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Producción: Tomás Lukin

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Lo invisible a los ojos

Por Sandra Guiménez *

Mientras miro azorada los hechos ocurridos a propósito del paro sorpresivo de trenes convocado por el gremio ferroviario el miércoles 3 del corriente, mi indignación aumenta no sólo porque el paro es una herramienta de lucha que debiera ser utilizada como último recurso en cualquier negociación, sino porque se pierde de vista permanentemente el mejoramiento objetivo de las condiciones de vida producido en estos últimos diez años. Es fácil detenerse en hechos como éste, o el aumento del pan provocado por sectores del campo o el paro de los camioneros del lunes 8, para no tener una perspectiva clara de dónde estamos parados respecto del año 2002. Es necesario sopesar el mejoramiento de algunas dimensiones de la vida cotidiana y el papel que el Estado ha ejercido respecto de ese mejoramiento.

Cuando hablamos de “condiciones de vida”, hacemos referencia a aspectos que tienen que ver con lo que hacemos para vivir y ganarnos el pan, así como también a aspectos que hacen de contexto al desarrollo de nuestras vidas: la vivienda, el estado de las calles, el acceso a los servicios básicos como luz agua y teléfono, el transporte, la cultura, la salud, la educación.

En relación con las condiciones que dan cuenta del mercado de trabajo, es claro que en estos últimos años ha habido significativas mejoras: disminución abrupta de la desocupación, rehabilitación de las convenciones colectivas de trabajo, disminución de la informalidad (aunque sobre esta variable en particular falta mucho por hacer, ya que aún un porcentaje elevado de la población económicamente activa continúa integrando ese conjunto).

Respecto de los servicios básicos como el tendido eléctrico, la instalación de gas y de cloacas, se han dado pasos agigantados en todo el país, que quizá nuestra mirada ceñida a Capital Federal y Gran Buenos Aires no alcanza a dimensionar. Es trascendente el impacto que el proyecto que se inició en el año 2003 trajo aparejado especialmente para localidades pequeñas que históricamente han sido olvidadas por su relativo peso específico en términos electorales.

La recuperación de las capacidades estatales de intervención y regulación pueden apreciase cuando una ciudad que no tenía luz ve consagrado ese derecho a partir de una gestión de gobierno que no pondera cuántos son, sino que persigue garantizar que ese servicio llegue a una comunidad como la de Apipé (isla correntina situada enfrente de Yaciretá) por poner un solo ejemplo muy significativo. O cuando se llega a una localidad perdida en la sierra cordobesa donde sus habitantes narran que nunca antes en la historia de ese lugar habían llegado pensiones y asignaciones universales, o fondos para la construcción de un salón de usos múltiples que posibilita el festejo del primer cumpleaños de 15 en ese SUM que antes no existía.

Estos pequeños grandes hechos que mejoran la vida de la gente de una manera que desde las comodidades de la gran ciudad no siempre pueden evaluarse se repiten a lo largo y ancho del país, en la forma de la llegada del asfalto de toda una localidad, o la recuperación de un cine cerrado en los años noventa, la mejora de un predio deportivo, la instalación de wi-fi en la plaza céntrica que posibilita que los chicos con sus notebooks se lleguen hasta allí para hacer cosas que nuestros chicos en la ciudad desarrollan en cualquier parte.

De ninguna manera estoy diciendo que está todo hecho, o que con lo hecho alcanza. Claro que no. Falta muchísimo para mejorar aún más las condiciones de vida y de trabajo de la gente, por homogeneizar las diferencias culturales, sanitarias y educativas entre las distintas provincias, por mejorar el transporte (porque vaya si no hace a la calidad de vida). También debe profundizarse el mejoramiento de las propias capacidades estatales para que la ejecución de las políticas se transforme en la concreción de la satisfacción de los derechos. Falta eso y más. Pero no se puede desconocer donde estábamos en el año 2001 y dónde estamos parados hoy.

El objetivo de mayores niveles de igualdad permanece más vigente que nunca y requiere que la sociedad argentina en su conjunto reescriba cuáles son los mínimos y máximos que está dispuesta a tolerar y a garantizar y también a defender y cuidar lo que hemos logrado entre todos.

* Socióloga, doctora en Ciencias Sociales, UBA.

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Lecturas dicotómicas

Por Diego Rubinzal *

Las dicotómicas lecturas que dividen al oficialismo y a la oposición están atravesadas por el eje “década ganada” versus “década desaprovechada”. La fortaleza del kirchnerismo está asentada en la notable mejoría de todos los indicadores económicossociales. La generación de más de cinco millones de puestos de trabajos, con la consecuente disminución de la tasa de desempleo, es uno de los tantos ejemplos. Los avances obtenidos no se ven empalidecidos por los múltiples desafíos pendientes en materia laboral (15,9 por ciento de la población desocupada o subempleada, 32 por ciento de empleados no registrados).

Las persistentes deficiencias del mercado laboral incluyen ciertas cuestiones invisibilizadas, como es el caso de los denominados trabajadores desalentados. Esa categoría es definida por algunos autores como “desocupados ocultos en la inactividad”. Los trabajadores desalentados serían aquellos individuos inactivos que, habiendo abandonado la búsqueda de empleo, están disponibles para trabajar. Las causas de ese retiro involuntario del mercado laboral incluyen desde cuestiones de género, ausencia de calificaciones o experiencia, presencia de discapacidades, hasta razones etarias.

El “efecto desaliento” es medido por algunos institutos estadísticos oficiales. Por ejemplo, la oficina censal norteamericana pregunta a las personas inactivas si “desean un trabajo regular”. Ante una respuesta afirmativa, la United States Census Bureau –Oficina de Censo de Estados Unidos– consulta acerca de las razones por las cuales no buscan empleo. Los encuestados disponen de cinco opciones: a) creen que no existen ofertas laborales; b) no pueden encontrar empleo; c) carecen de entrenamiento o credenciales educativas; d) los empleadores los consideran demasiado jóvenes o demasiado viejos, y e) otro tipo de discriminación.

Esa información termina siendo un valioso insumo para la elaboración de políticas públicas. Los datos recopilados por el Indec impiden una medición exacta de la magnitud del desaliento laboral en la Argentina. En ese sentido, los investigadores Fernando Groisman y María Eugenia Scofienza sostienen en “Una aproximación al desaliento laboral en la Argentina” que “dado que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) no pregunta si “desea un trabajo regular” –ya que la forma de saber si son desalentados es que de alguna manera expresen interés en trabajar–, la medición del desaliento no resulta sencilla.

La dificultad de cuantificar y analizar el factor “deseo” limita la posibilidad de elaborar estudios en torno del fenómeno y esto puede explicar el porqué de la escasa literatura en torno de la temática para el caso argentino”.

Sin embargo, el Indec releva aquellos individuos que –no habiendo trabajado en la semana de referencia– manifiestan su disposición a hacerlo de manera inmediata. Ese universo osciló, entre 2004 y 2012, entre el 0,4 y el 0,6 por ciento de la población mayor de 10 años. La incidencia que hubiese tenido este grupo sobre la tasa de desocupación –si hubieran realizado una búsqueda infructuosa de empleo– sería del 6 por ciento en 2004, 7 por ciento en 2008 y 8 por ciento en 2012. Además, Groisman y Scofienza entienden que el universo de trabajadores desalentados debería incluir a la población inactiva en edades centrales –de 18 a 59 años–, con exclusión de jubilados/pensionados y estudiantes.

Ese colectivo también se mantuvo con pocas variaciones en el período analizado. La relativa estabilidad de la participación de trabajadores desalentados, en un escenario de brusca disminución de la desocupación, revela “cierta peculiaridad de este grupo que lo emparentaría con situaciones de exclusión laboral más persistentes y, por lo mismo, menos sensibles al ciclo económico”, manifiestan Groisman y Scofienza.

“Ello refuerza la visión de que los desalentados constituyen un grupo que debe ser tenido en cuenta en el diseño de políticas de protección social. Ello implica una perspectiva que privilegia medidas de contención al avance de las desigualdades. En efecto, la falta de empleo refuerza las desigualdades y las separaciones sociales”, concluye esa dupla de investigadores.

* Economista del Centro de Estudios de Desarrollo Económico Benjamín Hopenhayn.