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La Sala II de la Cámara Federal ordenó al juez Norberto Oyarbide continuar la investigación sobre la responsabilidad que puede haberle cabido a Pedro Pou en el proceso de traspaso de los activos y pasivos del Banco Patricios al Banco Mayo. El magistrado había dispuesto el sobreseimiento del ex titular del Banco Central, desvinculándolo de la causa, pero el tribunal de alzada, que integran los jueces Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi, entendió que “no se puede alcanzar el grado de convencimiento requerido para una resolución de carácter definitivo”.
La denuncia, en su momento elevada por los diputados socialistas Héctor Polino y Alfredo Bravo –este último ya fallecido–, le imputaba a Pou el cargo de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, al entender que Pou estaba en conocimiento de la delicada situación del Patricios antes de aprobar su transferencia parcial. Con el mismo cargo, en diciembre pasado la misma sala confirmó el procesamiento del ex superintendente de Entidades Financieras, Miguel Angel Ortiz, y ordenó a Oyarbide a cumplir las etapas procesales para su elevación final a juicio oral.
Al resolver mantener a Pou vinculado con la investigación, los tres jueces de cámara manifestaron que el Banco Central “retardó actos propios de sus funciones” al no adoptar “en tiempo oportuno” medidas para “salvaguardar el sistema bancario y el patrimonio de los ahorristas”, en referencia a los depositantes en el Patricios y en el Banco Mayo. Según los magistrados, las autoridades del BCRA debieron efectuar “mayores controles y restricciones al Patricios”, entidad que debió ser “suspendida preventivamente en razón de la situación anómala que venía registrando desde 1995”. También se reprocha a los responsables de la autoridad monetaria haber aprobado la transferencia parcial de activos y pasivos del Patricios al Mayo, en lo que calificaron como una “decisión arbitraria”.
En julio del 2000, la misma cámara, pero integrada entonces por Vigliani y Luisa Riva Aramayo, desprocesaba a Pou y cargaba toda la responsabilidad sobre Miguel Angel Ortiz. Partía para ello del supuesto de que Ortiz, subordinado de Pou, “sí sabía” de la situación del banco, pero no se lo había informado a su superior. Sin embargo, Pou premió al “empleado desleal” nombrándolo su asesor en el BCRA cuando quedó desplazado como superintendente. La estrecha vinculación entre ambos es lo que ahora busca investigar la cámara a través de la instrucción dada al juez Oyarbide.
Ya en el año 1999, un crítico informe de 35 páginas del síndico del Patricios dejaba mal paradas a las autoridades del Banco Central, al revelar que éste permitió que la entidad emitiera obligaciones negociables (papeles de deuda) por 43 millones de pesos durante 1997, cuando la misma solicitud había sido denegada por la Comisión Nacional de Valores meses antes.