una quimera. Mientras tanto, pueden establecerse algunas medidas para atenuar la inercia inflacionaria y proteger a la clase que vive del trabajo: masificación de centros de consumo a precios regulados como los del Mercado Central (tipo Mercales en Venezuela), producción estatal y/o colectiva de bienes-salario (agropecuarios y manufacturas de consumo básico), estatización del comercio exterior para recaudar y controlar los precios internos, y fuerte regulación de oligopolios en el sector productor de alimentos.

* Economista - Miembro del Equipo de Economía Política del Centro de Estudios para el Cambio Social (Cecso).