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Lo que hasta hace sólo un par de meses era para los militares una pesadilla se convirtió ahora en un escenario deseable. La anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final podría transformar una estancia larga en una cárcel de Madrid en una prisión domiciliaria o una cómoda habitación en un cuartel militar de la Argentina. Pero la conveniencia de los represores no es lo importante. La condena efectiva y definitiva en el país de quienes cometieron crímenes contra la humanidad podría servir para refundar el concepto de justicia en el país.
El juicio abierto en España en 1996 (y la detención, dos años después, del dictador Augusto Pinochet) dejó en evidencia que las democracias del Cono Sur se habían inclinado por dejar impunes a sus criminales y, a la vez, permitió que cobraran impulso nuevos juicios en el país, como el del plan sistemático por robo de bebés o los basados en el derecho a la verdad, donde se ventilan los delitos pero no se puede encerrar a los responsables.
Los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa sumaron a la imposibilidad de hacer justicia en Argentina la obstaculización para concretarla en el exterior. El presidente Néstor Kirchner, en cambio, da a entender que no va a trabar los pedidos de extradición enviados por Baltasar Garzón. Ante ese panorama, muchos (funcionarios de los tres poderes del Estado, miembros de organismos de derechos humanos) piensan que sería una oportunidad para que Argentina se decida a juzgar a los represores. No se trataría sólo de la comodidad de los militares, implicaría casi un acto de reafirmación soberana. En otras palabras, de no hacer el ridículo.
Este hecho no encontraría reproches por parte de quienes impulsan el juicio en Madrid o en otros lugares del mundo. De hecho, el proceso español se inició exclusivamente por la imposibilidad de hacerlo aquí.
Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final sufrieron varios embates significativos. A petición del Centro de Estudios Legales y Sociales fueron anuladas en marzo de 2001 por el juez Gabriel Cavallo en una causa iniciada por las Abuelas de Plaza de Mayo. La medida fue ratificada por la Cámara Federal y acompañada por los jueces federales Claudio Bonadío, Carlos Skidelsky (Chaco), Miguel Antonio Medina (Salta) y Reynaldo Rodríguez (Santa Fe). Además de fiscales como Félix Crous en La Plata y el del procurador de la Nación, Nicolás Becerra. Pero todos estos procesos dependen finalmente de la decisión que tome la Corte Suprema en relación a la validez o no de las leyes. Es decir que la posibilidad de impunidad de cabotaje sigue latente y con ella, la vigencia de los juicios en el exterior. Mientras este panorama siga sin modificarse pero sí se derogue el decreto 1581/01, con el que rechazan sin analizar los pedidos de extradiciones, éste será el camino de los papeles que envió Garzón.
- El pedido de detención debería llegar directamente a la justicia federal a través de Interpol. Un magistrado resolvería si detiene o no a los acusados.
- El Gobierno espera que no haya arrestos masivos y por eso impulsa la modificación en el Congreso de la ley de Cooperación Internacional en Materia Penal. Esa norma establece que quienes esperan una extradición no pueden ser excarcelados mientras dura el juicio. Pero en el caso de España el acuerdo entre ese país y Argentina establece la posibilidad de que los jueces decidan si los acusados son dejados en libertad o no antes de subirse al avión. Por otro lado la imposibilidad de excarcelación fue impugnada por distintas cámaras federales y la Corte Suprema. De todas formas la reforma de la ley podría servir como mensaje.
- El juez tendría que abrir el expediente y notificar a Garzón. Debería decirle si decidió detener o excarcelar a los acusados. El magistrado español tendrá, a partir de ese momento, un plazo para enviar la solicitud formal de extradición.
- Si la Justicia –y podría llegar a la Corte Suprema– no hace lugar a las extradiciones, el proceso se termina. Si hace lugar, interviene el Poder Ejecutivo, que debe finalmente determinar si el acusado viaja o no. Cuando fue detenido Pinochet, la Justicia inglesa concedió la extradición pero el gobierno la trabó. Cuando Garzón pidió las detenciones de 48 militares a fines de 1999 el entonces juez Gustavo Literas le solicitó –aunque no era necesario– que reiterara el reclamo por vía diplomática. Esos papeles quedaron encallados en la Cancillería.
- El juez o el Gobierno no concederán la extradición de aquellos que están siendo juzgados en el país. Los dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, que están presos por robo de bebés, están en esta situación. Tampoco se hará lugar a los pedidos sobre Jorge Acosta o Juan Carlos Rolón, que están bajo arresto en la causa en la que se investiga la desaparición de Conrado Gómez. Pero si la Corte no ratifica la anulación de las leyes, Garzón debería insistir con sus pedidos de extradición. Lo que se debería impedir es que los militares intenten abrirse causas para quedarse en el país y luego ser liberados por la Corte. Es lo que quiso hacer el marino Ricardo Cavallo cuando fue detenido en México.
- Todos estos trámites carecerían de sentido si en Argentina se juzgara sin condicionamientos a los militares que violaron los derechos humanos durante la última dictadura. “Lo que Garzón va a provocar es que los terminen juzgando acá”, coinciden varios funcionarios y miembros de organismos de derechos humanos.