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El Gobierno dispuso que los productores de soja, trigo o algodón deberán comunicar a la Secretaría de Agricultura “las cantidades por variedad de semillas utilizadas en la siembra”, así como la campaña a que corresponden los implantes. El argumento para la medida que beneficia a los productores de semillas es que se trata de un intento por fiscalizar tanto la procedencia de los granos como su comercio ilegal.
La nueva normativa oficial precisa que los agricultores deberán acreditar el origen de las semillas sembradas con la documentación correspondiente, entre la que menciona facturas y remitos, además de otros comprobantes. El objetivo es establecer con claridad los datos de adquisición y el origen de las semillas que se utilicen para las siembras señaladas. Los productores que no brinden esta información serán “pasibles de sanciones”. Según explicaron en Agricultura, se trata de un nuevo paso en la lucha contra el comercio ilegal de granos motivada en la proliferación de las semillas conocidas como de “bolsa blanca”, esto es, sin marca o presuntamente ilegales.
La resolución precisa que la medida se adoptó debido a que la demanda en plaza de semillas fiscalizadas de esos tres productos sólo cubre alrededor del 25 por ciento de la superficie total sembrada. Subraya que el resto de las semillas que se utilizan están depositadas en los campos, “sea como uso propio o como grano ilegal”. Como dato nuevo, se destaca que entre “el 75 y el 80 por ciento” de la semilla no fiscalizada “ya no se encuentra como bolsa blanca o ilegal, sino que está depositada en los campos confundida con el uso propio real” del producto.
Detrás de esta problemática se oculta una lucha de intereses más poderosa que involucra las regalías que pretenden las empresas semilleras, el uso legítimo que realizan los productores de parte de su cosecha para utilizar como semilla de la campaña siguiente y el efectivo comercio ilegal que interfiere con el oligopolio de las multinacionales productoras de semillas. Lo cierto es que las “bolsas blancas” que los productores conservan en sus campos no siempre provienen del “comercio ilegal”.
Uno de los efectos menos atractivos de las semillas “tecnológicas” es el ingreso de un nuevo actor al reparto de la renta agraria, precisamente los productores de semillas. El problema es que la pretensión de las empresas semilleras va más allá de la primera venta para extenderse hasta cada siembra. Esto significa para el agricultor la pérdida de su capacidad milenaria de disponer de su propia semilla y la apropiación de esta facultad por parte de las firmas tecnológicas. Este problema dio lugar a la discusión entre las regalías globales, el pago de una alícuota con la venta de la cosecha, como proponen las entidades que representan al agro, y las regalías extendidas, en función de cada siembra, como pretenden las multinacionales.
No obstante, la existencia de un oligopolio en la provisión de semillas también se tradujo en la aparición de un comercio paralelo, el de algunos productores que hicieron de la obtención de semillas el objetivo central de su cosecha. Según las estimaciones de la cartera agropecuaria, este comercio “ilegal” sería superior al legal. También la razón de la nueva normativa.