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“¿Qué va a hacer con el decreto?”, preguntó un movilero tucumano. “La Argentina vuelve a la justicia y la memoria”, fue la respuesta del Presidente. El diálogo se produjo ayer a la tarde, mientras Néstor Kirchner se retiraba de la Casa de Tucumán tras encabezar el acto por el Día de la Independencia. Fue su más concreta definición pública sobre el decreto 1581/01 –que rechaza los pedidos de extradición basándose en el principio de la territorialidad– y bastó para dejar claro lo que ya descuenta todo el Gobierno: que la derogación de esa normativa es un hecho, aunque resta saber cuándo pondrá la firma el jefe de Estado. En esa búsqueda de la “circunstancia apropiada”, el Gobierno puede esperar unos días antes de derogar la norma. Así, piensan cerca de Kirchner, se evitaría que la resolución parezca motivada por el nuevo pedido de captura del juez Baltasar Garzón, que se conoció anteayer.
“Al Presidente no le gusta que le manejen los tiempos. No quiere ir a España con el tema resuelto porque se transformaría no en una decisión presidencial, sino en un mandato de la Justicia española”, aseguró un ministro en diálogo con Página/12. Con ese argumento, el funcionario reveló el malestar que causó en el Gobierno la oportunidad elegida por Garzón para difundir su tercer pedido de extradición de 46 represores argentinos. La petición del juez español se conoció el martes, apenas dos días antes del viaje de Kirchner a Europa. Esa gira incluye una escala en Madrid. En el entorno del Presidente atribuían esa coincidencia al interés de los abogados de la Acusación Popular y del propio Garzón por aprovechar la visita del jefe de Estado para “apurar las cosas”.
Las suspicacias por el apuro de Garzón, sin embargo, no cambian en nada la decisión de derogar el decreto 1581/01 que impide la extradición de represores de la última dictadura. En ese tema, como se dijo, la resolución ya está tomada, y ni siquiera se descarta por completo que el presidente pueda concretarla hoy. “Vamos a derogarlo”, confirmó ayer un ministro muy cercano a Kirchner que viajó a Tucumán. Otro miembro del gabinete recordó que el artículo 109 de la Constitución dice textualmente que “en ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. El decreto en cuestión otorgó al Ejecutivo la facultad de rechazar “in limine” los pedidos de extradición.
En el Gobierno aseguran que esa potestad viola la letra de la Constitución. “Hay que dejar que actúe la Justicia”, repiten desde hace semanas. El propio Kirchner insistió con ese mensaje cuando dijo que en el país volverán “la justicia y la memoria”. Así, todas las expresiones que partían del Gobierno coincidían en la necesidad de derogar el decreto. Pero también admitían que esa decisión acentuaría las fricciones con sectores de las Fuerzas Armadas. “La decisión de Kirchner es del máximo nivel e importancia. No es igual a la intervención del PAMI”, reconoció un ministro.
Conscientes de la trascendencia del tema, los ministros que intervienen en la materia –Rafael Bielsa (Cancillería), José Pampuro (Defensa), Carlos Zanini (Secretaría Legal y Técnica) y Gustavo Beliz (Justicia)– se han manejado con mucha prudencia. Uno de ellos contó a Página/12 que hasta hace unos días circulaban tres “variantes” distintas para derogar el decreto 1581/01 y que el Presidente debía optar por una de ellas. Desde Cancillería, en tanto, dijeron que su trabajo ya había terminado y que todo estaba en manos de la Secretaría Legal y Técnica y, luego, del propio Kirchner. Consultado por este diario, uno de los ministros a cargo no quiso dar precisiones ni responder si el proyecto estaba en su despacho y en qué estado se encontraba.
De cualquier forma, las líneas principales del decreto que verá la luz en las próximas semanas ya están casi definidas. Además de derogar el decreto anterior firmado por De la Rúa el 5 de diciembre y publicado en el Boletín Oficial el 17 dediciembre de 2001, la nueva norma instará al Congreso a modificar la ley 24.767, conocida como la “Ley de cooperación internacional en Derecho Penal”. Los cambios tienen una sencilla explicación. Si los pedidos de extradición llegaran a la Justicia, habría un largo debate judicial en cada caso, con un recorrido que podría terminar en la Corte Suprema.
La ley 24.767 establece que los acusados de delitos de lesa humanidad cuya extradición es solicitada por otros países no pueden ser excarcelados, salvo que exista un tratado bilateral de extradición con el país solicitante –como España– y que ese tratado permita que el proceso avance sin que los acusados estén presos. Eso provocaría que muchos acusados queden presos hasta que termine el proceso. Sin embargo, en los últimos años varios jueces consideraron inconstitucional la ley que impide las excarcelaciones, lo que relativizaría ese argumento. De todos modos, el Gobierno quiere cambiar la ley para zanjar esta cuestión.
“Hay que flexibilizar las normas para que no los encanen apenas llega la extradición. Además, la ley viola la igualdad jurídica porque dos personas en iguales circustancias pueden ser tratadas de maneras diferentes”, analizó un ministro en diálogo con este diario. Por todo esto, el Ejecutivo pretende imponer los si- guientes cambios, tanto en el decreto como en la ley a través de la acción legislativa:
- Impedir que el Poder Ejecutivo tenga la decisión final de conceder las extradiciones y reservar esta función para “casos excepcionales”.
- Garantizar la “igualdad ante la ley” estableciendo un criterio común para que los acusados puedan gozar del beneficio de la excarcelación hasta que la Justicia argentina se expida y decida extraditar, o no, al acusado.
Con estos cambios, el Gobierno espera evitar que la derogación del decreto 1581/01 y la acción de la Justicia generen una catarata imparable de detenciones y extradiciones. También recuerdan que algunos principios –la aplicación de la pena más benigna o la prohibición de juzgar dos veces el mismo delito– favorecerían a algunos acusados y reducirían la cifra de efectivos posibles de ser extraditados.
Pero esos cambios no conforman ni a los militares ni a un sector minoritario del Gobierno, que no quiere saber nada con las extradiciones. Para ellos “el mal menor”, que antes siempre se negaron a aceptar, sería que la Corte Suprema o el Congreso anularan las leyes de impunidad de Obediencia Debida y Punto Final. Si esto sucediera, los militares acusados serían juzgados en el país y las extradiciones no tendrían más sentido. Nada mal para ser militares.