El actual candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Gerónimo “Momo” Venegas, montó desde el ex Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) un esquema de contrataciones para beneficiar a empresas vinculadas a su entorno y a los dirigentes de Uatre, el gremio que conduce. En sus últimos dos años de gestión, 2010 y 2011, destinó más de 30 millones de pesos para contratar servicios de fiscalización, cobros y gestión, capacitación, seguridad y servicios informáticos. Algunos de los contratos fueron para Gregard S. A., encargada de controlar el trabajo registrado en los campos. En el período mencionado, recibió 10,8 millones de pesos. Esta compañía tenía el mismo domicilio fiscal que el gremio de los peones rurales (Reconquista 630). Su presidenta, Elba Araceli de Robles, participa de otras empresas vinculadas al sector farmacéutico y a la obra social de Uatre (Osprera). Además es el nexo empresario entre Venegas y Eduardo Duhalde (ver aparte). Otro de los contratos del Momo fue para Trivio S. A., encargada de la recaudación de los aportes patronales (5,07 millones de pesos). Uno de los primeros presidentes de esta empresa fue Matías Ciccimarra, socio de Elba Araceli de Robles en al menos dos compañías. El Momo distribuía millones de pesos en contratos para empresas vinculadas al gremio que no ofrecían las contraprestaciones adecuadas, según determinó un informe de la Sindicatura General de la Nación.

El Momo Venegas se jactaba de haber conseguido la registración de 840.000 peones rurales desde la creación del Renatre, durante la breve presidencia de Eduardo Duhalde (2002). Sin embargo, ese dato escondía una trampa: sólo el 40 por ciento de ese total realizaba aportes a la AFIP. Además, era común la registración compulsiva de supuestos trabajadores rurales. Página/12 reveló el 13 de febrero de 2012 cómo era el mecanismo para entregar libretas a quienes no eran peones, con el objetivo de engrosar el número de supuestos registrados.

Cuando el Estado tomó la decisión de crear un nuevo registro (Renatea), junto a un nuevo marco legal para los trabajadores del sector, descubrió que el número de peones registrados era un 60 por ciento inferior a lo que sostenían el Momo Venegas y el resto de los directores del registro, que a su vez eran integrantes de la Mesa de Enlace. También coincidió con el descubrimiento de varios casos de trabajo esclavo.

Entre 2008 y 2012, sobre un total de 2145 certificados de deudas por multas por un valor de 9,7 millones de pesos, el ex Renatre había gestionado el cobro de tan sólo 566 multas (2,1 millones). En la práctica, benefició a las empresas con una transferencia de recursos –por multas no cobradas– de casi 7 millones de pesos. Los magros resultados de la fiscalización y la recaudación no le impidieron a Venegas destinar casi 16 millones de pesos en contratos para Gregard S. A. y Trivio S. A.

Fiscalización y recaudación

Gregard S. A. no sólo brindaba servicios para el ex Renatre, sino que funcionaba en el mismo domicilio fiscal que Uatre y tenía un contrato de locación con Osprera, la obra social del gremio. En 2010, Venegas les otorgó un contrato por 4.768.447 pesos y al año siguiente rubricaron otro por 6.083.369 pesos. Cuando el Estado se hizo cargo del nuevo registro, que absorbió al ex Renatre, la Sindicatura General de la Nación realizó una auditoría interna. Los síndicos no pudieron encontrar, entre la documentación analizada, registros de los campos fiscalizados, ni datos de las contraprestaciones recibidas por las empresas tercerizadas.

Gregard y la Uatre no sólo compartieron el domicilio fiscal sino que también hubo pagos cruzados. “Recuerdo una vez que recibí un cheque de una deuda detectada por Gregard. El pago venía a nombre de Ana Lorena Flores, abogada de Gregard y Uatre. Luego recibí 12 cheques directamente a nombre de Uatre (no a la orden), por esa misma deuda. Una vez recibido, tenía que enviarlos a Gregard, en la calle Reconquista 630. Fue tan rara la cosa que empecé a hacer preguntas y el secretario de Finanzas de Uatre, Viernes Muñoz, prácticamente me invitó a no preguntar más”, narró a Página/12 Carlos Isequilla, ex delegado regional del Renatre en La Pampa, quien el año pasado había denunciado en este diario las maniobras del Momo.

La empresa que brindaba servicios de recaudación, cobranzas judiciales y extrajudiciales se llamaba Trivio S. A., cuyo primer presidente fue Matías Ciccimarra, socio de Elba Araceli de Robles en las empresas Covington S. A. y Vieja Granja S. A. El esquema de pago para Trivio estaba pautado de la siguiente manera: el 1 por ciento fijo sobre los aportes y recaudación transferida desde la AFIP, sin obligación de resultados, y hasta un 20 por ciento sobre el recupero de deuda judicial y extrajudicial, más 43.500 pesos en concepto de consultoría. En 2010, el Renatre le pagó 2.213.386 pesos y en 2011 fueron 2,8 millones de pesos. Ante la inminencia de la disolución del Renatre en diciembre de 2011 por la sanción del nuevo marco legal, el Momo le renovó el contrato por dos años más. Si bien éste fue rescindido, en 2012 le facturó al Renatea 2,4 millones de pesos.

El Momo te capacita

El Renatre tenía firmado un contrato con Uatre, también manejado por Venegas, para ofrecer capacitaciones a los peones rurales. El responsable de organizar las capacitaciones era el secretario de coordinación nacional del gremio, Oscar Ceriotti, también director en el ex Renatre. Según denunció Isequilla en la nota publicada por Página/12 el 13 de febrero de 2012, el responsable de capacitación solía cobrar por más cursos de los que efectivamente brindaba. Según consta en los registros del ex Renatre, en 2010 se le pagó a la Uatre 3.471.595 pesos, mientras que en 2011 se erogaron 5.517.713 pesos.

Además de tener un cargo en el gremio de los peones rurales, Ceriotti también era director del ex Renatre. Por ambos cargos, cobraba un sueldo. En 2011 recibió la cifra de 596.487 pesos anuales en concepto de sueldos brutos más viáticos.

El otro contrato de capacitación estaba destinado a los empleadores y había sido firmado con María Julia Arranz. En 2010 se pagaron 1.036.875 pesos y al año siguiente fueron 1.237.500.

Otros contratos

Así como el ex Renatre no tenía agentes de fiscalización propios, por más que ésa era una de sus tareas inherentes, también tercerizaba la gestión informática (servidores, bases de datos, servicio técnico). En 2010, se le pagó a la empresa Train Solutions S. A. 1.948.660 pesos, mientras que el contrato del año siguiente fue por 2.778.865 pesos. La seguridad también estaba tercerizada. Entre 2010 y 2011, el ex Renatre le pagó a la empresa Seguard S. R. L. la suma de 1.176.432 pesos. Esta compañía brindaba servicios en el edificio de la Uatre, Osprera y el ex Renatre. También en un edificio ubicado en Belgrano 160 (que pasó a manos del Estado), el cual fue “intrusado” no bien se aprobó en el Congreso el nuevo régimen de los trabajadores rurales. Luego de la intervención del Juzgado Nacional en lo Correccional y Criminal Nº 1, el Renatea pudo recuperar el predio, en julio de 2012.

Toda la recaudación del Renatre surgía de cobrar el 1,5 por ciento de la remuneración por trabajador que debía pagar el empleador. Los ingresos anuales rondaban los 300 millones de pesos. Entre 2010 y 2011, el Renatre distribuyó en contratos a tercerizadas la cifra de 33.097.615 pesos. Ante la inminencia del surgimiento del nuevo registro, Venegas les prorrogó a todas las empresas sus contratos. Por eso durante 2012 el Renatea, ya bajo gestión estatal, tuvo que desembolsar 6,2 millones de pesos. Todos los contratos con las empresas tercerizadas ya fueron dados de baja.

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