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El titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, admitió que el organismo debería investigar las presuntas irregularidades cometidas en la asignación de créditos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo entre 1998 y el 2001. La reacción se produjo luego de que el ministro del Interior, Aníbal Fernández, denunciara a los responsables de la Unidad Ejecutora Central de esa cartera por el manejo irregular de tres programas de asistencia por un monto total de 700 millones de dólares.
Según había admitido Fernández, el Estado debió abonar más de 27 millones de dólares por gastos de gestión e intereses por créditos que en su mayor parte no utilizó. Además, se presume que los 22 millones efectivamente utilizados se habrían destinado a contratos de consultoría sobre los que se sospecha que podrían haber habido irregularidades en su otorgamiento. Como consecuencia de estos hechos, 11 personas de la mencionada Unidad Ejecutora fueron separadas de su cargo.
Despouy respondió ayer, ante una consulta periodística, que la Auditoría podría intervenir en la investigación de los hechos denunciados. “En muchas oportunidades, estos proyectos financiados por el Banco Mundial y el BID son auditados por la Auditoría General de la Nación”, y que en esta oportunidad también cabe la posibilidad de “hacer un examen del conjunto de los préstamos, o de algunos o varios proyectos en los que ha habido una ejecución, una subejecución o ejecución incorrecta”.
Despouy agregó que “nosotros hemos comprobado que, efectivamente, en muchas oportunidades hay proyectos que han tenido un volumen de financiamiento acordado que, después, no se ha ejecutado; y que esto ha significado el pago de intereses y punitorios”.