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La Argentina creció en los últimos 30 años a razón de un 1,1 por ciento anual acumulativo, con lo cual cualquier suposición de una tasa de expansión más significativa del Producto Bruto Interno en el futuro implica la concreción de reformas económicas exitosas que logren romper con esa pobre dinámica. Por tanto, a medida que se sube en la performance imaginada para el porvenir, distanciándose del escuálido dato histórico, la proyección va convirtiéndose en un ejercicio de optimismo, no necesariamente desinteresado, o en una mera expresión de deseos, sin sustento pretérito. Otro tanto ocurre con el superávit fiscal primario (previo al pago de intereses), que en el período 1991-2001 promedió el 0,2 por ciento del PBI para el sector público nacional, y fue negativo (déficit igual a medio punto promedio) si se incluye a las provincias en el cálculo. Por ende, tampoco hay una base maciza para proyectar excedentes de varios puntos del Producto como si sólo dependiesen de la voluntad. La cuestión es central porque de los supuestos que se tracen respecto de esas dos variables dependerá el compromiso que asuma la Argentina en la renegociación de la deuda externa.
Este fue el eje en torno del cual giró la exposición que Sebastián Katz y Jorge Gaggero, analistas económicos del Banco Provincia, desplegaron el jueves último ante funcionarios, legisladores, políticos y economistas de diversas tendencias con abundancia de filminas. En lugar de partir de un flujo dado de servicios futuros de la deuda, y luego deducir cómo deberán evolucionar la economía y las cuentas del sector público para garantizar esos pagos, ellos empezaron por plantearse cuál sería el máximo superávit primario alcanzable, aun bajo hipótesis muy duras pero teóricamente factibles, en base a cierto ritmo de expansión de la economía que no se salga de una expectativa razonable.
La alternativa que Gaggero y Katz toman como “base” es un crecimiento del 2,5 por ciento anual, que por tanto implicaría duplicar holgadamente el logro de la economía argentina en las tres últimas décadas. En función de esa hipótesis, calculan que podría conseguirse un superávit primario nacional equivalente a 2,8 por ciento del PBI, pero esto recién en 2009, el cual se estira a 3,1 por ciento en el cómputo consolidado (nación más provincias). En el año actual se parte de un superávit de 2,1 por ciento (2,5 consolidado), para ir ascendiendo gradualmente.
En el otro extremo, Katz y Gaggero juzgan como “muy optimista” una hipótesis de crecimiento económico del 4 por ciento anual, que el Fondo sin embargo maneja como supuesto medio, ya que traza para el país un sendero de expansión de entre 3,5 y 4,5 por ciento por año, postulando un excedente fiscal primario de cuatro puntos y medio del Producto, con cinco de máxima. En cambio, para los mencionados economistas de la Gerencia de Estudios del Provincia, si la Argentina creciera a una velocidad del 4 por ciento habría que esperar hasta 2009 para generar un superávit primario de 3,2 por ciento, partiendo de un 2,1 por ciento para el año actual.
La divergencia se explica, en parte, porque ellos, a diferencia del FMI, que congela el gasto en términos del PBI, consideran ineludible un gradual aumento del gasto público a partir de su reducido nivel actual, hasta significar en 2007 –el año en que concluye el mandato de Néstor Kirchner– un adicional de 1,6 por ciento del Producto, con lo que se pasaría del 14,1 por ciento actual a un 15,7. Un tercio del incremento iría a solventar una mayor inversión pública (la cifra condice con los planes que se manejan actualmente en Economía y Planificación Federal), y los restantes dos tercios, volcados a gasto corriente, harían frente a reajustes para jubilados, empleados públicos y precios de las provisiones que compra el Estado.
El cálculo es sumamente conservador, ya que no incluye ninguna reforma previsional, un sector en manifiesta situación de quiebra, con una mayoríade la población carente de toda cobertura. Aun así, el mayor gasto capturaría todo el incremento de recaudación a lograr con la prevista reforma del régimen tributario. En todo caso, las proyecciones “realistas” sobre el venidero comportamiento de la economía y el supuesto de metas posibles para el sector público no plantean solamente un horizonte complicado en la negociación con el Fondo y el resto de los acreedores, considerando que en la estimación del superávit primario alcanzable surge una bifurcación de casi 2 puntos del Producto (actualmente significaría unos 7000 millones de pesos anuales). Esto quiere decir que los acreedores esperarían que el país les pague un 60 por ciento más de lo que con gran esfuerzo podría llegar a pagarles.
El otro dato es que las proyecciones realistas tampoco auguran satisfacer a los “acreedores” internos, especialmente los excluidos y, dentro de éstos, los desocupados. En todo caso, cuanto mayor sea la transferencia de recursos hacia los tenedores de bonos aún no reprogramados, menores serán los que puedan reinvertirse en el crecimiento de la economía. Estas tensiones atraviesan el análisis realizado por los economistas del Bapro, que consideran por ejemplo imposible postular para las provincias un superávit primario que supere el 0,3 por ciento del PBI, considerando que los estados del interior necesitan aumentar considerablemente tanto su recaudación como su gasto primario.